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Madrid: reforma local y política de empleo

lunes 13 de enero de 2014, 12:33h

Estos días de inicio del año suelen corresponderse con la entrada en vigor de numerosas disposiciones legales que van a regular la vida de nuestras administraciones públicas y de sus ciudadanos. Días que también coinciden con la publicación de datos que nos señalan como se cerró el ejercicio del 2013, o que aventuran lo que será el 2014 y más allá. Días en los que, para nuestra desgracia, vemos como se hacen patentes los efectos de los nuevos recortes ordenados por el gobierno, la subida de servicios básicos como la luz, la congelación de salarios -cuando no, nuevas bajadas- las amenazas de despidos y el resurgir de los conflictos apenas tapados por las fiestas navideñas.

Quienes trabajamos en la política local vemos, además, que la reciente ley de reforma de la administración local ya está haciendo sus estragos y amenazando la pervivencia de servicios públicos que hasta ahora prestaban los ayuntamientos y disfrutaban sus vecinos. Y centrándonos en Madrid, creo conveniente repasar lo que unos y otros hemos hecho para combatir la lacra del desempleo y, con ello, hacernos una idea de lo que nos espera en los próximos meses.

Vaya por delante que desde el inicio del actual mandato municipal, la deriva que la economía y el empleo habían tomando en Madrid se constituyeron en nuestra principal preocupación como grupo político municipal, y que la mayoría de nuestras iniciativas desde la oposición responden a estos dos ámbitos como centro neurálgico de actuación. No fue casual que la primera iniciativa que tomó nuestro portavoz, Jaime Lissavetzky, fuera solicitar la celebración de un Pleno municipal extraordinario y monográfico sobre la situación del empleo en la ciudad.

Nuestro objetivo era alcanzar un Acuerdo para el Empleo en Madrid, consensuado y suscrito por todos los grupos municipales y por los principales agentes económicos y sociales de la capital, para el que propusimos más de 100 medidas tendentes a corregir esta grave situación.

Pese a la mayoría absoluta del Partido Popular y la política "austericida" -que no de austeridad- de recortes y deterioro de los servicios públicos practicada por el gobierno municipal, donde por encima de todo prima el pago de la descomunal deuda, hemos conseguido que varias de nuestras iniciativas fueran atendidas (la escuela de formación en Innovación, la integración de Madrid en la Red de Ciudades Inteligentes...) Otras corrieron peor suerte, como no atender a la creación de un Consorcio de Turismo con la CAM y las empresas del sector, la remodelación de los polígonos industriales, la creación en internet de un portal de empleo, o la modernización real, en profundidad, y no en la mera fachada, de los mercados municipales.

Lamentablemente no hemos podido impedir que se desmantelara el Área de Gobierno de Economía y Empleo -lo que da una medida de la preocupación real del PP por estos ámbitos-, se liquidara la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende", se fusionaran empresas municipales que tienen objetivos sociales y experiencias dispares que les impedirá funcionar correctamente y, lo que más lamentamos, que esa fusión haya conllevado el despido de empleados municipales mediante un ERE que carecía de toda justificación.

Especial atención hemos prestado desde el grupo socialista a la Agencia municipal para el Empleo, tratando en todo momento de mejorar su funcionamiento, sus medios, ampliar sus competencias y , en el fondo, garantizar su viabilidad y subsistencia, ahora claramente amenazadas por la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone un paso atrás por cuanto que impide que los municipios puedan desarrollar políticas activas de empleo, por ser esta una competencia propia de las Comunidades Autónomas.

Si nada lo evita, estamos en las vísperas de encontrarnos en Madrid en el absurdo de contar con una Comunidad Autónoma avanzada en el desmantelamiento de lo público, que desprecia las políticas activas de empleo, que no tuvo inconveniente alguno en disolver el Servicio Regional de Empleo y que, en consecuencia, ha renunciado a colaborar con los municipios en esta materia; y con un Ayuntamiento que contando con una Agencia especializada y con experiencia, amén de una red de centros de formación, de viveros de empresas, de oficinas de atención, y empleados públicos cualificados, se vea en la tesitura de desmantelar toda esa infraestructura, tirar por la borda las inversiones realizadas y dejar sin este servicio público a miles de trabajadores desempleados y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

Porque no nos engañemos, esa reforma de la administración local no busca su racionalización ni su sostenibilidad, sino su deterioro y su desmantelamiento. Es un nuevo ataque al Estado como proveedor de servicios y como motor de la actividad económica y la generación de empleo, en beneficio de una actividad empresarial privada parasitaria de esa misma administración pública. Una actividad empresarial no competitiva, que no crea riqueza pero que si destruye empleo, rebaja las condiciones laborales de sus empleados y mina los derechos sociales. Los últimos casos de las contratas municipales de limpieza, o de la lavandería de los hospitales públicos, son suficientemente esclarecedores de lo que decimos.

Estamos ante una nueva agresión a los intereses colectivos, a lo que es de todos, y de lo que nos quieren privar en beneficio de unos pocos. En primera instancia, lo que toca es oponerse con todos los medios, como bien han demostrado los empleados públicos de la sanidad, la educación, la investigación, la administración...y con ellos los ciudadanos conscientes de lo que nos estamos jugando. Pero no será suficiente ni permitirá revertir definitivamente la situación, si no hay un cambio político es las instituciones.

En el caso de la ciudad de Madrid tendrá que ser un gobierno municipal socialista el que remueva los obstáculos, ponga los medios y lleva a la práctica todas esas propuestas que estamos avanzando para reactivar la economía y generar empleo. Y junto con el gobierno municipal, un gobierno regional en la misma sintonía y con los mismos objetivos, que no pueden ser otros que impulsar un cambio del modelo productivo que genere empleo suficiente y de calidad, al tiempo que preserve y amplíe los derechos sociales individuales y colectivos.

Y asumiendo cada uno sus responsabilidades, es evidente que desde la asamblea y el gobierno regional se deben reorientar las políticas para que la concertación, el convenio y la colaboración sean lo habitual y, a través de estos mecanismos y con las iniciativas enumeradas, surtir de competencias y recursos a los ayuntamientos para que esa lucha contra el paro sea realmente efectiva y eficaz. En otras palabras, darle la vuelta a lo que ha sido la práctica habitual en los últimos años, donde los gobiernos autonómico y municipal, lejos de colaborar en beneficio de los madrileños, se han ignorado y puesto todas las zancadillas posibles, porque primaban más las ambiciones personales que el interés general.

En resumen, unos están por el deterioro, el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos; mientras que otros estamos por su remunicipalización, su mejora y en garantizar su pervivencia para el futuro.

Gabriel Calles.
Concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

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