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Carlos Izquierdo, consejero de políticas Sociales y Familia
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Carlos Izquierdo, consejero de políticas Sociales y Familia (Foto: Carlota Cascón )

Carlos Izquierdo: "Somos el Gobierno más comprometido con lo social"

martes 27 de octubre de 2015, 07:48h

Carlos Izquierdo (Madrid, 1968) comenzó su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Madrid, hace dieciséis años, y pasó por las juntas de diferentes distritos, hasta el año 2011. En 2012 fue nombrado viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, consejería de la que actualmente, desde la formación del nuevo gobierno de la región, es titular.

Hace poco se cumplían los primeros cien días del Gobierno regional. ¿Cuál es su valoración del trabajo de la Consejería en esta primera etapa?

No puede ser más positiva. Hemos hecho una reestructuración completa de la Consejería para adaptarla a las nuevas realidades, afrontar nuevos retos y afrontar también los problemas más importantes que tienen los madrileños. Hemos creado direcciones específicas, como la de familia y el menor, para adecuar la protección del menor a la nueva ley, o de atención a las personas con discapacidad para perseguir la accesibilidad universal. Hasta ahora nunca había existido una Dirección General de Discapacidad y eso demuestra la voluntad de Cristina Cifuentes y este gobierno para apostar por un colectivo en el que nos vamos a implicar al máximo. También contamos con una dirección conjunta para tratar todo lo que tenga que ver con los mayores y la dependencia. Ninguna comunidad de España los atendía, y nosotros ya estamos incorporando a los del grado uno: estamos atendiendo ya a 6.500 personas.

Decía Cristina Cifuentes que en esos cien primeros días su gobierno ha hecho más políticas sociales que cualquier otro de izquierdas. ¿Está de acuerdo con ella?

Por supuesto, completamente de acuerdo. El gobierno más comprometido con lo social en estos momentos es el de la Comunidad de Madrid, con el PP. Lo hemos demostrado con muchos hechos, con muchos programas que estamos empezando a realizar, con nuevas estrategias, y eso es algo incuestionable. Nuestro objetivo es doble: por un lado trabajar por aquellas personas que están desempleadas; de hecho, ya se está realizando un plan de empleo, y por otro lado con todas aquellas personas que peor lo están pasando y están siendo atendidas por la Consejería por expreso deseo de la presidenta. Hemos definido una gran estrategia madrileña de inclusión social a través de una dirección general y estamos trabajando con las entidades más importantes implicadas en temas de inclusión y de pobreza. Además, hemos dado un salto cualitativo muy importante para trabajar en un asunto nuevo que requiere la atención de las administraciones: el tema de la trata.

En estos momentos, y tras la valoración que ha podido hacer como titular regional de asuntos sociales en estos meses, ¿cuáles son las necesidades básicas de la población madrileña en materia social?

Necesidades de todo tipo. Respecto a la mujer, en asuntos de igualdad, ha habido grandes avances que sitúan a Madrid como la Comunidad más igualitaria, porque tenemos la brecha salarial más baja y el mercado laboral más igualitario, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía no tenemos la igualdad plena, y por tanto hay que seguir trabajando en todos los temas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Queremos definir una estrategia específica para la trata de mujeres, uno de los grandes problemas que existe con la mujer y que la propia presidenta ya ha anunciado. Otro de los retos que nos pide la sociedad, de los problemas que detectan, es que existen bolsas de exclusión, que existen colectivos vulnerables. Estamos haciendo propuestas, estrategias, distintas acciones que nos permitirán mejorar la situación de cara al futuro.

Respecto a la Ley de Identidad de Género, esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley. ¿Por qué el Gobierno no tuvo en cuenta para aprobar el borrador de dicha ley las propuestas de otros partidos y asociaciones, tal y como han denunciado?

