De este modo, no sólo las sociedades podrían ser sancionadas, también sus gestores cuando "quede claro que tienen una responsabilidad directa en la comisión", según ha afirmado Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Además, la modificación contempla un aumento en las multas y el posible decomiso de los ingresos de la actividad en la que se ha producido una infracción muy grave. Con estos cambios, los populares pretenden que "no se pueda producir un enriquecimiento ilegítimo e injusto como consecuencia de la promoción de un evento en que se han incumplido las normas de seguridad".
Además, los titulares, organizadores o promotores serán responsables solidarios cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de dichas infracciones por parte del público o usuario. Cuando el responsable de una infracción administrativa sea una persona jurídica, la responsabilidad se extenderá a las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección en el curso del procedimiento sancionador, siempre que se acredite su intervención directa o intencionada.
Según La Comunidad, quienes intervengan en el espectáculo o actividad
o quienes estén bajo su dependencia cuando incumplan el deber de
prevenir la infracción, será inhabilitados hasta que se resuelva su
proceso sancionador para evitar que se produzcan "argucias". El
parlamentario popular ha explicado que el pasado mes de mayo el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se reunió con Isabel de Fuente,
madre de Cristina Arce, una de las chicas fallecidas la noche de
Halloween en el Madrid Arena, y en ese encuentro adquirió el compromiso
de modificar la Ley de Espectáculos en lo relativo al régimen
sancionador y establecimiento de responsabilidades. Es la razón que les
lleva a presentar esta Proposición No de Ley, que se verá este mes de julio en el pleno de la Cámara.
Además, la sanción de inhabilitación impuesta, cuando la infracción tenga que ver con una concentración masiva de personas en un evento,
será publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad
de Madrid, así, según ha explicado Abrines, "no se queda en el ámbito
de un municipio". El popular ha explicado que con esta medida buscan
"endurecer el régimen sancionador" para que "no puedan suceder casos"
como el de Madrid Arena, con el objetivo de que el promotor de este tipo
de actos "no pueda quedar impune".
Las medidas cautelares deberán ser proporcionales a la gravedad de
las infracciones cometidas. Éstas podrán consistir en la adopción de
medidas de acción preventiva de acuerdo a lo dispuesto en la Ley,
especialmente en la suspensión de licencia o autorización, suspensión o
prohibición de la actividad o el espectáculo, la clausura del local o
establecimiento. También se tomarán medidas en el decomiso de los bienes
relacionados con el espectáculo o actividad, el decomiso de ingresos
obtenidos por actividad o espectáculo y la inhabilitación para la
organización o promoción de espectáculos y actividades recreativas
reguladas en la ley. La duración de estas medidas de carácter temporal no podrá exceder de la mitad del plazo previsto en esta ley para la sanción máxima que pudiera corresponder a la infracción cometida.
En cuanto a las infracciones, se considerarán muy graves la
permisión o tolerancia de actividades ilegales, especialmente el consumo
ilícito o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas. Además, la falta de diligencia en impedirlo, la apertura o
modificación de los establecimientos, recintos o locales sin las
licencias de funcionamiento o la celebración de espectáculos sin
licencias serán consideradas muy graves. Por otra parte, será infracción
grave la reapertura de establecimientos y locales sobre los que haya
recaído sanción firme en la vía administrativa de clausura o suspensión
durante su periodo de ejecución, además del incumplimiento de las
condiciones de seguridad exigidas.
También la omisión de las condiciones de salubridad e higiene exigibles, la
venta de alcohol a menores de 18 años, la superación del aforo máximo
permitido cuando comporte grave riesgo para la seguridad de personas o
bienes y la negativa a permitir el acceso a los agentes de la autoridad
durante el ejercicio de sus funciones, así como impedir u obstaculizar
de cualquier modo su actuación serán consideradas infracciones graves.
Además, como sanciones graves también se incluirán el incumplimiento
de las condiciones de seguridad establecidas en la ley cuando no
disminuya gravemente el grado de seguridad exigible, la venta o reventa
callejera o ambulante de entradas, localidades o abonos, el
incumplimiento de la condiciones de insonorización o la venta de tabaco a
menores de 18 años.
Las multas oscilarán entre los 60.001 y los 600.000 euros cuando se trate de infracciones muy graves. Incluso, llegarán a los 900.000 euros en el caso que afecte a menores. Las multas de menor gravedad pasarán a tener una sanción de entre 4.501 y 60.000 euros. Abrines ha afirmado que espera que este procedimiento sea "lo suficientemente explícito, claro, riguroso y duro como para que las personas sin escrúpulos que quieran incumplir la Ley se lo tengan que pensar dos veces".
Todos estos cambios no han calmado los ánimos del PSM. El portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid,
Jaime Lissavetzky, ha apuntado este miércoles que las personas que asistieron la noche de Halloween al Madrid Arena dirán que la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos "llega tarde". Además, ha apuntado que imagina que la modificación será "sensata". No obstante, Lissavetzky ha destacado que por encima de las leyes se encuentran las políticas que permiten ofrecer seguridad a los ciudadanos, algo que a su juicio no ha procurado el Consistorio madrileño.
La diputada socialista, Amparo Valcarce, también ha criticado que el PP "se niega a asumir responsabilidades" en lo sucedido en el Madrid Arena y ahora "se saca un conejo de la chistera" con su propuesta para reformar la Ley de Espectáculos Públicos. "Exigimos una modificación de la ley pero, previamente, el PP tiene que exigir su responsabilidad política en la tragedia del Madrid Arena y la Comunidad tiene que explicar la información que el mismo día de la tragedia entregó por escrito a la Policía ", ha destacado.
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