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El fiscal general del Estado, partidario de que las autonomías devuelvan la Justicia al Estado

El fiscal general del Estado, partidario de que las autonomías devuelvan la Justicia al Estado

lunes 02 de julio de 2012, 00:00h
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha considerado "un error" el haber cedido las competencias de Justicia a las comunidades autónomas y ha pedido que se devuelvan al Estado. Torres-Dulce se une así a otras voces que han exigido la recentralización de la Justicia, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
A la lider del PP madrileño le ha salido un aliado en su cruzada para deshacerse de las competencias de Justicia. Un aliado de peso. Como ya hiciera la presidenta madrileña, el fiscal general del Estado ha calificado como "un error" la cesión de estas competencias a las comunidades autónomas y ha pedido que, "si es posible", vuelvan al Ejecutivo central.

Una petición que Aguirre ya hizo en julio del año pasado y que volvió a repetir el pasado mes de abril durante un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante la reunión, Aguirre propuso que el Estado recuperase las competencias de Justicia, Sanidad y Educación. "Tenemos que cortar radicalmente con las duplicaciones y triplicaciones de funciones que se producen en este momento. Hay que acabar con todo lo que sea superfluo para poder conservar y mejorar lo que es imprescindible", señaló entonces la presidenta.

Unos días después, y tras reunirse con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la consejera madrileña de este ramo, Regina Plañiol, matizó las palabras de la presidenta y aseguró que Madrid seguiría gestionando estas competencias "salvo que haya unas circunstancias muy extremas". "Sólo entonces nos plantearíamos una revisión del modelo autonómico, pero ahora hay que arrimar el hombro y colaborar en las reformas que va a llevar a cabo el Gobierno", subrayó la consejera tras reunirse con Gallardón.

Este lunes, durante el seminario 'Justicia y Economía' organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez, Torres-Dulce ha vuelto a sacar la idea del cajón. A su juicio, fue un "error" haber traspasado competencias de orden material y personal a las autonomías. "Lo diría con la boca chica, pero algunas comunidades serían partidarias", ha insistido. "Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar", ha advertido.

El fiscal general ha defendido durante su intervención que "cualquier cambio normativo implica costes económicos", al tiempo que ha abordado la situación y las necesidades del ministerio fiscal. En este contexto, ha denunciado la reducción de 400.000 euros que ha sufrido este órgano en materia de formación. "Una cosa son los recortes y otra el hachazo presupuestario", ha lamentado. Según ha dicho, la rebaja presupuestaria afecta a formación inicial y continuada, idiomas o becas para el acceso a la Carrera Fiscal.

Partidario del 'copago' judicial

En todo caso, Torres-Dulce ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de un "presupuesto singularizado" que permita a la Fiscalía saber de cuanto dinero dispone para cada partida. De lo contrario, ha añadido, difícilmente se podrá hablar de independencia y autonomía en el Ministerio Público.

A su entender, las tasas judiciales son necesarias para evitar que todos los costes se paguen a costa de tributos o impuestos. Así, ha criticado el discurso "demagógico" basado en "la Justicia para todos" por ser propio de "una injusticia antidemocrática". "Quien impulse la Justicia y pueda pagarla, que la pague", ha dicho. En relación con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ha advertido de que "entrará en guerra" si ese texto no va acompañada de una memoria económica y si no se adscriben unidades de peritos y agentes de la policía judicial "directas y exclusivas" al Ministerio Fiscal", lo cual tendrá "costes de plantilla".

En otro orden de cosas, ha apostado por reducir a "dos o tres" el catálogo de delitos que juzga el jurado popular, al tiempo que ha reprobado el tiempo y la motivación que se atribuye a estas institución. Por último, Torres Dulce ha pedido que a los delitos flagrantes sean juzgados en un plazo de "24 ó 48 horas" para que no se dilaten en el tiempo, mientras que las faltas sean expulsadas del sistema jurisdiccional.
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