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Radiografía de Madrid (VI)

Un sistema educativo en transformación

miércoles 22 de mayo de 2013, 00:00h
Madrid es una de las comunidades autónomas que más cambios está introduciendo en el sistema educativo: la enseñanza bilingüe, el Bachillerato de excelencia, la FP dual o la zona única educativa son algunas de las innovaciones que se están desarrollando, en algunas ocasiones entre fuertes críticas de la comunidad educativa. La implantación de estas novedades ha coincidido con traumáticos recortes presupuestarios que están afectando a todas las etapas.
En el curso 2012-2013 se matricularon 1.138.390 alumnos en los centros educativos de régimen general (de Infantil a Bachillerato) de la Comunidad de Madrid, un 2,1 por ciento más que el año anterior. La mayor parte de los alumnos de primaria y secundaria, un 54 por ciento del total, acude a centros públicos; un 30 por ciento, a concertados; y un 16 por ciento, a privados. Estos estudiantes se reparten en 3.301 centros educativos, 1.631 de ellos públicos. Además, en Madrid hay 15 universidades, seis de las cuales son públicas, sin contar la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Una de las principales innovaciones educativas en la Comunidad de Madrid ha sido la implantación gradual del bilingüismo desde el curso 2004-2005, de tal forma que este sistema ya se imparte en 289 colegios y 81 institutos públicos. La ex presidenta, Esperanza Aguirre, ha asegurado en más de una ocasión que uno de los logros de los que se siente más orgullosa es  el bilingüismo, por el que se imparten algunas asignaturas en inglés. El sistema se ha ido extendiendo a los centros concertados y ha sido copiado por otras comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid también ha creado, si bien con menos aceptación que el bilingüismo, el Bachillerato de excelencia, al que solo pueden acceder los alumnos más brillantes. El curso 2011-2012 se implantó en el Instituto San Mateo, de la capital, y al año siguiente se abrieron aulas de excelencia en cinco institutos. En estos centros los estudiantes reciben una preparación más especializada y con un mayor nivel de exigencia. Sus detractores, sin embargo, critican que segrega al alumnado. 

Situación de la FP
Otra de las novedades en el sistema educativo de la región es la introducción gradual de la FP dual, que también está impulsando el Ministerio de Educación. Esta nueva modalidad, inspirada en el modelo alemán, da más importancia a las prácticas. Así los estudiantes dedican el 60 por ciento de su tiempo a las empresas y un 40 por ciento al instituto, y reciben una beca salario de 450 euros al mes. El primer curso de implantación se inició con dos ciclos formativos y en el curso 2012-2013 se llegó a 14 ciclos y 750 alumnos. El próximo año serán cincuenta grupos.

La Comunidad de Madrid quiere seguir extendiendo la FP dual en los próximos años. Esta ha sido la argumentación utilizada para eliminar el concierto que se tenía con la FP superior en los centros privados, a los que destinaba más de 20 millones de euros. La retirada de esta ayuda podría suponer la pérdida de 7.000 plazas educativas, pues, ante la falta de concierto con la Administración, los precios de matrícula se elevarían considerablemente y los centros podrían acabar dejando de impartir esta formación ante la falta de alumnos. De momento, se está a la espera de ver cómo se llevaría la FP dual a los más de 50 centros afectados, pues la Comunidad asegura que podría subvencionar este tipo de estudios. En total, en el curso 2012-2013 con 69.919 estudiantes de FP de ciclo medio y superior, unos 8.000 solicitantes se quedaron sin plaza.

Madrid también fue de las primeras comunidades en aprobar una ley de autoridad del profesor. Esta norma, que recibió el visto bueno de la Asamblea regional en 2010, reconoce la condición de autoridad pública para los directores, miembros del equipo directivo y profesores de los centros educativos públicos, concertados y privados. La condición de autoridad implica que los hechos denunciados por los profesionales de la enseñanza gozan de presunción de veracidad en sus declaraciones e informes. De esta manera, se trató de fomentar que pudiesen ejercer sus funciones en un clima de orden y respeto. Según el informe del Defensor del Profesor que presenta cada año el sindicato educativo ANPE, la ley ha mejorado la convivencia en las aulas madrileñas.

A lo largo de los últimos años la Comunidad también ha ido introduciendo cambios para impulsar la libertad de elección de los padres. Para ello, se ha creado el área única educativa, que terminará de implantarse en 2013-2014, y que establece que cada municipio es un área. Así en la elección de centro deja de importar la cercanía al mismo siempre se que se encuentre en el municipio —o distrito en el caso de la ciudad de Madrid— de residencia o de trabajo. De esta manera, por ejemplo, una familia que viva en Móstoles obtendrá el mismo número de puntos para cualquiera de los centros de la ciudad. Esta medida también ha sido criticada por la oposición, sindicatos y asociaciones de padres y madres al considerar que podría ser segregadora y que los centros podrían acabar eligiendo a los alumnos en vez de que los alumnos elijan centro.

