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Los impagos de las administraciones atascan los juzgados de lo contencioso hasta 2017

Los impagos de las administraciones atascan los juzgados de lo contencioso hasta 2017

miércoles 04 de julio de 2012, 00:00h
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ingresó 39.473 asuntos durante el año 2011, lo que supone un 26,76 por ciento que el año anterior. Esto hace que los juzgados acumulen un retraso en sus señalamientos próximo a los cinco años. Es uno de los datos de la memoria del TSJ, que revela que la justicia madrileña presenta la segunda tasa de litigiosidad más elevada de toda España.
La Justicia madrileña está saturada. Así lo ha denunciado este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, durante la presentación de la memoria de este organismo correspondiente al año 2011.

Y el caso más sangrante es el de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que están empezando a señalar los procedimientos abreviados para el año 2017. "Es un dato muy preocupante -ha insistido Vieira-. Los ciudadanos tienen una controversia con la administración y ésta no se resuelve hasta cuatro o cinco años después... Eso es una barbaridad", ha lamentado.

Gran parte de la culpa de este retraso, según ha explicado el máximo dirigente de la justicia madrileña, la tienen los impagos de las administraciones públicas, que están inundando los juzgados con las reclamaciones de los acreedores. "El pago a proveedores que se acaba de llevar a cabo puede aliviar esta situación, pero todavía no se ha notado", ha matizado Vieira.

Los datos reflejados en la memoria revelan que el número de asuntos ingresados en los 24 juzgados de esta jurisdicción aumentaron un 26,76 por ciento en el último año, pasando de los 31.352 casos de 2010 a los 39.473 recibidos durante el año pasado.

Esto ha hecho que, pese a que los juzgados han sacado adelante más trabajo que el año anterior -se han resuelto 29.065 procedimientos, un 4,63 por ciento más que en 2010-, el número de asuntos pendientes se ha incrementado en un 27,80 por ciento. En concreto, a finales de 2011 quedaban pendientes 51.164 asuntos, mientras que cuando se inició el año había 40.034 casos sin resolver. 

Es el caso más significativo de una administración, la de Justicia, que presenta la segunda mayor tasa de litigiosidad de toda España, sólo superada por Andalucía. Y eso que los juzgados madrileños recibieron este año 1.498.227 asuntos, un 2,27 por ciento menos que en 2010.

Una de las explicaciones a este descenso, paradójicamente, puede encontrarse en la crisis económica. "La crisis ha producido que se acuda menos a los tribunales -ha subrayado Vieira-. Quizás, con esta situación económica, quien no puede sufragárse el acceso a la Justicia se lo ha podido pensar dos veces".

En el mismo periodo de tiempo, la justicia madrileña resolvió 1.510.392 asuntos (un 0,11 por ciento más que en 2010), lo que dejó en 472.215 el número de asuntos sin resolver (un 3,07 por ciento menos que el año anterior). Cada órgano judicial, por tanto, resolvió de media 2.753,56 asuntos.

Algunos de ellos, incluso, superaron con creces los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial. Es el caso, por ejemplo, de los doce Juzgados de lo Mercantil, que resolvieron de media 598,50 asuntos cuando el CGPJ establece que cada uno no debe superar los 350 asuntos anuales. Lo mismo sucede con los juzgados de Instrucción. Las recomendaciones del órgano de gobierno de los jueces fijan un límite de 6.700 casos por cada órgano judicial, pero cada uno de los 54 juzgados madrileños resolvió, sólo durante 2011, una media de 9.086,93 asuntos.

Con estos datos sobre la mesa, es lógico que el presidente del TSJ sea escéptico sobre la ampliación de la planta judicial como solución a este atasco. "Esta elevada litigiosidad no se combate creando nuevos órganos judiciales -ha subrayado Vieira-. Es más, si solo se crean juzgados y no se reduce su ineficiencia, solo sirve para aumentar la saturación".

El objetivo: reducir la litigiosidad

Por eso, el presidente del TSJ ha exigido que se tomen medidas que ayuden a reducir la elevada litigiosidad de la justicia madrileña. La primera de esas medidas sería la modificación del sistema de acceso a la justicia gratuita que, según Vieira, "no permite una valoración previa eficaz del asunto para el que se solicita la asistencia".

En este sentido, el máximo responsable de la justicia madrileña ha señalado que no cree que el recorte de un 20 por ciento para la justicia gratuita anunciado por el gobierno regional "no tiene porqué afectar a este servicio". "Hay muchos querellantes patológicos cuyas demandas carecen de sentido -ha explicado-. Si se consigue que solo lleguen los asuntos que tienen que llegar, este recorte no debería afectar a la justicia gratuita".

Además, el TSJ propone fomentar las medidas de resolución extrajudicial de los conflictos, como la mediación y el arbitraje. "Estas iniciativas no solo reducen la litigiosidad, sino que la resolución para las partes suele ser mucho más satisfactoria", ha insistido.

Por último, Vieira ha aprovechado para recordar que esas mejoras en la administración de justicia redundarían en el resto de la sociedad y ayudarían a salir de la crisis con mayor rápidez. "A pesar de la crisis, es el momento para que nos fijemos en aquello que puede mejorar y que no necesariamente tiene que implicar un elevado coste económico -ha insistido-. Además, una mejora de la Justicia contribuiría a mejorar el funcionamiento económico y daría más confianza a las instituciones españolas, lo que ayudaría a mejorar la situación del país".
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