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La Comunidad cree que es clara la pretensión del gobierno central de consolidar la posición de Gas Natural

La Comunidad recurre la Ley estatal de Hidrocarburos por 'favorecer el monopolio'

La Comunidad recurre la Ley estatal de Hidrocarburos por "favorecer el monopolio"

jueves 27 de septiembre de 2007, 00:00h
Sigue la guerra entre los Gobiernos regional y estatal, esta vez trasladada al mercado gasístico. El Ejecutivo de Madrid ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Consejo de Ministros en julio porque "invade las competencias autonómicas, favorece el monopolio e impide concurrir  en igualdad a las empresas" de distribución de gas.
El vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, no ha querido referirse expresamente a la empresa que, a sus ojos, resultará enormemente beneficiada por la nueva Ley de Hidrocarburos aunque la propia Comunidad de Madrid, en un comunicado a la prensa, alude a Gas Natural como la compañía a la que el Gobierno Central "permite dar un trato de favor" con esta normativa.

Según ha explicado Ignacio González la norma prima a los gestores que tengan mayor implantación, los cuales tendrán preferencia a la hora de que la Comunidad otorgue las autorizaciones de nuevas instalaciones, "limitando así las posibilidades  de acceso de los nuevos gestores a la red".

Por eso, para el viceconsejero la Ley no sólo  "impide concurrir en igualdad de condiciones a todas las empresas distribuidoras" para operar en la región sino que fomenta el monopolio y, además, invade las competencias que reconoce a Madrid su Estatuto de Autonomía. El Ejecutivo regional cree que corresponde al gobierno de Madrid "el desarrollo legislativo, la potestad parlamentaria y la ejecución de la legislación del estado en materia de régimen minero y energético".

En el citado comunicado se añade que, "dado que el distribuidor de la zona en Madrid es Gas Natural, es clara la pretensión del Gobierno Central de consolidar y mantener una situación de monopolio de facto a favor de esta empresa, restringiendo  los derechos a la libre concurrencia y libertad de iniciativa empresarial.
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