Ruiz-Gallardón considera que la reforma del aborto es
"la ley más progresista" que ha hecho el Gobierno desde que asumió su responsabilidad hace dos años, y considera que va a servir para abrir un debate en la Unión Europea. Gallardón se muestra convencido de que es una ley que
situará a España "a la vanguardia del siglo XXI". Además, resalta que se trata de un compromiso electoral que el PP introdujo en su programa, y garantiza que
lo esencial del proyecto no se modificará en la tramitación parlamentaria, aunque se tendrán en cuenta las aportaciones que mejoren el texto.
Gallardón dice que el objetivo final de esta ley es cumplir "el mandato constitucional de proteger los derechos del concebido, de la mujer, y de resolver el conflicto cuando ambos derechos entren en colisión". Al respecto, entiende que la norma que aprobó el Ejecutivo socialista es "contraria" a la interpretación que el Constitucional ha hecho del derecho a la vida, además de "deshumanizar" el drama del aborto.
En su opinión, las críticas del PSOE son consecuencia de una "soberbia intelectual", que considera que mayorías alternativas no pueden modificar aquellos asuntos, entre ellos el aborto, de los que la izquierda entiende que tiene el monopolio de su regulación.
Tras subrayar que "el aborto no es un derecho", Gallardón señala que había un requerimiento formal de la ONU para que España derogara el artículo de la ley que permitía abortar en los casos de malformación del feto. Al respecto, el ministro apunta que no se pueden establecer niveles de protección en función de la capacidad o discapacidad de las personas, y se pregunta que si eso se hace con los concebidos, "¿qué impide que en un momento posterior otra legislación lo haga extensible a los que ya han nacido?". "La izquierda está acostumbrada a que cuando pierden las elecciones y gobiernan los partidos populares éstos gestionen de forma distinta, pero sin modificar aquellas leyes sobre las que la propia izquierda cree que tiene el monopolio de la legitimidad (...) y le produce, además de una irritación política, un quebranto ideológico", indica el ministro.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado la reforma en su última rueda de prensa del año, asegurando que se trata de volver a la ley de 1985 hasta que "se impuso una ley que no estaba en un programa electoral". Rojoy no ha hecho más declaraciones sobre este polémico asunto. Preguntado sobre la carta de reprobación que recibió el Ejecutivo central por parte del Gobierno de François Hollande, Rajoy ha declarado: "Me quedo con la rectificación que hizo el Gobierno francés".
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