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La trama firmó adjudicaciones públicas por 250 millones a cambio de comisiones

La trama firmó adjudicaciones públicas por 250 millones a cambio de comisiones

lunes 27 de octubre de 2014, 10:59h
La trama en la que ha sido detenido el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados, junto a otras 50 personas, firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado. La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha bautizado la operación con el nombre de Púnica, por el árbol del granado en latín, Punica granatum.

El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas". Así, los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato.

De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros

Según fuentes de la investigación, el principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil. El que fuera secretario general del PP de Madrid, hacía valer presuntamente su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, conectando a las instituciones con los empresarios implicados en la trama. 

En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely (filial de la multinacional francesa GDF Suez) "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil. Esta empresa presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

Primeras pesquisas

 

Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado. El origen está en una comisión rogatoria de las autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que dio pie a una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoó diligencias en junio de este año".

En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos". Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama 'Gürtel'.

Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos. Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

Más información:

Una comisión judicial registra el Ayuntamiento de Parla

La Guardia Civil detiene a Francisco Granados por corrupción

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