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Arturo Fernández
Arturo Fernández

CEIM se desvincula de la denuncia contra la Comunidad por los cursos de formación

Por MDO/E.P.
miércoles 21 de mayo de 2014, 13:00h
El presidente de CEIM-CEOE, Arturo Fernández, ha afirmado este miércoles que la demanda de algunas asociaciones empresariales contra la Comunidad, en relación a los cursos de formación gestionados por José Luis Aneri, no tiene nada que ver con su organización.
"Nuestras relaciones con la Comunidad son muy correctas. Entendemos los derechos de las asociaciones que están dentro de CEIM, pero no dependen de nosotros porque son independientes económica y autonómicamente. Por parte de CEIM nuestro Consejo no era precisamente el que demandara a la Comunidad", ha afirmado Fernánde en el Foro 'Invertir en España'. 

Asimismo, ha indicado que, según le cuentan los afectados del 'caso Aneri', sus abogados les han aconsejado hacer una demanda contra la Comunidad", pero ha precisado que a la CEIM no le "concierne" el tema porque "son independientes" y se han quedado "fuera de esa decisión".

Las catorce asociaciones y fundaciones víctimas del fraude en los cursos de Formación Continua agrupadas en la Plataforma de afectados por el 'caso Aneri' han presentado una denuncia penal contra altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad por hechos que, aseguran, podrían ser constitutivos de delitos de "responsabilidad in vigilando y/o in eligendo, ocultamiento contumaz, connivencia delictiva, prevaricación e inducción al delito".

La 'Plataforma de asociaciones y Fundaciones afectadas por el Caso Aneri-Vía Lusitana 21' ha explicado en un comunicado que "está decidida a conseguir el absoluto esclarecimiento del escándalo de corrupción de Formación Continua" y por eso, ante la "persistente actitud obstruccionista en la investigación por parte de la Consejería de Empleo y su actitud profundamente injusta" presenta esta denuncia.

En concreto, la plataforma denuncia al exviceconsejero de Empleo, Juan Van-Halen; la directora general de Empleo, Patricia Herrero; el exsubdirector general de Formación Continua, Joaquín Velázquez; la jefa de Sección de la Consejería de Empleo, Francisca Martín; y al responsable de seguimiento de los cursos de formación, Valentín Bote.

Argumentos

Entre los hechos que consideran que podrían ser constitutivos de delito señalan "la Consejería de Empleo conocía desde el año 2010, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), que el empresario José Luis Aneri y las empresas de su grupo estaban cometiendo graves irregularidades en la ejecución de subvenciones" y "a pesar de todo ello se siguieron concediendo subvenciones".

En segundo lugar, apuntan a "indicios relevantes de falsificación de firmas y sellos de entidades privadas y usurpación de identidad que parecen ser conocidas por funcionarios de Vía Lusitana que públicamente amonestan a Aneri por hacerlo sin por otro lado denunciarle ni a la Policía ni a la Fiscalía".

Además, indican que en las subvenciones tramitadas por Aneri "la administración no constituyó, incomprensiblemente, la preceptiva comisión mixta de seguimiento que previenen las disposiciones generales para la financiación de planes de formación, impidiendo con ello que las asociaciones pudieran comparecer y participar en unas reuniones conjuntas con la administración que hubiesen permitido dar un seguimiento oficial a los cursos subvencionados tal y como marca la normativa de aplicación".

A pesar del conocimiento que, en su opinión, la administración tenía de las "irregularidades", la iniciación de expedientes de justificación y expedientes de revocación de subvenciones "se enviaron exclusivamente a la dirección de la sede social de las empresas de Aneri y no a al domicilio de las asociaciones beneficiarias" causándoles "indefensión". Asimismo, aseguran que "al liquidar 'de facto' las garantías jurídicas de dichas asociaciones, abocándolas a su extinción, la administración, en beneficio propio, ha aprovechado, con evidente abuso de posición, para denegar las alegaciones que se están efectuando por parte de las entidades afectadas".

La plataforma apunta a una "apertura irregular de la aplicación informática y el exhorto a presentar fuera de plazo los expedientes a principios de noviembre de 2013" cuando "conocían el fraude" y critican la concesión del sello Madrid Excelente en diciembre de 2013 a la consultora Sinergia, propiedad de Aneri. Por último, las asociaciones denuncian que "son víctimas de una presunta estafa y entramado de irregularidades y posible corruptela" y ofrecen "su absoluta colaboración a las autoridades judiciales y policiales encargadas de la investigación de este asunto confiando que por fin obtengan la tutela judicial efectiva que hasta el momento, por ocultamiento y uso artero y torticero de los procedimientos administrativos, han negado".

La Comunidad de Madrid ha abierto expedientes sancionadores a 25 asociaciones empresariales que recibieron un total de 2,6 millones de euros en subvenciones en 2011 para formación continua, que encargaron a 'Sinergia empresarial'. Ahora se abre un periodo de instrucción en el que las asociaciones pueden presentar alegaciones, pero al tratarse de una infracción grave de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003) las penas se enfrentan a una multa que puede alcanzar el triple de la cantidad indebidamente o no justificada. Además, se enfrentan a la imposibilidad de obtener ayudas, subvenciones, avales y celebrar contratos con la Comunidad de Madrid en un plazo de hasta cinco años.

Más información:

José Luis Aneri ya está en libertad

La Comunidad expedienta a 25 asociaciones empresariales por el caso Aneri

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