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Formación a golpe de decretazo

lunes 10 de julio de 2017, 10:49h

Hace más de dos años el gobierno del PP aprobaba un Real Decreto para reformar el sistema de Formación para el Empleo. Eran tiempos de mayorías absolutas. Podían hacer cuanto quisieran en un parlamento amordazado. No era la primera vez que se reformaba el sistema de Formación para el Empleo, pero por primera vez procedían a poner en marcha una regulación de la Formación para el Empleo sin que existiera un acuerdo previo de empresarios y sindicatos acompañado de un acuerdo posterior de los agentes sociales con el Gobierno, para poner en marcha las reformas necesarias.

Luego, no les fue difícil pasar el rodillo y transformar el Real Decreto en Ley. Quedó dicho que eran tiempos de mayorías absolutas. Procuraron, no obstante, sumar apoyos de otros grupos parlamentarios, propiciando algunos cambios que corregían la intentona de dejar el sistema a merced de las grandes empresas y de los grandes proveedores de formación.

Pasados dos años de aquella operación nos encontramos que la ley no tiene aún reglamentos de aplicación y que la primera convocatoria de subvenciones para la formación, realizada al amparo de de dicha normativa, lleva un año sin resolverse. Entre otras cosas por las notorias irregularidades provocadas al concentrarse las ayudas en unos pocos y grandes proveedores de formación, disminuyendo el número de solicitudes y dejando sectores enteros sin formación. Una convocatoria que, una vez resuelta, será de muy difícil ejecución y dará lugar a nuevos despropósitos en la gestión.

Porque el problema no eran los empresarios, ni los sindicatos, como impartidores de formación, sino un sistema incapaz de dar respuesta a las necesidades reales de formación en las empresas y al derecho de formación profesional permanente de los trabajadores y trabajadoras.

Por más que el Gobierno y sus medios de comunicación hayan dedicado tanto esfuerzo y empeño en señalar a los agentes sociales como causantes de problemas de corrupción en la formación, la realidad es que los tribunales van demostrando que los verdaderos causantes son desaprensivos bien relacionados y excelentemente recibidos en los despachos del poder. Véase como ejemplo al inefable Aneri en Madrid y su investigada y presunta magnífica relación con tramas empresariales y mafias organizadas.

Después de dos años, el gobierno ha convocado dos reuniones con empresarios y sindicatos para hablar del sistema de formación para el empleo. Una en abril, para declarar sus intenciones de negociar y otra en junio para entregar un borrador de Real Decreto. Con ello, el Ministerio da por cumplida su obligación de consultar y dar participación a los agentes sociales. A eso se reduce el concepto de Diálogo Social para nuestros gobernantes.

Es el propio Consejo de Estado el que recuerda al Gobierno que tanta Ley, reglamento y remisión a futuras órdenes y reglamentos, no hacen sino crear inseguridad jurídica, dejando en el aire los propios contenidos del proyecto. De hecho, a primera vista, el Real Decreto empeora notablemente los contenidos de la ley, dejando recortadas y limitadas las funciones de las Comisiones Paritarias de los sectores de la producción y los servicios, que deberían ser las protagonistas en el gobierno de las necesidades formativas de las empresas.

Al mismo tiempo, flexibiliza y desregula, dejando sin control, la formación programada por las grandes empresas. Un buen ejemplo es que los grupos de empresas pueden realizar formación sin informar a la totalidad de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ni tan siquiera a las Comisiones Paritarias, en el caso de empresas sin representación sindical. El derecho a la información, a la consulta y a la negociación de la formación en las empresas se convierte en papel mojado, en camino embarrado muy difícil de transitar.

Los organismos institucionales se convierten en comparsas del gobierno. La Fundación Estatal es convertida en “subcontrata” del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, dependiente del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, ve limitada su capacidad en el gobierno del Sistema.

Una de las propuestas esenciales de CCOO consistía en dar cabida en este sistema endogámico a los centros públicos de formación profesional, educación de adultos y universidades. Así conseguimos que el papel de los centros públicos se introdujera en la ley, durante su debate parlamentario, porque nadie entiende que estos centros estén excluidos de la formación para el empleo. Ahora, al mejor estilo Romanones (haz tú la ley, déjame a mí el decreto), la participación de los centros públicos queda a merced de un futuro, hipotético e improbable acuerdo entre los Ministerios de Educación y Empleo, que como bien sabemos mantienen posiciones irreconciliables en temas tan recurrentes en estos momentos como la Formación Dual.

