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ENTREVISTA

Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Madrid
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Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Madrid (Foto: Kike Rincón)

Soto: "Nadie del equipo de Gobierno ha mentido en estos cien días"

miércoles 23 de septiembre de 2015, 07:41h
Pablo Soto (Madrid, 1979) es programador informático y concejal del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid. En su despacho y rodeado por sus colaboradores, explicó a Madridiario cuál es el proyecto con el que pretende poner a la capital en la vanguardia de las políticas mundiales de gobierno accesible a la ciudadanía.
Ha manifestado que el Ayuntamiento apenas tenía experiencias previas en políticas de participación ciudadana. Pero Madrid ha tenido, en época popular, concejales ex profeso y han hecho, al menos, una campaña por correo de participación en los distritos ¿Estas iniciativas han sido inútiles y por eso no las cuenta?
No eran reales. Responden a una manera de entender la participación ciudadana, sencillamente, como cualquier cosa que haga la ciudadanía. Es verdad que la palabra no ayuda porque es muy genérica. Entendemos que la participación debe responder al sentir mayoritario de la sociedad civil, como la capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones porque si no, cualquier cosa que haga la ciudadanía significa participar. Si presentas la media maratón, ¿todos los corredores están haciendo un acto de participación ciudadana? Eso sería una manera de entender una participación ciudadana con poca capacidad para generar nuevas realidades. No había prácticamente nada cuando llegamos. Lo único reseñable era la participación infantil y nos ha dado pena paralizarlo pero es que es un programa absolutamente inútil porque se transmitía a los chavales en los colegios una cultura de participación democrática que, luego, de adultos, no iban a poder ejercer. Era una acción de cara a la galería. A la hora de la verdad, no tratamos a los ciudadanos como adultos. Les exigimos que tengan una cultura democrática que no pueden desarrollar como personas emancipadas.

¿Están entonces convirtiendo a la ciudadanía en mayor de edad?
Es que la ciudadanía ya es mayor de edad. La ciudadanía va por delante de las instituciones. Hace cuatro años esto eclosionó y salió a la luz. Lo que estamos haciendo es intentar poner la institución a la altura de la ciudadanía. Lo hacemos permitiendo la participación directa y vinculante de la gente en el proceso de toma de decisiones.

Si se pone la administración a la altura de la ciudadanía ¿siguen siendo necesarias manifestaciones en plazas al estilo del 15-M o de los acampados ante la puerta del Consistorio, estando ahora la puerta de la administración abierta?
Una cosa que me impactó, en plena campaña electoral, fue un evento celebrado en Barcelona sobre herramientas y procesos democráticos. Allí había gente de Syriza y a mí se me quedó grabado cómo planteaban que las dos únicas vías de incisión en la política y los asuntos comunes son la acción del partido y la acción ciudadana en las movilizaciones sociales. Manifestaban que podemos votar cada cierto tiempo a los partidos y podemos manifestarnos tantas veces como queramos en la calle en el período entre elecciones. Estamos de acuerdo en que esas dos vías pueden ser ampliadas o complementadas, con una participación real en el proceso de toma de decisiones que realizan los representantes. Porque podemos estar de acuerdo en que la democracia representativa no es perfecta y hay fórmulas de acercarse a la participación en una democracia directa que generan mejores resultados.

El gobernante no sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía ante una decisión ¿De qué manera actuaría el Gobierno municipal si propusiese una cosa y la ciudadanía propusiese la contraria a la que ha planteado la acción política?
Lo progresista es respetar la voluntad de la ciudadanía.

Pero eso, a lo mejor, va en contra de su programa político.
El programa nunca puede someter procesos democráticos. Nuestro programa es un documento elaborado con propuestas de 15.000 personas y con este plan nos presentamos a las elecciones. Pero eso no quita para que los procesos democráticos que se emprendan en la ciudad supongan acciones que no estén contempladas, o estén solapadas, o vayan en contra del programa.

O sea, que la acción en la calle está por encima de la acción política.
Claro. Las decisiones de los tres millones y medio de ciudadanos de Madrid están por encima de las de sus 57 concejales. Somos una minoría. Nunca vamos a poder encarnar al pueblo. El concepto de que un grupo muy pequeño de gente tome las decisiones que encarnan la voluntad popular es un mito. La realidad es que, si proveemos de mecanismos para que esa voluntad popular se pueda expresar fehacientemente y no con discursos sobre lo que opina la gente, así sea.

