El Ayuntamiento de Madrid comienza a dar forma a la remunicipalización progresiva de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC). Para ello, el Consistorio pondrá en marcha un proceso por fases que, en un principio, concluirá en 2022 y con el que se pretenden crear unos 240 puestos para funcionarios. El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha presentado este lunes el nuevo contrato de apoyo a la gestión de la atención de la ciudadanía de Línea Madrid que se encargará, además, de las otras dos patas fundamentales de este servicio: la atención telefónica a través del 010 y la telemática, no incluidas en el procedimiento remunicipalizador.
Una vez incorporados a la gestión muncipal los servicios presenciales de las OAC, Soto ha asegurado que “el servicio lo van a prestar al cien por cien los funcionarios” puesto que la experiencia con el modelo actual ha resultado poco satisfactoria y “tiene alguna disfunción”. Para ello, se van a crear plazas de personal funcionario y en aras de intentar “que no se pierda ningún empleo” se accederá a ellas a través de un concurso de méritos que ,en principio, ya cumplirían los trabajadores de estas oficinas.
El Ejecutivo municipal no contempla absorber al personal de la empresa actual porque según detalla Soto: “El Estado no tiene el marco legal necesario para poder proceder a la subrogación de la plantilla”. Además, el edil justifica esta creación de puestos públicos tras comprobar la “falta de personal municipal atendiendo las ventanillas de las oficinas”. Este proceso, que culminará en 2022, se va a llevar a cabo en varias fases a lo largo de los próximos cuatro años.
El nuevo contrato de la gestión Línea Madrid es un “pliego con características únicas”. Soto ha detallado las líneas fundamentales que marcarán el nuevo funcionamiento de los servicios telefónicos y telemáticos de atención a la ciudadanía. En la actualidad, la plataforma 010 es incapaz de “abarcar” las numerosas llamadas de los madrileños y por otro lado, el canal telemático -en el que se incluye la atención a través de las redes sociales- está viviendo un aumento de usuarios que prefieren consultar sus dudas o hacer pequeños trámites a través de las redes. Con este planteamiento el Gobierno de Ahora Madrid ya ha aprobado la licitación de un nuevo convenio para la administración de estas dos vías fundamentales. El nuevo documento establecerá unas condiciones de obligado cumplimiento para la futura empresa adjudicataria entre las que están previstas la ampliación de la plantilla para cubrir la demanda de los servicios telemáticos. Estos nuevos trabajadores deberán tener especial consideración en atender a los ciudadanos a través de redes sociales o Twitter.
Sin embargo, Soto ha dejado claro que la empresa que acceda a gestionar estos servicios deberá, a su vez, ser capaz de absorber la demanda incipiente de solicitudes que registran desde el Consistorio. De hecho, en caso de que los servicios prestados no sean satisfactorios el Ejecutivo municipal procedería a “la aplicación de penalizaciones y sanciones fuertes” según ha informado el delegado. Estas sanciones también están previstas en caso de que la futura adjudicataria quebrante otro de los aspectos básicos del nuevo contrato: las clausulas sociales.
A través de estas últimas, Soto asegura que la empresa deberá cumplir con criterios básicos como la estabilidad del empleo y el mantenimiento de la plantilla. El fin último es que se produzca un aumento salarial del 3 por ciento y convertir los contratos temporales en indefinidos. “Hemos conseguido incluir en los pliegos del contrato soluciones concretas” ha informado el titular del área, que también ha matizado que las empresas que quieran presentarse "tendrán que rebajar el beneficio industrial para mejorar las competencias sociales". Aunque aún no hay datos concretos, las estimaciones iniciales sugieren que la Administración local podría desembolsar en este nuevo convenio unos 60 millones de euros.
Pioneros en España
El Ayuntamiento será la primera administración española en incluir un “pacto de integridad” en este documento, integrado por el Consistorio, la empresa y la sociedad civil. A través de este mecanismo “se establecen unas obligaciones de transparencia y sus correspondientes vías para verificarlas” ha explicado el delegado, que también ha precisado que Transparencia Internacional será el organismo encargado de monitorizar estos asuntos. “Es un piloto que se implanta en este contrato y que, según los resultados, podrá extenderse a otros futuros” ha concluido el edil.
Si (
No(