El proyecto de la tramitación de una ley compete al gobierno, y más si nosotros lo llevamos en el programa electoral. Nosotros llevábamos en el programa electoral hacer dos leyes: una que tenía que ver con la identidad de género, y que responde sobre todo al colectivo de transexuales, personas transgénero e intersexuales, y otra que tiene que ver con la no discriminación e igualdad de trato, para todo el colectivo LGTB. Desde el primer día nos pusimos a trabajar sobre ese compromiso. Además, en agosto tuvieron lugar una serie de agresiones LGTBfobicas y la presidenta ya dijo que el gobierno estaba trabajando en estas leyes. Sacamos un borrador de la ley, primero con los propios servicios nuestros, ya que somos la única comunidad autónoma que tiene una oficina específica para trabajar con todo el colectivo LGTB. Le dimos el borrador a los colectivos, para tener una base que entregar y que supiesen qué queríamos tratar. Además, se produjo una reunión con todos los colectivos LGTB para que nos dieran más aportaciones, demandas, e incorporar las que no estaban reflejadas en el borrador, y una vez que hemos tenido todo eso hecho hemos tramitado el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno. Posteriormente el proyecto de ley será remitido a la Asamblea. Es ahí donde los grupos políticos pueden hacer sus aportaciones, pero hemos ido más lejos y ese borrador que dimos a los colectivos se lo dimos también a los grupos políticos, porque lo que queremos es una única ley, consensuada y aprobada por todos. Jamás ha habido una ley tan participativa como esta, y esas denuncias que hacen otros grupos políticos no obedecen a la realidad.

Beatriz Gimeno, de Podemos, decía, en relación a ese borrador, que no es lícito robar al resto el protagonismo, el trabajo, los años de activismo… ¿Les están robando el trabajo al resto de partidos en lo que a esta ley se refiere? ¿Por qué existen estas denuncias si no “obedecen a la realidad”?

Bueno, es una propuesta que llevamos en el proyecto electoral. No robamos nada, cada uno en su programa lleva lo que quiere, nosotros llevábamos estas dos leyes, y en esto precisamente, igual que en el resto de las cosas, estamos trabajando desde el primer día, pero no con la intención de robar protagonismo, sino con la intención de cumplir uno de los compromisos electorales.

La presidenta declaraba este verano su deseo de que las oficinas judiciales de atención a víctimas atendieran también los delitos relacionados con la LGTBfobia, ¿En qué situación se encuentra ahora mismo ese asunto?

Hay que hacer primero modificaciones, la principal una ley que recoja la no discriminación e igualdad de trato. Esa ley va a recoger muchísimos aspectos: la no discriminación en el deporte, en las aulas de los colegios, en el trabajo, la no discriminación de los colectivos en materia sexual en definitiva. Entre las cosas que habrá que modificar es el observatorio que tenemos que lucha contra los crímenes de odio, contra la no discriminación, contra la xenofobia y el racismo, donde se incorporará una lucha mayor contra la LGTBfobia.

Respecto a la residencia Peñuelas, Podemos y los familiares de los residentes denunciaban la falta de personal, la existencia de una plaga de cucarachas o la mala situación de las instalaciones, entre otras cosas. Sin embargo, ustedes apuntan problemas únicamente administrativos… ¿Cuál es la razón de estas quejas? ¿De dónde nace el problema?

Son dos cuestiones distintas. Por un lado existe un problema administrativo, con la licencia que se tiene que tener por parte del Ayuntamiento de Madrid, y en eso es en lo que lleva trabajando mucho tiempo la Comunidad, para poderlo resolver. Por otro lado, hablamos de incidencias puntuales que tienen que ver con problemas menores y con la ola de calor que hemos tenido, con problemas de salubridad en el entorno de la residencia o con la retirada de frigoríficos dentro de las habitaciones. Son temas que constantemente se van debatiendo dentro de la propia residencia y que siempre se resuelven. Precisamente por eso queremos reforzar las quejas y sugerencias por parte de todos los usuarios de centros de la Comunidad, para detectar los problemas. En estos meses ya hemos aprobado un nuevo plan que tiene que ver con la calidad e inspección de todos los equipamientos sociales, que es el plan más avanzado de toda España. En nuestra Comunidad todos los centros son revisados una vez al año y queremos que tengan una doble inspección, dos veces al año, lo que nos va a permitir detectar más incidencias e irregularidades para poderlas corregir. Hemos conseguido la mejor red en calidad y en especialización de toda España de nuestros centros.

Algunos de los voluntarios que trabajan en la Cañada Real se quejan de que la situación sigue igual a pesar del paso de los años. ¿Cuál es el problema de la Cañada Real? ¿Se ha puesto en marcha algún plan de trabajo específico?