El Gobierno regional ha relacionado sus políticas educativas con los resultados del informe PISA de la OCDE, que evalúa las competencias de los alumnos de 15 años. En su última edición, sobre competencia lectora, Madrid quedó novena en el ranking de regiones y países, por encima de la media y en el primer puesto de todas las comunidades españolas. Otro estudio a nivel estatal, la Evaluación General de Diagnóstico, sitúa a Madrid como cuarta comunidad en cuanto al nivel educativo de sus alumnos, por detrás de Asturias, Castilla y León y La Rioja.

Dos cursos de recortes

A la vez que se han ido introduciendo estos cambios, la educación madrileña también se ha enfrentado a una serie de recortes presupuestarios y subida de tasas, sobre todo a partir del año 2011. Para 2013 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte tiene un presupuesto de 4.235 millones de euros, un 9 por ciento menos que el año anterior. Este gasto supone un 22 por ciento de todo el presupuesto regional, siendo la segunda mayor partida después de la de Sanidad.

Los primeros recortes se produjeron en el curso 2011-2012, con la ampliación del horario lectivo de los profesores de secundaria, lo que llevó a una menor contratación de interinos y la reducción de horas de biblioteca, desdobles o clases de apoyo en los institutos. Esta pérdida de recursos educativos fue contestada por la ‘marea verde’, que agrupó a docentes, padres y alumnos, en más de una decena de jornadas de huelga y protestas. Más tarde el Gobierno central también adoptó esta medida, aplicada por primera vez en Madrid, en el decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, encaminada a reducir el gasto educativo. En este decreto, con el que se pretendía reducir el presupuesto en esta materia en 3.000 millones de euros en toda España, también se incluyó la no reposición de profesores más allá del 10 por ciento, el aumento de ratio de alumnos por aula en un 20 por ciento o la posibilidad de que los institutos tuvieran solo un tipo de bachillerato. Los sindicatos madrileños calculan que, como consecuencia de la aplicación de estas medidas, se han perdido entre 4.000 y 5.000 profesores en la región en dos años. La Comunidad reconoce haber dejado de contratar al menos a 3.500 interinos.

Los recortes regionales también redujeron las ayudas de comedor escolar, que quedaron solo para los colectivos más desfavorecidos, y el cheque-libro, que fue sustituido por un sistema de préstamo que llegó a menos alumnos que el sistema anterior. Mientras, se siguieron manteniendo las ayudas a la escolarización, un gasto que solo tienen que pagar los usuarios de las escuelas privadas por uniformes o clases de idiomas extraescolares.

A estos recortes en los recursos con los que cuentan los centros educativos, se sumó un aumento de tasas en las etapas de enseñanza no obligatoria. Así, las escuelas infantiles sufrieron una importante subida en el curso 2012-2013 hasta situarse en niveles parecidos a los de la privada, la matrícula de la FP superior pasó a costar 180 euros cuando antes era gratuita y las escuelas oficiales de idiomas pasaron a cobrar el doble.

Por su parte, las universidades públicas también subieron sus tasas a raíz del decreto de abril de 2012 del Gobierno central. Cada comunidad tuvo la potestad de fijar los precios dentro de la horquilla marcada por el Ministerio de Educación. En Madrid la subida fue de 5,8 euros por crédito de media en la primera matrícula, pero el incremento se notó sobre todo en segundas y sucesivas matrículas, con subidas que alcanzaron casi el 400 por cien, con un importante encarecimiento por curso. También los másteres subieron considerablemente. Los habilitantes para ejercer una profesión subieron un 35 por ciento en primera matrícula y los no habilitantes pasaron a costar un mínimo de 3.900 por año. El Gobierno central también endureció los requisitos para la concesión y el mantenimiento de becas universitarias.

En la confianza de que esta subida de tasas aportaría más ingresos a las universidades, la Comunidad redujo las transferencias previstas a los seis campus públicos, unos recortes que se sumaron a varios años de reducción presupuestaria. Sin embargo, las universidades no recaudaron tanto como esperaban debido a que los alumnos redujeron el número de créditos de los que se matricularon y a que bajó la cifra de estudiantes inscritos en másteres. El resultado de todo ello ha sido que las universidades han dejado de renovar contratos temporales a docentes e investigadores y, además, han procedido a medidas como despidos, retirada de ayudas sociales, bajadas de salarios o reducción de cargos académicos.

Ahora, el ministerio prepara una reforma específica de la universidad y acaba de aprobar el proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que incluye pruebas finales de etapa, menos presencia de las asignaturas consideradas no instrumentales o la inclusión de una alternativa ‘dura’ a la Religión, que empezaría a contar como el resto de asignaturas. La ley Wert, como se ha venido a llamar por el actual ministro José Ignacio Wert, cuenta con la oposición de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y estudiantes.
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