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PSOE, IU y UPyD dudan de la ley de bases del régimen local

Presagio de tormenta en servicios sociales

miércoles 27 de febrero de 2013, 00:00h
Los ayuntamientos podrían perder toda competencia en servicios sociales en 2014, según una reforma que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy. La oposición ve intenciones de privatizar, malvender y cerrar muchos de estos servicios. Este miércoles se debatirá sobre este asunto en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
El Consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero un anteproyecto de ley para racionalizar las administraciones locales que, una vez sea refrendado por las Cortes Generales, limitará sueldos y restará competencias a los ayuntamientos de toda España. La medida, justificada por un supuesto ahorro de 7.129 millones de euros, supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que se gestionarán directamente por las comunidades autónomas.

Los servicios sociales se consideran el cuarto pilar del estado del bienestar y van desde la adjudicación de prestaciones económicas para personas sin recursos hasta la asistencia a mayores, menores huérfanos, apoyo psicológico a mujeres maltratadas, programas contra las drogas, comedores sociales, atención a la dependencia... Solo el Ayuntamiento de Madrid supera en 450 millones de euros el presupuesto que destina al mantenimiento de estas ayudas esenciales. Fuenlabrada, por ejemplo, destina 54,4 millones.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo cree que las intenciones del PP auguran una "tormenta perfecta" y, por ello, este miércoles lleva al Pleno municipal una proposición "de defensa de la gestión directa de los servicios sociales y sus prestaciones" pues, a juicio del concejal, "quieren privatizarlos y malvenderlos".

Zerolo concentra las reivindicaciones de su grupo en cuatro puntos. Además de querer que el Ayuntamiento de Madrid manifieste su rechazo a la pérdida de competencias con la reforma de la ley de bases del régimen local, el PSOE pedirá que se inste formalmente al Gobierno de España el mantenimiento del Plan Concertado, transferencia que el Estado aporta a los ayuntamientos para la financiación de estos servicios que ha pasado de tener 86 millones en 2011 a solo 30 en 2013 y que desaparecerá en 2014. También propone que se conserve (y aumente) el presupuesto que la Comunidad de Madrid destina a la red social de los municipios — el llamado 'programa 906' que ha pasado de contar con 107 millones en 2010 a no llegar ni al millón de euros en 2013—.  Por último, pretende que los servicios sociales y sus prestaciones se declaren derechos fundamentales para que no puedan ser suprimidos.

Izquierda Unida, que apoyará la proposición de los socialistas, dijo a través de su portavoz Ángel Pérez que "con el proyecto aprobado ni hacen falta Ayuntamientos ni alcaldesas ni alcaldes; basta con abrir una ventanilla en algunas oficinas de las comunidades autónomas".

Cristina Chamorro, portavoz municipal de UPyD en servicios sociales, considera "muy grave" la posible transferencia de competencias en la materia puesto que "supondrá el cierre de muchos recursos y perjudicará a los ciudadanos". La formación magenta, que también votará a favor de la proposición del PSOE, considera que el PP tiene un plan muy claro: que los ayuntamientos que estaban ahogados dejen de estarlo, aunque esto suponga la eliminación de servicios.

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, Jesús Fermosel, en una entrevista con Madridiario, afirmó sobre este tema que aunque comparte la filosofía de "evitar duplicidades", ésta debe ir acompañada, necesariamente, de una transferencia de recursos económicos.
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