También es un mito que cualquier red social, que es una proyección sesgada de la realidad, sea un espacio de participación en igualdad de condiciones, porque hay líderes de opinión que arrastran al resto y personas que quedan atrapadas en la espiral del silencio.
Es una cuestión cultural.

Sí. Pero es la realidad.
La Ilustración provocó períodos revolucionarios que acabaron con el Antiguo Régimen.

También hubo despotismo ilustrado.
Claro. Pero esos procesos emancipadores que cambiaron el devenir de nuestra especie no están exentos de que a alguien, en un momento dado, se le ocurra una idea. Si esa idea cobra mucha fuerza, se extiende como un virus y conlleva un reconocimiento a la persona que tuvo la idea inicialmente. Eso no es un proceso que genere desigualdades a la hora de decidir, en tanto en cuanto todo el mundo tenga el mismo derecho de proponer.

Planteaba en la presentación del primer gran proyecto del programa de participación que se va a eliminar de los foros de participación todo el spam y los contenidos inapropiados ¿No corren el riesgo de que los responsables que criben la información puedan privar de algún derecho a los proponentes? ¿De qué manera pueden eliminar el ruido sin acabar con propuestas verdaderas y válidas?
Hay que dislocar esa pregunta. No somos nosotros quienes tomamos esa decisión. Nosotros hemos hecho un marco que tiene unos criterios objetivos. Se puede ver claramente cuando algo es spam. Otra cosa son las subjetividades. Los que van a decidir eso son personas del cuerpo de diez mil Voluntarios por Madrid. Les hemos convocado y nos están ayudando a difundir el proyecto,y a dinamizar y moderar las plataformas. Se les ha dado un curso de formación breve sobre la plataforma, y se les han dado directrices sobre el marco objetivo. 23 de ellos moderan, la mayoría de ellas mujeres. Tras su proceso de criba, los contenidos pasan al Cuerpo de funcionarios técnicos, que supervisan que eso está correctamente realizado. Hemos hecho un sistema sólido. Efectivamente, el primer día tuvimos un ataque de grupos de personas muy amplios y organizados de Forocoches, que fue capaz de subvertir las votaciones de Eurovisión, por ejemplo. Aún así, el sistema resistió y los voluntarios y funcionarios respondieron. El sistema está autorregulándose muy bien.

¿Este sistema no amenaza otras plataformas similares privadas de participación ciudadana articuladas mediante recogida de firmas, canalizadas por 'lobbys' de opinión determinados?
Es que la aparición de esas herramientas son una muestra muy clara de que la gente está por delante y quiere articular la voluntad popular para poder juntarse y enviársela al poder. Han sido una correa de transmisión de voluntades políticas. Ante eso, las instituciones han reaccionado cerrando cualquier puerta. En los últimos cuatro años, con una cantidad ingente de movimientos sociales nuevos pidiendo cambios en las instituciones, lo que ha pasado es lo contrario. Precisamente, eso lo que nos hace ver es que era muy necesario lo que estamos haciendo. La gente tiene derecho a saber que cuando ellos están defendiendo una causa, tienen derecho a proponerla para que la mayoría decida, aunque a los representantes no interese y los partidos no tengan ese problema. La gente tiene que tener derecho institucional y político para poder hacerlo.

¿La sociedad española está preparada y quiere tanta transparencia?
Tenemos un poco de complejo de inferioridad. Debemos de creer que los suizos son prohombres o algo así, y tienen defectos que, a lo mejor, nosotros no tenemos ¿Por qué no vamos a ser capaces de poner en marcha cosas que llevan funcionando allí desde 1848? ¿Somos menos civilizados o estamos menos preparados culturalmente que los suizos de hace 170 años para hacerlo? El argumento de la falta de preparación suele ser el que utilizan las personas que están en contra de la democracia participativa. A mí me recuerda a otros argumentos que se han utilizado a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando se propuso el sufragio universal masculino y, posteriormente, el femenino. Uno de los argumentos que se usó en el primer caso fue que el analfabetismo era masivo entre los pobres y que, si votaban, la democracia iba a colapsar. Lo que ocurrió fue que se produjeron procesos de emancipación y se redujeron las tasas de analfabetismo de forma más acelerada. Con las mujeres, se argumentó que estaban todo el día en casa o en la iglesia y que iban a votar lo que dijese el marido o el cura, o lo harían de forma incorrecta. Y lo que ocurrió fue lo contrario: se produjo un proceso de emancipación muy amplio. Ahora también se habla de la brecha digital, además de la cultural, a pesar de que el CIS indica que Madrid es uno de los lugares del mundo con mayor uso de teléfonos inteligentes con internet hay. Precisamente, si implementamos mecanismos en los que la gente pueda decidir de manera directa qué se hace, seguro que podemos reducir las brechas porque la gente va a querer abordar reducirlas.

