"Algo ha fallado en el protocolo", ha asegurado el psicólogo forense Javier Urra, que fue Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001 y ha trabajado en los juzgados de menores, después de conocerse que una menor llevó su caso a las instituciones en el 2007 y que hasta la semana pasada no se detuvo al profesor acusado de abusos sexuales a 10 menores. En su opinión, "el psiquiatra que derivó el caso al CIAPSI debió informar a la Fiscalía de Menores y el equipo jurídico del CIAPSI también". "Todo el que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de informar", ha recordado.
La Comunidad, sin embargo, ha defendido la gestión de su equipo de atención psicológica. Según su explicación, el Código Penal recoge que la denuncia de este tipo de delitos le corresponde a los padres o tutores legales del menor. Además, ha asegurado que la menor venía derivada de otra institución. "Habría que cambiar las leyes para que este tipo de centros puedan denunciar. ¿Nos saltamos la Ley de Protección de datos y la voluntad de los padres?", han comentado fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, también apoya la tesis del Gobierno regional.
No obstante, Urra ha destacado la importancia de actuar ante este tipo de quejas, ya no solo por la menor en cuestión, sino para evitar que los hechos puedan repetirse con otras personas. "Cuando hay una denuncia, suele haber otros casos", ha comentado. Sobre el silencio que suelen guardar muchas víctimas de abusos, Urra ha argumentado que "los chicos tienen sentido de connivencia, no saben si les van a creer o si se va a volver en su contra. Sienten que son parte del problema".
También ha explicado que desde 1999 los delitos contra los menores pueden ser denunciados por estos cuando cumplen la mayoría de edad, de tal manera que no habrían prescrito. Además, ha pedido que aprovechando la reforma del Código Penal que está elaborando el Ministerio de Justicia se incluya que las personas condenadas por delitos relacionados con menores no puedan volver a trabajar en profesiones relacionadas con ellos, como sucede en este momento.
Figar: "No es de sentido común"
Por su parte, la consejera de Educación, Juventud y Deportes ha afirmado este lunes que el Ejecutivo autonómico cumplió el protocolo establecido ante la denuncia recibida sobre presuntos abusos a menores en el colegio Valdeluz, pero cree que "no es de sentido común" que Asuntos Sociales no trasladara a Fiscalía las denuncias de abusos. "Lo que hemos revisado es que no hubo traslado del centro de Servicios Sociales a las instancias educativas", ha remarcado la consejera, quien ha asegurado que el protocolo "se aplicó". "¿Si me dice si se aplicó el protocolo? Se aplicó ¿Si es de sentido común que no se haya trasladado a Fiscalía? A mi juicio, no. A mi juicio, a lo mejor hay que ver una revisión, pero que se aplicaron los protocolos y lo que estaba previsto eso se hizo", ha aseverado. Figar también ha señalado que no llegó ninguna denuncia a Educación.
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