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Emilio Monteagudo
Emilio Monteagudo

La instrucción del caso Madrid Arena concluye con 16 imputados, entre ellos el inspector jefe de la Policía Municipal

lunes 01 de septiembre de 2014, 12:01h
El Juzgado de Instrucción número 51 ha cerrado finalmente la instrucción del caso Madrid Arena en el que murieron cinco jóvenes con la imputación a 14 personas por cinco supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave y diez delitos de lesiones, entre los que ha incluido, a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal (que ha dimitido este mismo lunes), por no actuar ante el macro botellón que tuvo lugar en el exterior del edificio y que degeneró en una entrada masiva de personas en el recinto con las consecuencias trágicas. El auto imputa a los dos médicos que atendieron a las víctimas tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y considera al Ayuntamiento de Madrid y a las empresas Madridec, Divertt, FSM Group Management, Seguriber y Kontrol 34 responsables civiles subsidiarios.

En la relación de antecedentes de hecho, el juez indica que en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se celebró un evento musical en el pabellón Madrid Arena que tenía como plato fuerte la actuación del Dj Steve Aoki, organizado por la empresa Divertt. El juez indica que la seguridad tanto interior como exterior estaba encomendada a las empresas Seguriber y Kontrol 34 que no solo debía controlar que el público llevara entradas sino también de que no portaran bengalas, petardos o instrumentos peligrosos. El titular del juzgado Eduardo Palop recuerda que el aforo autorizado era de 10.620 personas a pesar de lo cual se ha podido establecer que se llegaron a vender "en torno a 23.000 entradas".

Asimismo Palop indica que como consecuencia del sobreaforo la pista central del Madrid Arena "se encontraba no solo saturada sino en una situación de aglomeración y contacto físico entre las personas, que las impedía desplazarse en la dirección deseada" y recuerda que la situación se veía agravada "por el estado de embriaguez más o menos avanzado de muchos de los asistentes". A ello se unía "como causa determinante de la tragedia" que los ocho pasillos de evacuación o vomitorios de la pista central existente "se encontraban cerrados o clausurados, salvo tres de ellos por motivos diversos tales como estar tapados por el escenario principal, encontrarse próximos a los camerinos de los artistas o simple ente por no haber sido dejados operativos por los responsables de la seguridad".

El juez destaca que, simultáneamente, en el exterior del recinto, desde varias horas antes, tenía lugar un macro botellón "estrictamente prohibido en su celebración por la normativa vigente, y que comprendía, como mínimo, todo el espacio existente entre la estación de metro de Lago y los accesos al Madrid Arena, así como el aparcamiento del mismo". A pesar de ello, "la Policía Municipal de Madrid, expresamente encargada del mantenimiento del orden en el exterior del recinto y de evitar que aconteciera un botellón notoriamente ilegal, si bien quizás, fuera excesivo decir que brilló por su ausencia a lo largo de la noche, puede afirmarse que estuvo en el lugar de los hechos de forma manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo".

Como resultado de todo ello, cuando comenzó la actuación de Steve Aoki, quienes se encontraban celebrando el botellón "la mayoría de ellas en inequívoco estado de embriaguez", y "cuando no existía ningún control exterior de las entradas", entraron en el recinto por el llamado portón de cota cero que se usa para la entrada de mercancías "sin control alguno de entradas, ni requisas para evitar objetos peligros". Palop afirma que "la riada humana" "en número no menos a las 3.000 personas", accedió al recinto lo que hizo que algunos de los jóvenes que estaban en la pista buscaran una salida porque no podían ni respirar, lo que dio lugar a una avalancha humana en la que morirían Cristina Arce de la Fuente, Katia Esteban, Rocío Oña, Belén Langdon del Real y Teresa Alonso, las dos primeras en el propio recinto, y las otras tres, respectivamente, en los hospitales Clínico, Doce de Octubre y la Concepción.

El titular del juzgado recuerda que el director médico a cargo de la enfermaría era Simón Viñals, que en el momento de la tragedia tenía 80 años, y cuestiona que una persona de tal edad pudiera ocuparse de un evento masivo en el que había seguridad de que una parte de los asistentes iban a estar ebrios. Además indica que la enfermería es un habitáculo "no concebido" para este fin "sin ventilación alguna, escasa e insuficiente iluminación y ya, en un auténtico lujo de despropósitos, sin tener siquiera agua corriente". Según el relato judicial, el director médico "entra, según numerosas manifestaciones que obran en autos, en una suerte de situación de estupefacción". Además de las cinco fallecidas, requirieron tratamiento hospitalario otros diez jóvenes y 23 más sufrieron lesiones de menos consideración.

Dieciseis imputados

En consecuencia, el juzgado de Instrucción considera imputados por cinco supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave a Miguel Ángel Flores, Santiago Rojo y Miguel Angel Morcillo, propietario, director y jefe de personal de barras, respectivamente, de Divertt, entidad organizadora del acto; Rafael Pastor, Francisco del Amo, José Luis Rodríguez Caamaño y José Ruiz Ayuso, director de Seguridad y Emergencias, coordinador de Proyectos, coordinador jefe de Seguridad y técnico de Operaciones y Producción, respectivamente, de Madrid Espacios y Congresos, empresa municipal propietaria del edificio; los jefes de equipo de Seguriber, Juan José Paris, Raúl Monterde y José Antonio Díaz Romero; el encargado de cámaras de Seguriber, Roberto Mateos, y los socios de Kontrol 34 Carlos Manzananes y Emilio Belliard.