El problema de la Cañada es que llegó mucha población entre los años 50 y 60. En otros puntos de Madrid se establecieron unidades de vivienda de absorción para que la población dejara de vivir en infraviviendas y lo hiciera de manera más normalizada, pero la Cañada no tuvo esos planes, y siguió llegando población. El suelo estaba calificado como vía pecuaria, por lo tanto era de dominio público. Con la ley de 2011 el suelo pasó a ser patrimonial y puede tener cualquier otro uso normalizado. Esa ley establece que lo que se haga ahí sea por consenso con todas las administraciones y vecinos. Además, existe un acuerdo con todas las ONGs, administraciones y asociaciones de vecinos de la Cañada Real, con las que se han creado varias líneas de trabajo, una de ellas con la seguridad, que fue impulsado de manera muy importante por Cifuentes cuando ocupaba la Delegación del Gobierno. Jamás se hicieron tantas operaciones como en ese momento, hubo más control que nunca y permitió resolver muchos problemas vinculados al mundo de la droga. Hubo una segunda línea de actuación de temas sociales en sentido amplio. Ahora tenemos un plan de intervención social consensuado con todos los servicios municipales y asociaciones vecinales, y se está trabajando y tomando medidas. Por otro lado, la parte urbanística y de vivienda ya ha empezado a trabajar. Es un momento de cambio, vamos a incrementar el número de actuaciones y coordinar a todas las administraciones. En el Ayuntamiento de Madrid hay una administración nueva, en Rivas no, por lo tanto llevan diferentes ritmos y queremos actuar de forma coordinada. Con la nueva llegada de población, lo que queremos dejar claro es que las nuevas personas que lleguen no van a tener derecho a vivienda, el acceso a la vivienda lo tendrán todas esas personas que llevan allí un determinado número de años, como se ha adoptado en el acuerdo. Creo que las cosas están funcionando e irán funcionando mejor a medida que pase el tiempo.

FAMMA ha denunciado en reiteradas ocasiones las barreras con las que se encuentran las personas discapacitadas en la Comunidad de Madrid, y especialmente en Metro de Madrid… ¿Tienen algún proyecto para poner solución a este asunto, en colaboración con el área correspondiente?

FAMMA es una entidad reivindicativa y gracias a muchas de sus reivindicaciones se han adoptado muchas medidas. Una de las más importantes es el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas, y coincide con uno de los planteamientos que llevábamos en el programa que era la accesibilidad universal, no solo en barreras físicas, también en barreras tecnológicas, o con el lenguaje de signos. En el tema de barreras físicas, uno de los grandes avances que se vienen produciendo en los últimos años tiene que ver con el metro. Tenemos la red de transportes de metro más accesible del mundo, pero aún así, es cierto que hay estaciones que no lo tienen. La idea de Metro de Madrid es seguir adaptando distintas estaciones, para que el metro sea completamente accesible, y eso es lo que vamos a hacer en las distintas infraestructuras que tengamos, nosotros así se lo estamos sugiriendo a todas las consejerías. Además, me consta que todas las consejerías ya tienen en el ADN que las nuevas construcciones sean totalmente accesibles, pero aparte de eso estamos reformando parte de las existentes, aunque no es inmediato. Tiene un coste muy importante, pero va avanzando de forma permanente.

No dejamos de escuchar hablar sobre la elaboración de planes y proyectos contra la violencia de género, pero seguimos siendo testigos de casos de mujeres víctimas de ello. ¿Qué está fallando?

Principalmente que la mujer no denuncia. Hemos hecho varias campañas de sensibilización e insistimos en que la mujer denuncie y que lo ponga en conocimiento de la Comunidad y de nuestros servicios. Tenemos una muy buena red de recursos, con centros residenciales de acogida o de emergencia y centros de día para trabajar las necesidades de la mujer. Incluso hemos buscado la especialización para trabajar con cada colectivo, como mujeres magrebís, iberoamericanas, jóvenes, mujeres con carga familiar, mujeres con discapacidad (un colectivo que ha aumentado sus víctimas), tenemos los recursos adecuados. Hemos incrementado las vías de acceso: a través del 012, la web de la Comunidad, a través de los 52 puntos del observatorio de violencia de género que tenemos o a través de un servicio que hemos puesto en marcha de atención a la mujer amenazada, donde desplazamos un vehículo los 365 días del año las 24 horas del día, para actuar en cuanto la mujer denuncie. Una vez que llega a nuestra red podrá salir adelante. Necesitamos que no tengan miedo y se pongan en contacto con nosotros.