Este Real Decreto no garantiza una oferta formativa adecuada a las necesidades de los sectores, ni su calidad. No apoya a quienes más necesitan la cualificación: quienes trabajan en las PYMEs. No piensa en los trabajadores y trabajadoras de baja cualificación y mayores dificultades para encontrar empleo. No coordina ofertas formativas de las diferentes administraciones, ni establece mecanismos para asegurar la vinculación de esa oferta formativa con la negociación colectiva, ni con el Sistema Nacional de las Cualificaciones.

Si no hace nada de lo que tenía que hacer, ¿qué es lo que hace y para qué sirve entonces este nuevo decretazo? En primer lugar para crear un mercado de cursos de formación protagonizado por grandes proveedores privados bien relacionados y clientelares del poder de turno (la convocatoria 2016 de formación lleva camino de demostrar estas intenciones).

En segundo lugar, para servir los intereses de las grandes empresas, mejorando la financiación de sus acciones formativa. Fácil, flexible, desregulada. Mientras tanto la formación de la pequeña empresa queda a merced de los piratas de la formación que ofrecen cursos baratos y frecuentemente inútiles, pero que permiten obtener los beneficios de la bonificación de los gastos de formación.

Los trabajadores y trabajadoras no serán ni tan siquiera informados, mucho menos consultados y no contarán con capacidad de negociar la formación que necesitan. El derecho individual a la formación queda limitado a la mínima expresión y el diálogo social ninguneado. Las decisiones sobre la formación serán tomadas sin intervención ni participación de los llamados interlocutores sociales. Para eso sirve este decretazo.

Tienen, además, mucha prisa por sacar la convocatoria de subvenciones de formación para el empleo 2017, sin haber resuelto aún la de 2016. No quieren testigos incómodos. Tal vez por eso obvian la participación de los agentes sociales. Ellos, como gobierno, recaudan, ellos gobiernan las concesiones, ellos reparten, ellos se quedan con parte de la cuota de formación, aún a costa de incumplir sistemáticamente, sentencias de los Tribunales, desde el Constitucional al de Cuentas, pasando por las resoluciones de la Defensora del Pueblo.

Existe un amplio consenso político y social en torno al hecho de que la formación para el empleo es un pozo de sinsentidos cada día más inexplicable. Cada vez somos más quienes reclamamos una Formación para el Empleo regulada en torno a la negociación colectiva y la participación real de empresarios y sindicatos en el gobierno de la misma.

Existe un amplio consenso en reclamar que las Estructuras Paritarias organizadas por sectores sean quienes analizan, prospectan, detectan necesidades, planifican, programan y evalúan la formación en las empresas y en sus sectores.

Son ya unánimes las voces que reclaman que el dinero recaudado para formación se emplee en formación, de forma transparente, eficiente, estable y equitativa, reanualizando todos los fondos que no se gastan cada año, bien porque no se ejecutan, o bien porque son devueltos. Fondos remanentes y fondos recuperados por diferentes causas.

Muchos somos quienes pensamos que el sistema de Formación para el Empleo no puede seguir existiendo al margen del sistema educativo de formación profesional. Que es un derroche y una ineficiencia seguir tolerando que Empleo y Educación no actúen de forma coordinada y articulada en la Formación de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

El Gobierno puede seguir tunelando cada vez más profundo en el error. Puede optar por el famoso “mantenella y no enmendalla”. Pero esa actitud intolerable sólo contribuirá a empeorar las cosas. Perder el tiempo en la corrección de los males de la formación en nuestro país es perder el tren del futuro y es un lujo que, a todas luces, no podemos permitirnos. Pero no estoy seguro de que este Gobierno quiera, sepa y pueda actuar de otra manera. El nuevo decretazo augura lo peor.

Javier López

Patrono de las Fundaciones Abogados de Atocha y de la Sindical Ateneo 1º de Mayo

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