Decía usted que esperaba que este proceso en Madrid era como descorchar una botella de champán. El problema que tienen las bebidas con burbujas es que pronto se les va el gas. Tras el éxito inicial, ¿se van a quedar solos de nuevo los cuatro raros o expertos de siempre que ya participaban antes?
Este descorche ya ha pasado en otros sitios del mundo y ha pasado un movimiento similar. En Bavaria, en 1992, el primer año que la población tuvo un mecanismo de participación ciudadana, se votaron trescientas iniciativas ciudadanas. Uno de los argumentos que se dan es que la participación va a suponer votar todo el día y que la gente se va a agotar. Este mecanismo permite que se autorregule aquello que la gente quiere votar. Como decía, el primer año votaron 300 iniciativas. Luego fueron descendiendo porque se fueron resolviendo los problemas. Entonces, se fueron atajando las cuestiones que preocupaban a los ciudadanos. Hoy día, se han reducido a menos de cien iniciativas al año. Lo que no ocurre es que hayan dos mil votaciones al año en las que participe muy poca gente, porque el mecanismo exige una minoría del dos por ciento para poner en marcha la votación y es difícil que haya una movilización ciudadana para participar de forma masiva en muchas cosas diversas.

¿El umbral mínimo de apoyos de una propuesta deja fuera a otras que puedan ser también razonables y asumibles por el gobernante?
Como diferencia al mecanismo clásico de participación ciudadana, nosotros hemos habilitado el mecanismo para que el Ayuntamiento reciba la propuesta cuando tiene un solo apoyo, el de la persona que tiene la idea. Desde ese momento, desde la propia página, puede apoyarla cualquier persona. Antes tenía que poner mesas y reunir firmas en la calle. Nosotros vamos un punto más allá y ponemos la maquinaria de la institución a disposición del público para que se puedan recibir apoyos aunque no se tenga mucha capacidad. Pero no solo las propuestas que lleguen al dos por ciento se van a tratar. Las que superen el umbral, por las directrices aprobadas en la Junta de Gobierno, se tratan obligatoriamente. Y si el Gobierno no las hace suyas, se llevan a votación popular. Eso ata al Gobierno. El resto, también se pueden contemplar porque las hay y muy buenas. Por eso, todas las semanas estamos mandando el informe a todas las áreas de gobierno y los distritos, detallándole cuáles son los debates que han generado más actividad y cuáles son las propuestas de más consenso.

Habla de presupuestos participativos, de dedicar un porcentaje en torno al cinco por ciento, pero se refieren al presupuesto inversor, que es una parte pequeña del total presupuestario ¿No hay presupuestos participativos en la política de ingresos y gastos, o en materia de impuestos y tasas?
No tengo el dato pero el presupuesto de inversiones puede representar un porcentaje del global presupuestario. Se deciden las inversiones porque no son actuaciones concretas, sino se trata de darle forma a la ciudad. No de definir los servicios públicos sino de definir el entorno físico y los espacios de la ciudad. Porque el entorno físico se decide con lo que se pone y se quita de la ciudad, en el aspecto tangible. Eso modela la ciudad en lo físico pero son las actuaciones políticas que tienen en su mecanismo de propuesta el mismo rango que si las toma la Junta de Gobierno, las que modelan cómo funciona la institución en el ámbito de los servicios públicos. Es decir, que toda la institución y el presupuesto está sujeto al modelo de toma de decisiones de la Corporación, que está, a veces, en la alcaldesa, a veces en el Pleno, y siempre sometido a estos mecanismos de participación. Hipotéticamente, una ciudadanía organizada le puede dar la vuelta a todo. Y esas decisiones son vinculantes, no jurídicamente porque no podemos cambiar la Constitución desde el Ayuntamiento pero sí políticamente para nosotros.

Ruiz- Gallardón eliminó de los plenos la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen dirigirse con sus propuestas a los políticos. Con estas medidas de participación, ¿se destierra definitivamente esa posibilidad o se va a recuperar con una hipotética modificación del reglamento del Pleno? Esto lo hago extensivo a las comisiones y a los consejos territoriales, en los que la voz popular está canalizada a través de asociaciones y organizaciones de distinto tipo.
No se destierra porque es una medida complementaria. Si de mí dependiera, se haría. Pero el Pleno no se rige por un decreto que yo firme o una decisión de la Junta de Gobierno. Se rige por un reglamento orgánico que se tiene que aprobar por mayoría absoluta y que tiene unos plazos de aprobación muy prolongados. Lo propondremos y lo haremos, pero en su tiempo porque en lo que está en nuestras manos vamos muy rápido pero, en lo que no solo depende de nosotros, vamos más lentos. No es por falta de vocación o ganas.

