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El Tribunal Supremo anula 22 desarrollos urbanísticos de Madrid

domingo 30 de septiembre de 2012, 00:00h
El 23 de octubre, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de 22 desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. La decisión afecta a 135.000 viviendas previstas.
El contencioso juriídico se inició cuando el PSOE interpuso un recurso contra la orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, de 17 de abril de 1997, que publicaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprobaba definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El Plan declaraba como urbanizable gran cantidad de superficie protegida del municipio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en 2003 en contra de dicho plan.

El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo, que desestimó en 2007 los argumentos municipales. Declaró injustificada la desclasificación de suelo protegido de 22 áreas urbanísticas, quedando exentas de nulidad Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro. Afectaba de esta manera a planes parciales y de sectorización, amenazando, por extensión, a la situación de 135.000 viviendas previstas para estos ámbitos.

En 2008, la Comunidad de Madrid trató de subsanar la revocación del PGOUM incorporando un complemento a la memoria con el fin de aminorar el fecto de la decisión judicial. El caso volvió al TSJM, que rechazó en 2011 una demanda particular contra el acuerdo de la Comunidad. De nuevo, el Supremo quitó la razón a las administraciones, confirmando la nulidad del plan urbanístico.

La sentencia de 2012 supone el mayor problema que tiene por delante el Ayuntamiento, ya que bloquea el crecimiento de la ciudad de los últimos quince años y de las próximas décadas. Además, abre multitud de frentes con promotores, constructores y compradores de viviendas que han depositado su dinero y esperanzas en estos desarrollos. Ecologistas en Acción se personó en la causa para obtener del tribunal que cualquier persona, incluso si no fue parte inicial del proceso judicial, pueda interesar la ejecución forzosa de la sentencia. De esta manera, quieren evitar que se ignore la sentencia a causa de los hechos consumados desde que se llevó el caso a los tribunales.

Entre la espada y la pared, el Consistorio pidió una aclaración de la sentencia al juzgado para desarrollar un mecanismo de subsanación. La jueza asegura que sus argumentos jurídicos están muy claros, mientras que el Ayuntamiento considera que la sentencia anula decisiones municipales como tales pero acepta acuerdos del Consejo de Gobierno regional que incluyen las mismas decisiones municipales descartadas por el Alto Tribunal.
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