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Euro por receta: toca devolver lo recaudado

viernes 09 de mayo de 2014, 11:53h

La Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT-Madrid (UJP), lamenta profundamente la introducción continuada de medidas antisociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que perjudican gravemente al conjunto de la ciudadanía y que repercuten especialmente en la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, que constituye el segmento de población que más sufre los efectos de la crisis.

Para los Jubilados y Pensionistas de UGT resulta intolerable que el gobierno del PP plantee un modelo de consolidación fiscal que se basa en aplicar impuestos inconstitucionales que se utilizan para financiar otras competencias alejadas del mantenimiento de los servicios públicos.

Por todo ello, exigimos que se devuelvan las cantidades esquilmadas a la población de este país por el euro por receta y por el céntimo sanitario, que se han unido al "copago" y al "medicamentazo" impuesto por el gobierno del PP en 2013 y que consolida un modelo de Sanidad que nos retrotrae a las políticas de beneficencia del franquismo para una población que en muchos casos vive en el umbral de la pobreza.

Nosotros estamos convencidos que estas medidas se implantaron con un evidente afán recaudatorio sin que les importase la vulneración de los derechos ciudadanos y con un informe emitido por el Consejo de Estado, que alertaba que atentaban contra el artículo 149 de la Carta Magna.

Además estas políticas atentan contra el modelo que nos dimos los españoles hace más de 30 años, que se basaba en un Sistema Nacional de Salud público financiado por el Estado y concebido como un servicio fundamental, de calidad y universal.

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con el Euro por Receta en Cataluña, le toca al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid poner en marcha los mecanismos de devolución inmediata del dinero recaudado

en nuestra Región, lo mismo que podemos decir en relación con el céntimo sanitario, una medida que el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo anuló también por considerarla contraria al derecho comunitario al no cumplir el principal requisito para este tipo de gravamen: perseguir una finalidad específica.

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