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Un año de Madrid Arena, la noche de los errores

miércoles 30 de octubre de 2013, 07:30h
Un año después, Madrid Arena todavía está marcado por la maldición de 2012. En la noche de brujas de hace un año, cinco chicas murieron aplastadas en el único vomitorio de salida que habían adaptado en el recinto durante la fiesta 'Thriller Music Park', o días después en el hospital. 24 imputados, 42 testigos, 43 lesionados, 28 tomos y casi 9.500 folios después, el sumario del caso, gestionado por el juez Eduardo López-Palop, está cerca de concluir su instrucción. A medida que el tiempo pasa, la investigación ha ido poniendo de manifiesto el caos que rodeó este suceso.
  • Madrid Arena fiesta Halloween

    Madrid Arena fiesta Halloween
    MDO

  • Miguel angel Flores, gerente de Diviertt

    Miguel angel Flores, gerente de Diviertt
    EFE

  • Pabellón Madrid Arena de Espacios y Congresos

    Pabellón Madrid Arena de Espacios y Congresos
    Juan Luis Jaén

  • El pabellón Madrid Arena de Madridec

    El pabellón Madrid Arena de Madridec
    Juan Luis Jaén

La fiesta se realizó en Madrid Arena. El recinto es propiedad de Madrid Espacios y Congresos, una empresa municipal que había cambiado progresivamente su objeto social para convertirse en la centrifugadora de deuda de Alberto Ruiz-Gallardón. La tragedia precipitó su desmantelamiento, hasta el punto de que fue absorbida por otras empresas públicas de nueva creación. La compañía mantenía un contrato casi en exclusiva para el recinto con Miguel Ángel Flores, uno de los grandes empresarios de la noche madrileña, a pesar de que tenía deudas con la Seguridad Social, algo que le inhabilitaba para contratar este tipo de espacios. Ambas partes aseguran que no existía tal exclusividad y, de hecho, Flores denuncia que le impusieron la seguridad privada, que corría a cargo de la empresa Seguriber, controlada por familiares de políticos del PP.

Una de las claves del caso fue la seguridad. Seguriber asegura que se encargaba del control externo del recinto y de que, ni entrasen menores, ni botellas de alcohol no autorizadas al recinto. Tanto en el aparcamiento de Madrid Arena, como en los alrededores del recinto ferial de la Casa de Campo, hubo varios macrobotellones, que fueron usados como arma arrojadiza entre la Policía Municipal y la compañía, que nunca aceptaron haberse inhibido ante el consumo de alcohol masivo en vía pública. De puertas para adentro, se ha demostrado mediante varios recuentos de entradas que, al menos, había 17.000 personas en el interior, sin contar las reventas y las entradas falsas. Sin embargo, la capacidad del recinto asciende a un máximo de 10.600 personas, divididas en tres plantas y no concentradas en una sola, como permitieron los organizadores de la fiesta. Se supone que otras dos compañías contratadas por Flores se encargaban del control de entradas y el acceso, entre ellas, Kontrol 34. Nadie fiscalizó convenientemente el sobreaforo, ni Madridec, ni la Policía.

El edificio, aunque estaba dentro de la legalidad, no cumplía con la última normativa de seguridad y protección de incendios, ni mucho menos en materia de evuaciones. Los organizadores no gestionaron el flujo de personas y permitieron auténticas avalanchas de gente cuando se acercaba el momento de la actuación de Steve Aoki en la planta principal del coliseo.

A nivel político, la tragedia se llevó por delante a la cúpula de Madridec, que probablemente sea procesada por cinco homicidios imprudentes. Pero, sobre todo, acabó con la dimisión del vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, vinculado por parte de la prensa con Flores y marcado por apresurarse pocas horas después de la tragedia al decir que no se superó el aforo. También cayó Pedro Calvo, concejal de Seguridad, al anunciarse que podría ser imputado, aunque el juez nunca la hiciese efectiva. Dimitió igualmente Antonio De Guindos, coordinador de Seguridad y posterior delegado de Seguridad, al ser imputado. El director general de Emergencias fue muy cuestionado por la actuación del Samur, que tardó en llegar más de la cuenta por la cantidad de gente en la zona y por la mala atención telefónica a las llamadas de emergencias. Sobrevivieron en el cargo la concejala de Seguridad (actual edil de Carabanchel), Fátima Núñez, y el jefe de Policía Municipal, Emilio Monteagudo, a pesar de que el Cuerpo se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre los partidarios del jefe y la responsable de guardia en la comisaría de Moncloa que atendió el suceso. Todo el mundo cuestionó que no se realizase un adecuado dispositivo de seguridad ante una masificación de gente de tal calibre. Botella fue muy cuestionada por viajar en varias ocasiones a un spa en Sintra con su familia, a pesar de la tragedia que estaba ocurriendo en la capital. La comisión de investigación, no satisfizo ni a los familiares de las víctimas ni a la oposición.

La última derivada del asunto fue la que corresponde a la atención médica. El doctor Simón Viñals, exconcejal de José María Álvarez del Manzano de casi 80 años y su hijo, funcionario municipal, trabajaron como el servicio sanitario de la fiesta, sin recursos materiales adecuados ni personal suficiente para atender ese tipo de eventos, lo que demuestra que, cuando las niñas lo necesitaron, los Viñals no hicieron lo necesario. El Colegio de Médicos les retiró su afiliación al considerar que habían obrado en contra de los principios profesionales de la Medicina.

A la espera de que el juez resuelva, las familias de los afectados sienten que no se ha hecho lo suficiente por esclarecer lo que ocurrió. Más allá de maquillajes políticos como trasladar las sedes del Área de Seguridad al recinto ferial de la Casa de Campo, rehabilitar el Palacio de Congresos o aceptar estudiar la posibilidad de cambiar el nombre al Madrid Arena, el Consistorio no ha hecho mucho más. Consideran que se está tratando de tapar el pasado eliminando Madridec y cargando las tintas sobre Seguriber y Flores, que en una reciente entrevista admitía que podía ser en parte responsable pero no el único, y señalaba al Ayuntamiento. Tampoco parece suficiente que se haya modificado la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid o que se hayan endurecido las normas de control de este tipo de eventos. Porque consideran que para los presuntos responsables de la tragedia, la vida sigue igual, a la espera de que en unos dos o tres años, el juez dé su veredicto. Mientras tanto, ellos tienen a sus hijas reposando en el cementerio, sin que nadie acepte ninguna responsabilidad.

Más información:

Rifirrafe municipal por el Madrid Arena

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