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Interior no se plantea modificar el derecho de manifestación

Interior no se plantea modificar el derecho de manifestación

miércoles 03 de octubre de 2012, 00:00h
El Ministerio del Interior, tras la idea expuesta por Cristina Cifuentes este martes de "modular el derecho a manifestarse", no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, según informaron en fuentes gubernamentales.
La delegada del Gobierno insinuó este martes la necesidad de restringir el derecho de reunión y manifestación -recogido en el artículo 21 de la Consitución- al afirmar que es "muy permisivo y amplío" y apostó por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

Cifuentes admitió que el derecho de manifestación es constitucional, pero apostó por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". Para ella, "significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo".

En este sentido, Cifuentes, que ha tenido que rectificar este miércoles, defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho de manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución", avanzó.

El Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta iniciativa aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido varias manifestaciones.

Reacciones de la oposición
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha mostrado su rechazo a esta propuesta con dureza y ha acusado al PP de tener "querencias predemocráticas". Gómez ha acusado a Cifuentes de tener "reminiscencias de su militancia política anterior al PP" y ha criticado que su partido este "en contra de que la gente pueda manifestarse, en contra de que la gente pueda expresarse en libertad y en contra de lo que se ha construido en este país en los últimos 35 años".

"Te quitan el pan te quitan la sal, te quitan la prestación por desempleo, te quitan las pensiones y además no se puede protestar", ha incidido Gómez que se ha preguntado si el PP está llevando a la sociedad a "tiempos predemocráticos".

Para el líder de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, la actitud de Cifuentes "es incompatible con el cargo de delegada del Gobierno". Gordo asegura que este tipo de declaraciones solo contribuyen a echar "más gasolina al conflicto social que el PP está generando al empobrecer a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

"El Partido Popular quiere acabar con la Constitución", ha manifestado Gordo, quien ha añadido que la idea de Cristina Cifuentes, "lejos de contribuir a garantizar los derechos de los ciudadanos, lo único que intenta es parar lo imparable, la contestación social a unas políticas que solo benefician a las elites económicas".

También con dureza se ha expresado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha advertido en Twitter que los socialistas no van a "tolerar más recortes de derechos".

La judicatura y los policías, en contra
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha asegurado que la propuesta de Cifuentes es "propia de regímenes autoritarios y dictatoriales". Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional".

"Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.

Por la misma senda han ido las declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien ha asegurado que "la delegada se sitúa fuera de la Constitución".

Además de los jueces, también se posicionaron en contra de Cifuentes los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, que contestaron a Cristina Cifuentes que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación, al tiempo que le recordaron que se trata de un "derecho sagrado".

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho tener la impresión de que el "hueco en la primera línea" que ha dejado en la "derecha" Esperanza Aguirre lo quiere ocupar Cristina Cifuentes. En su opinión, la idea de "restringir" el derecho a manifestarse en Madrid son "ocurrencias siniestras y antidemocráticas".

El juez Decano de Madrid, José Luis Armengol, se ha mostrado este miércoles en contra de una posible modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho a manifestarse al estimar que este extremo no es "en absoluto necesario", puesto que a su juicio la legislación vigente funciona "con normalidad".

González apoya a Cifuentes

Los que sí se han mostrado compresivos con estas polémicas declaraciones han sido sus compañeros de partido. Ignacio González ha explicado que Cifuentes no ha dicho que se "restrinja" el ejercicio del derecho de reunión, pero "lo que tiene razón la delegada de Gobierno es que no se puede estar permanentemente colapsando toda la ciudad porque hay que respetar el derecho de manifestación pero también el derecho de los demás ciudadanos a moverse y poder circular por la ciudad".

Por eso, ha insistido en que Cifuentes lo que ha pedido es que se pueda administrar esas peticiones "de una manera racional para que no se produzca un colapso permanente en el centro de la ciudad". Para González, "es algo bastante razonable". "Cualquier ciudadano sabe lo que está pasando y que prácticamente todos los días hay muchas movilizaciones en el centro dificultando la movilidad de los demás... no tiene mucho sentido", ha concluido.

También cercano a la postura de Cristina Cifuentes se ha mostrado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, quien ha manifestado que "hay que preservar la libertad de expresión pero también ponderar otros intereses en juego".

Además, El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que una modulación del derecho de manifestación podría ser "perfectamente legítima" en términos constitucionales, pero que cualquier "regulación de un derecho de expresión democrática de la ciudadanía" debe ser "excepcional". "Ningún derecho puede comportar una patente de corso", ha añadido.
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