¿Esta red de recursos incluye a los menores afectados colateralmente?

Hemos sido la primera Comunidad de España en decir que la víctima no es solo la mujer, sino que es también el menor a cargo de la mujer y aquellos dependientes a su cargo. Hubo muchas quejas, colectivos que creían que solo era víctima la mujer. Afortunadamente se ha aprobado hace poco una ley a nivel nacional de violencia de género que recoge que también son víctimas los menores y dependientes. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, son víctimas colaterales, víctimas en definitiva. El interés del menor es lo que prevalece. Además, hemos empezado a trabajar en la creación de un Samur social que se encargue de los malos tratos a menores.

Ángel Gabilondo decía que sería difícil hacer políticas sociales con una deuda de 25.000 millones de euros… ¿Le está resultando difícil?

Bueno, ya sabemos que el Partido Socialista sería incapaz, pero nosotros estamos haciendo muy buena política social. Se están incrementando de manera muy importante todas las acciones que tienen que ver con lo social, tenemos un compromiso muy importante con las personas que peor lo están pasando, ese es el objetivo fundamental de este gobierno, los desempleados y los colectivos más vulnerables, y estamos poniendo en marcha muchas medidas que estamos viendo día a día.

En relación a los jóvenes, se habla de 'precariado' como nueva clase social, por la imposibilidad de emanciparse. Además, algunos sociólogos destacan la ausencia de canal de participación de los jóvenes en la sociedad, como una forma de exclusión social. ¿Qué están haciendo por los jóvenes?

Tenemos una serie de programas con jóvenes en exclusión social. Esos programas los estamos incrementando de forma muy importante, además de desarrollarlos en los barrios más desfavorecidos y con entidades especialistas en trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión. Creo que la mejora en el empleo y en la educación va a ayudar de manera muy importante a que el número se reduzca. En cualquier caso, uno de nuestros objetivos es trabajar con ellos. Dentro de la estrategia que estamos preparando en estos momentos de inclusión social se contempla, pero no creo que vaya a aumentar en los próximos años de manera importante, al revés, se irá reduciendo.

¿Se utilizan las políticas sociales para hacer populismo?

En nuestro caso no. Nosotros utilizamos las políticas sociales para ayudar a los que más lo necesitan, única y exclusivamente. Cada uno que responda por lo suyo.

¿Se podría destinar más a políticas sociales con una bajada en el sueldo de los políticos, o esta afirmación es populista?

Eso es populismo. El sueldo de los políticos supone un porcentaje tan insignificante dentro de la Comunidad de Madrid que, aun quitando todo el sueldo y dedicándolo a política social, no se notaría absolutamente nada. De un presupuesto de 17.000 millones de euros estamos destinando unos 1.350 millones de euros, supone que somos la tercera consejería en gasto, después de la Consejería de Sanidad, que se lleva el 45 por ciento, y la de educación. Para dependientes destinamos 1 de cada 17 euros del presupuesto. En Madrid se destina el 90 por ciento del presupuesto a lo social en sentido amplio. Siempre se puede destinar más: es nuestro objetivo siempre que haya necesidades.

Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura y Cantabria reclaman más financiación del gobierno para políticas sociales, especialmente para dependencia. ¿Ha destinado el Gobierno español suficiente dinero para ello?

Creo que el Gobierno español no lo ha podido hacer mejor. España estaba en una situación de quiebra total, y el Gobierno aguantó esa situación y nos ha sacado de la crisis. En este momento se está creando más empleo que en cualquier otro país de Europa, cuando antes aquí había más destrucción que en el resto. El reciente informe del FMI dice que España va a ser la economía que más crezca de todos los países occidentales y eso, en definitiva, hace que dediquemos menos a pensiones, desempleo, y que haya más personas que aporten a la caja común de todos. Al final lo que la gente quiere es trabajar, no recibir una prestación. De todas formas el Gobierno, en todos estos años de esta crisis tremenda, ha recortado el gasto en otras partidas, pero en lo que tiene que ver con las partidas sociales y el trabajo con los colectivos más vulnerables no. En definitiva, el Gobierno está haciendo muy bien las cosas, y otros partidos políticos lo que han hecho es populismo precisamente con un tema con el que nunca se debe hacer.

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