Ya que estamos en el Pleno, una de las cosas que ocurrió en la investidura fue que el voto de los concejales fue secreto ¿Está en su espíritu cambiar esa práctica?
Eso me pareció una locura. En mi espíritu, sí está. Desconozco si va a haber viabilidad jurídica para cambiar eso porque creo, aunque no soy jurista, que puede representar un problema a nivel constitucional porque en España tenemos el mandato imperativo. Y esto desdobla este choque de realidades de lo que la gente siente y lo que las instituciones actualmente están dando. Cualquiera puede sentir que que un representante al que han votado miles de madrileños pueda votar de forma secreta a otro alcalde contrari, es una aberración, una disfunción democrática. Sin embargo, nuestro marco jurídico protege eso claramente.

La ordenanza de transparencia que preparan parece que va a rebasar la Ley de Transparencia porque, a su juicio, ésta se queda corta ¿Levantar las alfombras no puede generar el problema jurídico de que haya gente u organizaciones que no quiera ese nivel extra de transparencia?
Rebasar la ley no describe nuestra intención. Vamos a llevarla más allá y a profundizar en los objetivos que debería tener esa Ley 19/2013, que garantiza algunos derechos sobre transparencia. Nosotros queremos garantizar más, evitar las trabas legales con un reglamento adicional. Hablo, sobre todo, sobre el derecho de acceso a la información. En España no se ha tratado del ejercicio de este derecho fundamental y se pueden poner un montón de trabas para ejercerlo. La primera de ellas es la identificación. Se viene interpretando que la administración puede exigirse a sí misma verificar tu identidad antes de que tú puedas ejercer tu derecho. Eso se traduce en que tienes que usar el DNI electrónico para hacer la solicitud de información. Eso deja al 96 por ciento de la gente fuera del ejercicio efectivo de ese derecho. Todos los países que tienen una ley de transparencia buena, sencillamente permiten que el ciudadano mande un correo electrónico a la dirección que pone la administración y el funcionario responde. Nosotros estamos discurriendo la vía jurídica para llevarlo a cabo. Hay un grupo de trabajo donde están todos los funcionarios de los aspectos clave de la administración (patrimonio, protección de datos, etcétera), trazando el borrador de lo que será la futura ordenanza, que aún no existe. Jurídicamente, es un planteamiento válido y sin problemas.

El Ayuntamiento ha iniciado un proceso de auditoría de los gobiernos anteriores. Están abriendo las ventanas del edificio ¿está saliendo mucho mal olor?
Hay de todo. No quiero emitir más juicios de valor.

Uno de los métodos de contratación más opacos es el del contrato menor ¿Se va a poder ver hasta la factura del restaurante en el que come el concejal con dinero público?
Eso lo vamos a hacer. Queremos que sea transparente toda la Corporación, no solo el Gobierno. Intentamos caminar así. Por ejemplo, hemos acordado en Junta de Gobierno la publicación de las agendas pero no podemos obligar a los concejales de otras formaciones sin un reglamento orgánico y la ordenanza de transparencia. Porque nos es útil fijarlo en un reglamento porque se obliga a toda la institución a ser transparente.

Esperanza Aguirre respondió a Madridiario sobre el asunto de la publicación de agendas que esta medida estaba destinada a la labor de control al Gobierno pero no a la oposición ¿La oposición no necesita publicar las agendas?
Yo te puedo asegurar que la oposición tiene reuniones habituales con entidades o personas que defienden intereses privados, lo que comúnmente se llaman 'lobbys' y que esas reuniones tienen impacto en el proceso de decisiones de esta institución. Y eso es así. Es una realidad que no puede negar nadie porque, además, estamos en un Gobierno en minoría. El PP puede hacer planteamientos en el Pleno sin que el Gobierno esté de acuerdo. Fíjate si tienen capacidad de incidir. Han puesto muchas excusas. La primera, la de la seguridad, como si nosotros quisiéramos alertar a la gente para que les hiciera boicot a sus actos. Nada más lejos de la realidad. Además, les hemos enviado un manual donde se dan todas las instrucciones sobre lo que se recomienda publicar o no en la agenda, cuándo publicar. Se trata de que la gente sepa la evolución de las decisiones. Por ejemplo, que sepan, no solo que se privatiza un servicio público, sino que se hace después de reunirse con varias empresas privadas del sector.

