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Jesús Fermosel, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

"No vamos a especular con el suelo de la Cañada"

viernes 22 de febrero de 2013, 00:00h
Jesús Fermosel (Toledo, 1948) no hace ni cinco meses fue elegido por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para dirigir la cartera de Asuntos Sociales. Hombre discreto, pediatra de profesión, dejó entonces su trabajo en el hospital Gregorio Marañón. Ahora lidera el plan que pretende arreglar, de una vez por todas, los problemas de la Cañada Real.
La Comunidad ha presentado el plan urbanístico y de seguridad para la Cañada Real, pero aún falta el social. ¿Para cuándo?
Lo tenemos muy avanzado. Estamos trabajando de manera interna las consejerías de Educación, Empleo, Sanidad y, por supuesto, Asuntos Sociales y la próxima semana mantendremos la última reunión. En la Cañada Real hay dos realidades: una que va del sector I al sector V, que tiene en general una población normalizada usuaria habitual de los servicios sociales de los ayuntamientos y distritos, y otra que es el sector VI, donde hay una gran problemática social, de delincuencia y tráfico de drogas, que además tiene una incineradora que condiciona su desarrollo. Para este sector nos hemos propuesto un plan social a diez años, pues el tema es demasiado complejo como para solucionarlo en pocos meses. Este plan social, que también estará consensuado con los ayuntamientos, queremos que lo conozcan los vecinos. En la Cañada Real sin los vecinos no hay solución. Tal y como recoge la ley, tienen que ser parte activa de la solución. La colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales con todas las administraciones está más que demostrada.

Para el sector VI (Valdemingómez), la zona más marginal, el plan social es a diez años. ¿Se plantea adecentar la zona a nivel alumbrado, agua corriente o asfaltado para este periodo, aunque sea de manera provisional?
El modelo que hemos presentado, y que en principio los ayuntamientos aceptan, trata precisamente de eso, de que los vecinos que tienen luz o agua de manera irregular puedan tener todo legal. Ellos quieren pagar impuestos.  Pretendemos una urbanización sencilla, preferentemente peatonal, pero que puedan circular vehículos y acceder bomberos y ambulancias. Que sea la misma urbanización (que el precio del suelo sea el mismo en Madrid, Coslada y Rivas), una unidad homogénea para toda la Cañada menos para el sector VI. En este sector queremos hacer un polígono industrial y, si se puede, consolidar algún tipo de vivienda que cumpla los requisitos que marca la ley. Esta zona a su vez valdría para gestionar puestos de trabajo.

Otro problema que hay es el de la seguridad, para el que se firmó un protocolo que creo es fundamental. En el sector VI hay un grave problema de chabolismo, infravivienda y exclusión social. El Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), que ha sido premiado por la Unión Europea, es un modelo para la intervención social con la población excluida mediante el realojo. Pero el realojo no se puede hacer de hoy a mañana; primero hay que preparar a la gente para que adquiera hábitos sociales normalizados.

¿Pero se plantea adecentar la zona de infraviviendas para estos diez años?

Estamos hablando con los representantes del sector VI y sí: lo que queremos es dignificar la Cañada Real como barrio con unas condiciones dignas y de salubridad que incluye el alcantarillado y todo eso. ¿En qué plazo? A mí cuando me preguntan por un límite de tiempo me sorprende un poco, porque la Cañada Real lleva 50 años con los mismos problemas. Ahora hay que pactar, coordinar y saber la opinión de todo el mundo. Me suelen preguntar que para cuándo la primera piedra. Para mí la primera piedra fue la aprobación de la ley de Cañada Real. Ahora los vecinos tienen mucho que decir. Cuando hablas con ellos te das cuenta de que su principal preocupación es el acceso a la propiedad del suelo. En 50 años nadie les ha dicho que se vayan de ahí, las administraciones han mirado para otro lado, y eso genera derechos. Desde que se aprobó la ley hemos tenido casi cien reuniones con vecinos, administraciones y ONG que trabajan en Cañada Real para conocer cuál es la problemática. Se ha elaborado un censo que nos ha dicho que hay 7.725 residentes y no 30.000 o 40.000 viviendo en condiciones infrahumanas como se creía.

¿A qué precio se venderá el suelo?
No lo sé.

Los vecinos lo quieren saber…
Los vecinos lo que dicen es que están deseando pagar lo que les corresponda por su suelo. Ese es su deseo fundamental, que se haga digna la habitabilidad de Cañada Real.

¿Qué pasará con los vecinos que no tengan dinero para comprar el suelo en el que viven? También los habrá.
Sí, también los habrá. Hemos pintado el marco y los cuatro pilares en que se basa ese marco: seguridad, jurídico (que es muy técnico y concreta lo que tiene que hacer el vecino para acceder a la propiedad del suelo), el social y el urbanístico. Durante la tramitación de la ley pasaron muchos expertos por la Asamblea de Madrid que decían que un buen urbanismo soluciona muchos problemas sociales. Yo comparto esa idea. Concretamente la decana del Colegio de Arquitectos dijo que solo había dos soluciones: o se derrumbaba y se dejaba como Cañada [vía pecuaria] o se vendía el suelo a los vecinos. Es la primera vez que que en 50 años se aborda el problema y los vecinos celebran que al fin se les dé solución. Lo demás está por venir. Tenemos una ilusión tremenda. Al final tendremos que llegar a las situaciones concretas, con nombre y dos apellidos, de eso no me cabe ninguna duda. Pero entonces habrá que buscar soluciones concretas, no vale generalizar.

