Ezquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: "Hay que construir las alturas que cada lugar necesita"

La profesión de arquitecto es la más devaluada por la crisis a nivel salarial y de condiciones laborales ¿Cómo es posible que una profesión tan prestigiosa derive en profesionales teniendo que emigrar, trabajando por salarios de miseria o dejando sus carreras para trabajar en otros empleos de inferior cualificación para poder vivir?
La mayoría de los arquitectos estamos vinculados al sector de la construcción, que experimentó un 'boom' a finales del siglo XX y principios del XXI en el que se sobredimensionó el sector en capacidad productiva y proyectos. El enorme ajuste posterior afectó al sector. La crisis inmobiliaria se sumó a la crisis de deuda que frenó la inversión pública. Los arquitectos estamos en el origen de este proceso productivo, en la elaboración de proyectos. La detención rapidísima de ese proceso afectó a los estudios, entonces sobredimensionados. Al perderse la inversión privada y pública, se produjo una contracción de inversión como nunca antes había ocurrido en España. Eso produjo desempleo entre los jóvenes, que en muchos casos han abandonado el país para ir a zoans con fuerte dinámica inmobiliaria, a costa de una mayor inestabilidad laboral, y en personas en edad ya madura, que han tenido que trasladar sus estudios, readaptarse o reinventarse para obtener clientes. Los arquitectos españoles están muy bien valorados a nivel mundial porque la formación es muy buena pero es común que no tengan trabajo estable y que se queden en los países a los que viajan. Afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar y los estudios que han sobrevivido ya tienen los anticuerpos necesarios para remontar. La labor del colegio es fomentar la formación, dar la asesoría y el apoyo necesarios para que puedan hacerlo en condiciones óptimas.

Con la recuperación ¿hay una nueva etapa de arquitectos 'low-cost'?
Los pocos encargos que han quedado en el mercado para los arquitectos se han resuelto a la baja, casi en formato de subasta. Eso ha producido un deterioro de las relaciones laborales en el conjunto de todo el ámbito de la arquitectura porque los estudios están integrados, en general, por profesionales de distintos niveles de responsabilidad. La parte más vulnerable, los más jóvenes y los que están entre los 45 y 55 años, han sufrido más precariedad. Los autónomos trabajan siempre en mínimos y los estudios no tienen previsiones de futuro. Dentro de los honorarios de los estudios, no se están cubriendo los mínimos costes del producto que se ofrece. Si se calculasen los costes en función de las horas, el personal y el material que se necesita, no saldrían las cuentas. Es un análisis que también admite el Ministerio que se está produciendo. Así se dan concursos que son imposibles de acometer porque nadie puede trabajar a pérdidas a no ser que lo haga para arruinar a otro, y eso es ilegal. El Colegio tiene en este sentido un papel muy importante de defender ante la sociedad la labor de los arquitectos y los mínimos técnicos exigibles. Se ha dado el debate de las competencias, en el que se ha llegado a plantear que cualquiera puede realizar una construcción. El razonamiento es simple, si cualquiera no puede entrar en un quirófano y operar, o escribir noticias, o pilotar un avión, o muchas otras profesiones técnicas, cualquiera no tiene la destreza y los conocimientos para realizar la labor de un arquitecto.

Usted anunció una revisión de todos los departamentos del Colegio para ir hacia ese objetivo.
Lo que queremos es que el Colegio funcione todavía mejor en la parte de servicios a los profesionales, porque es su casa. Que mejore la asesoría técnica, el visado, nuevas tecnologías, etcétera. Tenemos que ser más útiles para los arquitectos. En materia de licencias, estamos trabajando con las administraciones en la implementación de un visado que prácticamente contenga la licencia para agilizar el proceso. También tenemos que crear un punto de encuentro entre las distintas especialidades del sector para que se intercambien experiencias e intereses.

¿Y de cara al exterior?
Ahí están las grandes batallas. Las de las leyes. Hay que lograr acabar en los concursos públicos con las subastas a la baja. No puedo concebir que entre los médicos se subaste quién cobra menos por operar a un paciente. Lo mismo pasa con los arquitectos. Es de sentido común. El trabajo aquitectónico debería valorarse por su calidad, dentro del precio que la administración calcula con criterios técnicos y científicos como el correcto para elaborar un proyecto. A nuestro juicio, debe elegirse el mejor mediante jurados independientes,con rigor, transparencia y sobre la base de la calidad. Los concursos bien hechos son lo más cercano a la igualdad de oportunidades. Y lucharemos por ello con uñas y dientes.

Eso es luchar contra Goliat.
Sí, pero tenemos muy claro que la opinión pública tiene que entender que el arquitecto no es un profesional superfluo, sino alguien que aporta un trabajo muy importante y muy poco visible para que las ciudades sean vivibles. Si ganamos ese prestigio social, los políticos entenderán que la arquitectura no es un tema de jugar, porque estamos en todo lo que es ciudad, al igual que los ingenieros. Hasta Hábitat y la ONU plantean que el diseño urbano como parte fundamental de la calidad de vida de la gente.

Están de moda los concursos de ideas ciudadanos.
Hay una confusión entre la dimensión técnica y la ciudadana. Hay aspectos en los que es fundamental el afecto ciudadano. Por ejemplo, en el caso del edificio España. No es un tema ya solo técnico. El valor arquitectónico singular de ese inmueble es controvertido. El debate es también si forma parte de la memoria colectiva y se quiere o no. En Berlín se derribó el muro con las manos de los ciudadanos. Ahora está protegido lo poco que queda. Posiblemente, si eso hubiese ocurrido hoy, se hubiese conservado, como un elemento de la memoria de la ciudad y sus ciudadanos. Es algo pedagógico que existió. Eso le pasa a muchos edificios, cuyo valor técnico no es relevante, sino que la gente lo entiende como propio. Lo determinante en un catálogo de protección es el afecto que la ciudad tiene por sus bienes.