Los 'lobbys' no van a querer dejar rastro.
Vamos a aprobar un registro de 'lobbys'. Es importante fijarlo en la ordenanza porque hay cosas que solo pueden tener como marco una ordenanza de transparencia. Y ahí habrá discusión y debate político. Nosotros queremos llegar hasta el final con la transparencia. Queremos un registro efectivo y para que lo sea, tiene que haber dos requisitos fundamentales para que un representante pueda tener interacción con ellos es que lo publique en su agenda, explicando quiénes han participado, si se ha hecho entrega de documentación y qué documentación; y que ese participante se inscriba en el registro de 'lobbys' y explique qué intereses representa. Como necesitamos apoyo político para hacerlo, tendremos que acordarlo con otros partidos, pero seguro que hay gente que quiere transparencia en otras opciones políticas.

Hay transparencias y transparencias, incluso se puede encontrar resistencias en su propio partido.
No porque es una cuestión competencial. Esto no es un dimes y diretes. Cuando se conformó el Gobierno, se hicieron unos decretos de estructura y de competencias. Cuando el responsable de una competencia da una instrucción, su incumplimiento supone prevaricación. Con esto quiero decir que no es una cuestión de consenso o disenso. Si se decide en una reunión de Gobierno llevar a cabo una política de transparencia y se me encarga hacerla, la pongo en marcha.

Sí, pero hay agendas de concejales que parecen el desierto de Atacama.
¿Por ejemplo?

Por ejemplo, concejales de distrito o portavoces del Gobierno que parece que solo firman acuerdos o van a la Junta de Gobierno.
Hay gente que no la lleva al día pero sí se está llevando un control. No obstante, el sistema se está implantando y todavía falta que todo el mundo se acostumbre íntegramente a la nueva dinámica. Las agendas es un caso concreto de que no tenemos la competencia para actuar. Es una responsabilidad personal de cada representante político el cumplir con el decreto.

Entonces esta área es una cuestión más moral que política o administrativa.
No, porque el acuerdo de la Junta de Gobierno obliga a la publicación de las agendas y es a propuesta de este área. Y esos acuerdos son vinculantes, dentro de unos marcos de flexibilidad. Es decir, que se ajusta a un manual que está publicado en la web, con recomendaciones sobre la agenda. También hay que tener en cuenta que, en estas cosas, hay que ser exigentes pero no hay que volverse locos porque cumplimos con los estándares internacionales más altos. Otra cosa es que estamos mejorando las soluciones técnicas porque hasta ahora hemos usado el sistema Xchange de Microsoft, que no es claro para ver las agendas. En unos días lanzaremos el nuevo sistema de publicación de agendas, que será más claro. Hay cosas que hay mejorar, seguro. Pero estamos a años luz de donde estábamos.

Los políticos tienen vida privada y, a veces, se mezcla con la pública. A nivel de transparencia, hay veces que hay que afrontar asuntos privados ¿cuál es el techo de transparencia que se ponen en el equipo de Ahora Madrid?
Ese asunto es un caso que le ocurre con frecuencia al Partido Popular, que confunde lo que es la transparencia. Hay un consenso internacional pacífico sobre la doctrina del alcance de la transparencia en estos asuntos que el PP no ve claro. Por ejemplo, me recriminó el concejal del PP Percival Manglano haber eliminado unos 'tuits' porque eso no era transparencia. Eso es un ejemplo claro de no entender lo que es la transparencia. Ésta debe estar siempre asociada a un proceso de rendición de cuentas. Y ese proceso no es otra cosa que rendir cuentas del trabajo institucional que se hace, que empieza y acaba. Y todo lo que está fuera corresponde a la vida privada de las personas. La transparencia se enmarca en eso, en la labor de servicio público.

Hay veces que ha importado menos el servicio público que la vida privada. No sé hasta qué punto tienen que dar explicaciones en este sentido.
La gente demanda transparencia. Y cuando la demanda no pide saber cómo llevas tu vida personal. Cuando nos la exigen, quiere saber qué ocurre con cada uno de los céntimos que aporta vía impuestos a la institución, qué elementos e intereses tomas para tomar decisiones en su nombre...

