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¿Quién paga la fiesta?

miércoles 04 de junio de 2014, 19:04h

La retórica neoliberal se adorna con un catálogo de latiguillos con los que ha conseguido, a base de repetir, y al menos durante un tiempo, desviar la responsabilidad de la crisis hacia quienes no tuvimos nada que ver con su generación y mucho menos con el disfrute de los beneficios de la etapa expansiva. Nos habíamos pasado con el café para todos y los platos sucios de la fiesta se amontonaban en las cuentas de resultados como testigos incómodos de una borrachera que en 2009 ya martilleaba duramente con una resaca por encima de nuestras posibilidades.

Mucho se dijo entonces de como estábamos pagando las consecuencias de los excesos del Estado del Bienestar. Se nos diagnosticaba un empacho de caviar y había que poner orden a un organismo enfermo al que había que quitarle el exceso de grasa. Pero se descuidó un elemento en el discurso neoliberal: no todos habíamos sido invitados a la fiesta. Por eso, merece la pena poner el foco en una exigencia. La responsabilidad del coste de la fiesta de aquellos que la disfrutaron o todavía la disfrutan.

La decisión de ubicar una empresa en un marco territorial nunca es inocua. Su colocación concreta deriva inmediatamente en un coste en términos de movilidad que, a su vez, si no se interviene con fórmulas de movilidad sostenible, puede repercutir en una enorme cantidad de costes sociales y ambientales. La generación de una movilidad obligatoria al centro de trabajo en un entorno concreto, incide en el riesgo a sufrir accidentes in itinere (hoy primera causa de accidentes laborales), en la desigualdad social (porque no todo el mundo puede acceder del mismo modo a las formas individuales de transporte), en la emisión de gases contaminantes cuyo impacto ambiental paga el conjunto de la ciudadanía, así como el incremento de los gastos sanitarios derivados de las enfermedades relacionadas con la contaminación, en el tiempo dedicado a los desplazamientos, que a su vez repercute en las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, o en el grado de congestión de las carreteras, que tiene un impacto sobre el conjunto del tráfico, no sólo de aquellos que se desplazan a un centro de trabajo concreto.

¿Por qué ha de asumir el conjunto de la sociedad el coste de decisiones empresariales cuyos beneficios no son nunca compartidos? Hay que responsabilizar del pago de la fiesta a los afortunados que la disfrutan. Necesitamos el compromiso empresarial en la gestión de la movilidad a los centros de trabajo. CCOO de Madrid está decidida a impulsar la negociación de planes de movilidad y la inclusión de criterios de movilidad sostenible en la negociación colectiva, pero necesitamos del compromiso de nuestra contraparte.

La crisis ha puesto de manifiesto una cuestión: el empresariado español ha vivido por encima de sus posibilidades. Al menos lo ha hecho por debajo de las espectativas de responsabilidad social que exige una sociedad democrática. Es hora de exigir el pago de los costes sociales y ambientales que provocan las decisiones empresariales, y en este caso concreto, la participación obligada de las empresas en la promoción de una movilidad sostenible a los centros de trabajo. Quizás una ley de movilidad sostenible en el ámbito de la Comunidad de Madrid facilitaría las cosas. Pero ese es un relato para otra ocasión.

Raúl Cordero Núñez.
Secretario de Política Territorial de CCOO de Madrid.

Raúl Cordero

Secretario General de la Unión Comarcal Sur de CCOO Madrid

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