En ese proyecto se plantea vaciar el interior y demoler la fachada posterior, que tiene más valor arquitectónico, al igual que sucede en Canalejas ¿Hasta qué punto ese afecto no crea una ciudad de escaparate?
Por eso, a nivel técnico son proyectos controvertidos. Hay una dimensión técnica y otra ciudadana. No me parece mal que en los concursos públicos haya ambas fases. Se puede preguntar a los ciudadanos cómo ven la Plaza de España, si como el final de la Gran Vía, una etapa hacia el río, etcétera. Los arquitectos pueden aportar su conocimiento adicional, pues saben lo que ocurre a nivel técnico y por el mundo. Son dos niveles distintos y complementarios, pero la gente puede saber la salud que quiere pero no automedicarse.

Existe el debate sobre si los planes generales de ordenación urbana deben tender hacia la liberalización de los usos del suelo o mantener el control urbanístico.
El tema no es más control, sino más previsión. Las empresas privadas lo tienen todo previsto perfectamente. Las administraciones públicas deben hacer lo mismo porque lo contrario sería suicida. Debemos saber el futuro de las ciudades porque tenemos que planificar las infraestructuras, el transporte y el medio ambiente. La idea de que el planeamiento es superfluo y que se puede poner cualquier cosa en cualquier sitio nos ha dejado nuestra geografía plagada de cadáveres urbanísticos. Son acciones inmobiliarias frustradas pero organizadas en muchos casos en lugares equivocados. En una ciudad funciona lo que tiene las infraestructuras adecuadas y un medio ambiente cuidado y adecuado. Cuando no se cumple, es muy difícil que una zona prospere. El planeamiento es casi el único instrumento que tiene el ciudadano común para conocer el futuro de su ciudad. Es un pacto entre el poder y la sociedad civil porque la administración y el sector privado adquieren unos compromisos que suponen una renovación de la ciudad ordenada conforme a unas pautas convenidas, siempre que entendamos que vivimos en una sociedad de consenso. Si se considera que es un instrumento del poder, entonces no funciona.

Se va a modificar la Ley del Suelo para eliminar la prohibición de las tres alturas. Antes lo sostenible era crecer a lo ancho. Ahora a lo alto.
Hemos vivido en los años 60 barrios muy densos sin servicios. Con lo cuál, todos tenemos asociadas la especulación inmobiliaria y la mala calidad de vida a la densidad urbanística. Por ese motivo se hizo una Ley del Suelo que tenía por límite 75 viviendas por hectárea. Y, luego, muchas personas, como respuesta a la mala calidad de vida de las periferias densas y sin servicios, tomaron como vivienda ideal la unifamiliar. El problema de este tipo de casa es que ocupa tanto suelo que hace inviables los sistemas de transporte y la densidad es tan pequeña que no compensa de cara a poner comercio en la calle, etcétera. Eso supone que se imponga la lógica del automóvil y el centro comercial de carretera. En todo el mundo se está reaccionando contra este modelo. En Estados Unidos se critican los terribles efectos para la salud y el modo de vida americano de este tipo de urbanismo. Hay una oposición generalizada al modelo de tres alturas en las grandes ciudades. Perales de Tajuña debe crecer como un pueblo porque tiene tipología de pueblo. No se pueden importar bloques como si fuese Parla o chalets adosados.

Pero es que muchos pueblos no han crecido como un pueblo.
Desgraciadamente, no. La cuestión está en fijar criterios uniformes. Hay lugares donde habrá que hacer edificios con más de tres alturas. Otros en los que sea adecuado tener tres alturas. Y en otros se tendrán que hacer edificios de una altura o de ninguna porque no habría que construir, como en el Guadarrama o en la vega del Tajuña, por ejemplo. Hay zonas de Madrid donde no se debería construir. En las grandes ciudades, tres alturas es insuficiente porque la media es mayor y en los nuevos desarrollos, lo único que consigues construyendo ese tipo de viviendas es obtener una densidad poblacional tan baja que no compensa la inversión desde el punto de vista de las infraestructuras, lo que produciría enormes costes. Hay que hacer las alturas que cada lugar pide. La forma de acertar es el rigor técnico. El error de las tres alturas es la imposición porque sí. Son como el sombrero de tres picos, que pasó lo que pasó cuando se obligó a todo el mundo a ponérselo.

¿Es conciliable fosilizar el patrimonio arquitectónico con dotarlo de rendimiento económico?
El patrimonio más antiguo que ha llegado hasta nosotros es el que ha tenido varios usos. Por ejemplo, las basílicas romanas que fueron luego iglesias. El patrimonio que vive es el único que va a llegar a nosotros. Si no tiene una utilidad, decaerá, declinará y desaparecerá. Ahora bien, el tema está en los usos de cada edificio porque no son infinitos, sino los que mejor se adecúan a sus características. El reciclaje es la norma de salvaguarda del patrimonio. La ley no debe fosilizar los edificios, implantando usos rígidos. Dentro de eso, debe entender los valores de cada uno de ellos, con mayor sensibilidad técnica y de la opinión pública. En algunos casos, un edificio aporta escena urbana. En otros, la lógica es interior. Si te confundes, es cuando surgen los problemas.