O no, porque esa vida personal acabó con la dimisión de su cargo de uno de los concejales por la presión mediática y pública.
No digo que no tenga una incidencia pero es que viene espoleada. Ten en cuenta que el objetivo que tienen quienes creen que pueden perder el poder, que es transmitirle a la ciudadanía que somos iguales que ellos y que nosotros vamos a tomar decisiones arbitrarias como ellos, vamos a corrompernos y a mentir como ellos, que nosotros somos gente autoritaria como ellos, que nosotros no respetamos la voluntad popular como ellos... Pero para llegar a estar en su situación, estamos hablando de dos grandes partidos que han caído en todos los males que pueden hacer, desde meter al país en guerras ilegales, el terrorismo de Estado, pasando por casos de corrupción de todos los tipos. Imagínate hasta dónde tienen que empujar las cosas para llevarnos a que somos como ellos. Tienen que escarbar y tratar de poner encima de la mesa hasta la última acción de cada persona, convirtiendo así un chiste que hizo uno hace cinco años en causa. Eso es una realidad distópica que ellos tratan de estirar y modular para transmitir aquello de que nosotros somos como ellos. Y no lo somos.

La alcaldesa planteó que está desilusionada con los medios de comunicación porque una cosa son las personas que hablan con verdad y otras que la manipulan ¿Consideran que tienen la posesión de la verdad?
No. Es una palabra polisémica. Cuando yo te digo que te estoy diciendo la verdad, no necesariamente implica que no me esté equivocando. A lo que se refiere Manuela es que nosotros no engañamos y eso lo puedo asegurar. Nadie del equipo ha mentido en estos cien días de Gobierno. Estoy muy orgulloso de que, cuando hay problemas, lo decimos. Cuando vas así por la vida, das al que te quiere atacar, le das todos los elementos que necesita para construir su historia.

Y por eso crean un portal como 'Versión Original' para contar su verdad.
No. Son hechos objetivos.

Sí. Pero la realidad de la tarea política implica que los hechos sean matizables o susceptibles de interpretación.
Vamos a hablar de hecho. Si tú reflejas en una información un hecho que no se corresponde la verdad. Por ejemplo, en una mesa hay dos vasos y tú dices que hay cinco, mi obligación es difundir la información real sobre los hechos.

Le doy la vuelta al argumento ¿cuántos dedos ve aquí -mostrando dos dedos de una mano-?
Ya. Todavía no ha ocurrido que en 'Versión Original' se haya publicado ningún hecho incierto. Ahí es donde podríamos estar de acuerdo, si es que no se estuviese intentando hacer un ejercicio de transparencia, sino manipular la realidad. Lo que está ocurriendo es lo contrario. Se están exponiendo hechos innegables para contradecir informaciones difundidas.

La última frontera sobre la transparencia en la administración la planteó Manuela Carmena hablando del cambio del formato de las cartas administrativas. Con el objetivo de que la administración sea más cercana al ciudadano. La burocracia es opaca por naturaleza ¿Se puede convertir en transparente para comunicarse con el ciudadano?
Eso es un reto inmenso. Antes de las elecciones, cada vez que pasaba por delante del Ayuntamiento, me entraba una sensación de angustia y agobio porque impone. Y, ya dentro, no entiendo del todo aún todos los engranajes de este enorme mecanismo. Alguien que no trabaje aquí lo tiene aún más difícil. El reto es simplificar hacia afuera. No todo lo que se haga en el Ayuntamiento tiene que ser simple. Pueden haber soluciones complejas pero no debe haber barreras para entender cuestiones complejas para poder interactuar con el Ayuntamiento. Una cosa que me ha sorprendido de la comisión de sugerencias es que se pueden mandar reclamaciones, avisos, felicitaciones, y otras acciones. Cuando entre en vigor la Ley de Transparencia, se podrá también pedir el derecho de acceso a la información. No hay una clasificación evidente, ni para los propios funcionarios. Una de las cosas que intentamos es que este concepto de ciudad inteligente, en el que nos hemos gastado mucho dinero para hacer ruido y hacer poco cambio, se convierta en un enorme panel de datos para tener información y tomar decisiones. Por ejemplo, abrir los datos de bicimad para que la ciudadanía sepa dónde hay bicicletas y sitio para aparcar. Pero también para que la gente pueda decidir dónde instalar nuevas estaciones. Para que eso pueda cambiar, hay que entender el rumbo que está tomando la institución y que lleva a determinadas cuestiones complejas y a cambios de cultura de la organización. Es un reto que va a llevar tiempo porque tardaremos años en comprender al Ayuntamiento.
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