Divorcio entre obras y sobrecostes

La palabra sobrecostes se ha convertido en pareja inseparable de las obras e infraestructuras construidas en España sea cual sea el nivel administrativo que las haya realizado en los últimos años.

A día de hoy, pocos españoles desconocen las escandalosas desviaciones en obras como la T4 de Barajas, la M30, la Ciudad de la Cultura, el túnel de Pajares, la construcción de la Línea 9 de Barcelona o el AVE Madrid - Barcelona. Obras mencionadas en todos los medios de comunicación por el llamativo importe de su desviación aunque, sin duda, no son las únicas, otras muchas han tenido similares desviaciones aunque no sin tanta repercusión mediática.

Desviaciones o sobrecostes que tienen para todos nosotros importantes consecuencias, porque construir una obra no implica el mismo esfuerzo económico y social si cuesta 100 millones de euros que si cuesta 150 millones: lo entiende cualquiera. Los millones de euros de más, - en algunos casos, miles de millones- , tenemos que detraerlos de otras partidas o incrementar nuestra deuda, y ambas soluciones tienen importantes consecuencias para los ciudadanos.

Pero los sobrecostes afectan también a nuestro sistema democrático, en la medida que se ha generado, y no sin razón, una duda razonable en cómo se han adjudicado y ejecutado las obras públicas en nuestro país y el control administrativo que se ha ejercido en su proceso de construcción, creando un halo de corruptelas a su alrededor.

Fruto en gran parte de la opacidad absoluta que existe durante la fase de ejecución y liquidación de una obra pública.

Para intentar comprender el cómo y por qué se ha podido llegar a esta situación, es imprescindible conocer el actual marco normativo de la contratación pública, especialmente la existencia y funcionamiento de las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras, éstas junto a otras cuestiones permiten que el precio de adjudicación sea diametralmente diferente al coste final de la obra.

Y es ese margen de maniobra el que han aprovechado las empresas licitadoras para presentar ofertas por debajo del umbral que les permitía hacer la obra cubriendo costes y obteniendo un razonable beneficio, sabedoras de que una vez iniciada la obra la Administración optaría por realizar los correspondientes modificados y así incrementar el presupuesto del contrato y, por tanto, el beneficio del adjudicatario.

El mismo margen que han utilizado los políticos de la Administración para autorizar las obras de infraestructuras sin una planificación previa y sin la suficiente madurez de los proyectos, con la certeza de poder modificar los contratos una vez iniciadas las obras no por causas de imprevisibilidad, sino de improvisación, en una clara actitud de primar los intereses partidistas frente a los intereses generales y de interesarles más los tempos de las inauguraciones que el correcto desarrollo de las infraestructuras.

Corresponde pues tomar medidas para que el divorcio entre obras y sobrecostes sea efectivo, y para ello el grupo de Unión Progreso y Democracia ha presentado una serie de medidas en la Asamblea de Madrid y la primera de todas es exigir responsabilidades a quienes han consentido y amparado esta situación, además de mayor planificación, previsión, transparencia, control y, sobre todo, ética.

Loreto Ruiz de Alda.
Diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid.