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Médicos y sanitarios atendiendo a un enfermo. (Archivo)
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Médicos y sanitarios atendiendo a un enfermo. (Archivo) (Foto: Juan Luis Jaen)

Madrid ya tiene una ley que defiende la 'muerte digna'

Por Patricia Velasco
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pvelascomadridiarioes/8/8/20
jueves 02 de marzo de 2017, 15:35h
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una Ley, presentada por el PSOE, de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de vida.

El autor de la iniciativa, el socialista José Manuel Freire, ha dicho que esta ley contiene "novedades importantes para pacientes, profesionales y para el sistema sanitario en materia de derechos a cuidados paliativos de calidad para todos, ya sea en el propio domicilio o en habitación individual en un hospital". Además, ha asegurado que en "cuando no se pueda decidir" en caso de accidente o enfermedad, a partir de la aprobación de la ley se podrá solicitar en cualquier centro de salud las "voluntades anticipadas".

Freire ha manifestado que esta ley se evaluará todos los años y ha destacado que "a partir de ahora la sanidad nos tratará –en esos momentos-con el mismo mimo que se trata a nuestros hijos cuando nacen". El diputado socialista ha criticado que la ley está muy bien pero necesita recursos para llevarla adelante y que "no sabe cómo ya que el proyecto del presupuesto de 2017 cuenta con 400 millones menos para Sanidad".

En la citada ley se expone que "el sufrimiento y la muerte, como parte del proceso natural de la vida, son una realidad que precisa una correcta asistencia sanitaria de la que han de formar parte los cuidados paliativos y la atención durante el proceso de morir".

Asimismo, se considera que los cuidados paliativos y una atención integral en el proceso de morir deben incluirse dentro del ámbito de la autonomía del paciente, en la que es preciso avanzar a través de una mejor protección del derecho a recibir una adecuada atención sanitaria que alivie, en lo posible, su sufrimiento y el de sus personas más allegadas, además de regular los deberes de los profesionales y de las instituciones sanitarias y procurar seguridad jurídica mediante la prescripción de directrices claras y exclusión de responsabilidad derivada de asumir las decisiones del paciente en el proceso de morir.

Esta ley regula los derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, que comprende las situaciones terminal y de agonía, cuyas definiciones favorecen la seguridad jurídica al obviar dudas sobre su interpretación. También se contempla el rechazo al uso inadecuado de medidas de soporte vital, la limitación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos integrales y se especifica que todo ello, en el marco del respeto a la libertad de la persona y a los derechos de los pacientes, que incluye también el rechazo de tratamientos, sedación paliativa y medidas de soporte vital.

Según el citado texto, el ejercicio de esta libertad personal solo puede realizarse previo suministro de la información adecuada, leal, comprensible y continuada en todas las fases de la enfermedad para el otorgamiento de un consentimiento válido por parte del paciente o de sus representantes.

Entre los objetivos de la presente ley se encuentran los de dar difusión al derecho de los pacientes a suscribir el documento de instrucciones previas, incorporar al mismo los valores vitales del paciente y dar a los profesionales sanitarios acceso y consulta a dicho documento a través del Registro de Instrucciones Previas.

En el primer título de la citada ley se regula el objeto y fines de la misma, su ámbito de aplicación, los principios informadores de la misma y las definiciones de los conceptos esenciales en aras a la seguridad jurídica. En otro título se regulan los derechos de las personas en el proceso de morir, contemplando también estos derechos para los pacientes en situación de incapacidad, que se ejercerán mediante representación de acuerdo a un orden de prelación rigurosamente detallado en caso de que no exista resolución judicial y conforme a lo que esta dispusiere en caso de existencia. Otro de los derechos regulado es el de recibir cuidados paliativos integrales, que incluyen el tratamiento del dolor y la sedación paliativa, y a elegir recibirlos en el propio domicilio. También se recogen los deberes de los profesionales que atienden a los pacientes en su proceso de morir, entre ellos, el de suministro de información clínica, en la toma de decisiones y respecto a la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, a garantizar el derecho a formular instrucciones previas y a respetarlas y deberes en relación con las personas que se encuentren en situación de incapacidad de hecho.

También se contemplan las garantías que deberán proveer las instituciones sanitarias para el respeto de los derechos de los pacientes que incluyen facilitar el acompañamiento de los mismos, el asesoramiento en materia de cuidados paliativos, la estancia en habituación individual en función de las necesidades asistenciales y el derecho a poder consultar a los Comités de Ética Asistencial.

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