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Los inmigrantes 'sin papeles' pierden el derecho a la sanidad gratuita

viernes 31 de agosto de 2012, 00:00h
Desde el 1 de septiembre, los inmigrantes 'sin papeles' no pueden acudir al médico (sin abonar factura) a no ser que se encuentren en situación de emergencia o sean menores o mujeres embarazadas. Fue una de las consecuencias del real decreto del 20 de abril aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Lo llamaron real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pretendía asumir un recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad y contemplaba las siguientes medidas: pago de prótesis ambulatorias y transporte sanitario no urgente, 'copago' farmacéutico, exclusión de la prestación para fármacos para síntomas menores, anulacion de las tarjetas sanitarias para menores de 26 años sin cotizar y extranjeros indocumentados.

Esta última medida indignó enormemente a asociaciones y ONG de trabajo con extranjeros, pues la tacharon de "racista" e "insolidaria". Médicos del Mundo lanzó la famosa campaña 'Derecho a curar' donde defendian el derecho fundamental a la salud, recogido en la Constitución. Hubo numerosos actos de protesta, ante hospitales y centros de salud los días previos a la entrada en vigor de la normativa. Los médicos dijeron temer el colapso de los servicios de urgencias.

La Comunidad de Madrid envió un documento a los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con una serie de instrucciones para asumir el real decreto-ley que especificaba que, en los servicios de urgencias, se atendería a los pacientes por enfermedad grave o accidente "hasta la situación de alta médica". Además se atendería en el embarazo, parto y postparto, las consultas de menores de 18 años, todos los procesos cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto de 2012, los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata y los supuestos de salud pública que puedan repercutir en la sociedad —enfermedades de declaración obligatoria como sida, sífilis o gripe y trastornos mentales graves como esquizofrenia o trastornos obsesivos—.

La Consejería de Sanidad dijo que, en el resto de los casos, estas personas deberían suscribir un convenio para ser atendidos, pagando una cuota. Si el paciente precisa un seguimiento posterior "se le indicará que para ser atendido, puede suscribir un Convenio Especial para dar cobertura a dicha asistencia o, en caso contrario, ésta le será facturada y, en su caso, la factura será remitida, a través del órgano competente de la Administración General del Estado, a su país de origen", en virtud de los convenios existentes con algunos países (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Las recetas dejaron de estar financiadas por el Sistema Nacional de Salud.

En enero de 2012 había empadronados en Madrid 1.009.926 extranjeros. De los cuales, 890.236 cuentan con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor —esta cifra incluye a los comunitarios (395.635) y a los extracomunitarios (494.601)—, según las estadísticas de la Secretaría general de inmigración y emigración de 2011 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto significa que, aunque los datos estén en constante variación y no haya un registro específico, que en la región habría 119.690 inmigrantes empadronados que no tienen la documentación en regla. Las organizaciones sociales calcularon que más de 100.000 inmigrantes indocumentados perdieron su tarjeta sanitaria. La campaña 'Yo sí. Sanidad Universal' puso en marcha una serie de medidas para la desobediencia civil de la norma.

No todas las comunidades aplicaron la medida. El Gobierno Vasco denunció la inconstitucionalidad de la normativa. El 17 de diciembre, el Tribunal Constitucional avaló la decisión del Ejecutivo de Patxi López de continuar dando atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles'.
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