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La Comunidad dice que no tiene los documentos que le pide Ruz sobre 'Gürtel'

La Comunidad de Madrid ha asegurado no tener la documentación que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le reclamó el pasado 27 de septiembre en relación con 71 de los 317 contratos que la Administración regional adjudicó a empresas relacionadas con la trama 'Gürtel' entre los años 2004 y 2006.

En un escrito de cuatro párrafos, el secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Lobo Montalbán, asegura que "en los archivos" de su departamento "no consta ninguna documentación referida a la adjudicación y facturación de los actos referenciados".

Ruz quería, en concreto, "toda la documentación" que la Comunidad de Madrid tuviera en relación con la adjudicación y facturación a empresas del presunto cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, el Grupo Rafael y otras cinco sociedades investigadas en el procedimiento.

Entre los actos sobre los que faltaba documentación se encuentran la colocación de la primera piedra de una decena de hospitales, la presentación de la Vuelta Ciclista a España de 2006 o la Cumbre Internacional de Terrorismo celebrada en la capital en marzo de 2005. El instructor del 'caso Gürtel', que adoptó esta resolución a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, recordaba en su auto que en el caso de que "no se disponga de alguna factura relativa a dichos actos ni exista constancia de que se haya efectuado alguna orden de pago de las correspondientes facturas, se debería remitir certificación negativa".

Prueba caligráfica

Del mismo modo, el juez ha ordenado que la imputada Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama, sea sometida a una prueba caligráfica el próximo 18 de octubre para determinar si los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de 'Easy Concept' y la nave que la trama tenía en Alcorcón fueron realizados por ella, como sostiene la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. El juez advierte a la imputada, que no se presentó anteriormente a realizar esta prueba caligráfica, que en caso de "no comparecer ni justificar causa legítima que se lo impida" podría ser apercibida en relación a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

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