El juez Palop ha incluido finalmente en la relación de imputados a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid hasta este lunes, cuando ha presentado su dimisión tras conocerse el auto, en el que se le dedican tres páginas. El juez considera probado por las declaraciones de numerosos jóvenes que había un botellón en el exterior del Madrid Arena. En opinión del juez, la Policía Municipal "tenía la estricta obligación de evitar, paliar o aminorar los efectos, en la medida de sus posibilidades, del macro botellón". "Pues bien la Policía Municipal ni evitó, ni palió, ni aminoró, sino que tuvo una actitud benévolamente puede ser calificadas de contemplativa y en todo caso muy alejada de sus estrictas obligaciones". Las declaraciones de los mandos indican que no había suficientes agentes. En su relato, el juez reproduce los testimonios de Cándida Jiménez, mando responsable del dispositivo policial del Madrid Arena esa noche, que indicó que cuando el día de la fiesta pidió refuerzos ante lo que se preveía como un acto masivo su jefe le respondió que "se había olvidado ese servicio" y "que se buscara la vida para montar el dispositivo" a pesar de que se le informó que solo tenía 12 agentes cuando para actos similares se habían desplazado hasta 60. En opinión del juez instructor "existe, en opinión de este Juzgado, una evidente relación de causa a efecto entre el botellón que nunca debió haber existido y el resultado letal producido".

Por último, los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos han sido imputados como coautores de tres presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. El auto recuerda que Simón Viñals cobró 1.920 euros por hacerse cargo de los servicios médicos y de enfermería y que "hay que suponer en un profesional de su categoría que supervisa y está de acuerdo con los medios materiales y humanos que se ponen a su disposición para una función esencial en un evento multitudinario". Sin embargo, en la enfermería no había materiales "suficientes para atender las potenciales necesidades médicas derivadas de un evento de las características descritas". En concreto, dice el auto, "no existía material o instrumental alguno que hiciera suponer que se podía atender a cualquier emergencia médica de las muchas que, por puro sentido común, se pueden producir en un evento multutudinario" . "Los cadáveres de las niñas Cristina Arce de la Fuente y Katia Esteban estaban en el suelo encima de una sábana, semidesnudos, y sin que hubiera ni una sola persona del equipo médico presente para dar la más mínima explicación", añade. A continuación el juez analiza la actuación "o más bien no actuación profesional del Sr. Viñals". Así, afirma en el auto, que la conducta de este médico, que fue concejal de Sanidad en el equipo de Álvarez del Manzano, fue "errática, insuficiente y gravísimamente lesiva para las personas que posteriormente habrían de perder la vida".

Según declaró el doctor Antonio San Juan, que era esa noche supervisor de guardia del Samur, no se sabe si las víctimas podrían haberse recuperado de haberles practicado una RCP adecuadamente. pues, cuando él llegó, las tres chicas no estaban muertas sino en parada cardio respiratoria, por lo que Viñals debía haber estado no en la puerta sino haciendo reanimación. Lo mismo manifestó Jesús Jiménez, un técnico en emergencias que afirmó: "Los responsables no actuaban de forma adecuada, las pacientes no estaban monitorizadas, el responsable no atendía a ninguna paciente y parecía ajeno al incidente".  Ante todo ello, el auto afirma sobre Simón Viñals que "su supervisión en la preparación y dotación del habitáculo mal llamado 'enfermería' fue negligente y temeraria. Su actuación cuando llegan las niñas gravemente heridas fue, por inexistente, constitutiva de un ilícito penal".

Sobre el estado de las niñas que fueron atendidas en la enfermería, el auto se extiende. "Los doctores Simón y Carlos Viñals son incapaces de detectar que las tres niñas que llegan a su 'enfermería' están en situaciópn de parada cardio respiratoria y diaagnostican que han fallecido", dice el texto judicial. Carlos Viñals declaró que su padre y él "diagnosticaron claros signos de muerte" en las jóvenes e incluso aseguró que el estado que presentaban les hizo pensar que llevaban "fallecidas bastante tiempo".Sin embargo, una de las niñas, Rocío Oña, tras la medicación administrada por via introvenosa por los facultativos del Samur empezó a presentar actividad eléctrica en el corazón, lográndose a continuación, tras las correspondientes descargas del desfribilador que la actividad cardiaca pasara a ser regular, rítmica y espontánea". Ante ello, el auto afirma que el comportamiento profesional de Carlos Viñals "fue incuestionablemente errático, equivocado en el diagnóstico, insuficiente en la praxis y totalmente impropio en un profesional" que tiene un master en prevención de riesgos laborales, un diploma en RCP y un master en medicina de emergencias.El juez recuerda que las otras dos víctimas, Belén Langdon del Real y María Teresa Alonso, fueron rescatadas y trasladadas al exterior del pabellón y asistidas por miembros del Samur quienes, tras comprobar que estaban en parada cardio respiratoria, practicaron las maniobras pertinentes consiguiendo recuperarlas y trasladarlas al hospital donde fallecerían días después.

Por último, el auto incluye como imputados a Carlos Manzanares y Emilio Belliard, socios mayoritario y minoritario, respectivamente, de Kontrol 34, que declararon que su empresa se limitaba a poner a disposición de otras empresas sus trabajadores. Ello no se corresponde con el hecho de que el primero estuviera presente en el evento desde las diez de la noche hasta el final, ni que afirmaran no haberse reunido con Divertt y Seguriber como en ocasiones anteriores. El juez considera asimismo al Ayuntamiento de Madrid, así como a las empresas Madridec, Divertt, FSM Group Management S.L. Seguriber y Kontrol 34, responsables civiles subsidiarios mientras que las compañías de seguros Zurich, AIG, Mapfre e Hiscox serían responsables directos.

Más información: 

Documento: Consulte el auto del juez Palop

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