¿Descarta la venta de terrenos a empresas constructoras?
En las casi cien reuniones que hemos mantenido jamás hemos hablado ni de promotoras ni de constructoras. Jamás. Cuando cualquier ayuntamiento hace una promoción de vivienda social lo lleva a cabo una constructora, alguien pone los ladrillos, alguien tiene que trabajar en eso. Los vecinos, con buen criterio, han propuesto que las empresas les empleen a ellos, puesto que tienen experiencia y nadie le va a poner más cariño.

Se ha hablado de especulación urbanística.

En absoluto vamos a especular ni con el suelo ni con las parcelas, es más, todo el dinero que salga de Cañada Real revertirá en Cañada Real.

¿Qué tal las relaciones con los ayuntamientos de Madrid y Rivas después del desencuentro?
Quizá hubo algún que otro malentendido. Para nosotros la Cañada Real es de interés general y, en un acto de transparencia, lo presentamos públicamente. Me reuní con el Ayuntamiento de Madrid y con el alcalde de Rivas y quedamos en seguir trabajando tanto en el plan urbanístico como en el plan social. Hay ayuntamientos que quieren poner por delante el plan social, que para mí no es ni más ni menos importante que los demás.

El viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley, que una vez pase por Congreso y Senado supondrá la transferencia de todas las competencias en servicios sociales a las autonomías, pero sin financiación extra. ¿Qué le parece?
Comparto la filosofía de una administración, una competencia para evitar duplicidades. Pero he participado en alguna comisión mixta de transferencias y cuando se hace es necesario transferir también recursos humanos, físicos y dinero. Si es así, ningún problema.

Trabajadores de residencias de mayores públicas llevan semanas de encierros por el empeoramiento de sus condiciones laborales.
Hay una ley que aumenta la jornada laboral de los trabajadores de la Comunidad de Madrid de 35 a 37,5 horas semanales, lo cual quiere decir que el trabajador tiene que trabajar dos horas y media más a la semana. Eso se puede hacer de muchas formas, pero no se ha podido llegar a un acuerdo porque la opción de los trabajadores era solapar las jornadas media hora. Es decir, que los que entran por la mañana salgan media hora más tarde, coincidiendo así media hora con los del turno de tarde, y los tarde con los de la noche. Solapar dos plantillas es ineficaz, por eso pactamos que esa media hora se acumule en jornadas y trabajar los sábados. Cuando se trabaja en sábado se libra otro día. Esto pasa en el mundo sanitario y en el mundo social. Cuando tenemos gente que tenemos que cuidar 24 horas al día los 365 días del año a mí proponer el solapamiento de plantilla me parece ineficaz. Trabajar dos horas y media más a la semana tiene que suponer, de una u otra manera,  algún ahorro.

En Madrid hay unas 22.000 personas que tienen reconocido algún grado de dependencia que aún no cobran su prestación [según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso].
Estamos valorando las solicitudes en menos del plazo que marca la ley, estamos reconociendo y dando la prestación. La Comunidad de Madrid es la tercera de España, según los datos oficiales del Imserso, que atiende a los dependientes. El presupuesto que gasta Madrid en atender la dependencia es de más de 940 millones de euros. Nuestra propia ley de servicios sociales de 2003 ya reconocía la dependencia como derecho subjetivo. Tenemos 29.000 plazas residenciales para personas mayores y 21.000 plazas para personas con discapacidad, muchas de las cuales tienen dependencia. Creo que el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido muy importante. Ahora estamos reestructurando la ayuda a domicilio y la teleasistencia para ser más eficaces.

En 2012 el Gobierno regional tuvo que ampliar el presupuesto destinado a la Renta Mínima de Inserción (RMI) [ayuda económica para personas sin ingresos establecida por ley como derecho subjetivo]. ¿Prevé que el número de beneficiarios siga subiendo por el agravamiento de la crisis?
En 2012 el presupuesto de la renta mínima fue de 56 millones y hubo que ampliarlo. El presupuesto de este año es de 82 millones, un 56 por ciento más. Madrid es probablemente la única comunidad de España en la que, si se cumplen los requisitos para percibir esta renta, se percibe sin fecha de caducidad. Otras comunidades autónomas solo la dan seis meses. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso con las personas que más lo necesitan. En principio pensamos que este año no será necesario ampliar el presupuesto. Ahora estamos atendiendo entre 17.000 y 19.000 familias.

Usted es pediatra. ¿Qué le parecen las protestas que tantos compañeros de profesión llevan haciendo desde noviembre contra la privatización sanitaria?
Veo que hay muchos intereses y falsas verdades. La sanidad va a ser universal y gratuita, eso no lo pone en cuestión nadie. La sanidad no se privatiza, se 'externaliza' su gestión. El ciudadano va a seguir pagando sus impuestos y  teniendo derecho a la sanidad gratuita. En Madrid ya hay ejemplos que demuestran que este modelo funciona perfectamente, como la clínica de la Concepción, el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Valdemoro o el de Torrejón.
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