
Las acciones de la nueva entidad se repartirán entre la Comunidad (80 por ciento) y los municipios de la región (20 por ciento). Hasta el momento se han sumado más de cien ayuntamientos, que representan el 81,7 por ciento de la población madrileña, a los que podrían sumarse varios más antes de este viernes.

La principal novedad que acarrea esta operación ?que ha costado cuatro años de trabajo y 1,2 millones de euros en estudios y asesoramiento? es que los municipios podrán llevarse una parte de los beneficios del Canal. Al cierre de cada ejercicio, los dividendos de esta sociedad se repartirían entre los accionistas. Esos beneficios ascendieron, según fuentes de la entidad, a 135 millones de euros en 2011. Este año se prevé que sean 120.

A estos ingresos se sumarían los que arrojase la venta de parte de las acciones ?con un máximo del 49 por ciento? a capital privado. Una enajenación que quedará a criterio de cada accionista, ya se trate de un municipio o de la propia Comunidad. Esta última ya ha anunciado su intención de vender el 49 por ciento de su parte "en cuanto los mercados estén en condiciones de pagar lo que vale", una circunstancia que no se da en la actualidad.
Por su parte, cada municipio tomará su propia decisión ?si vender o no, y qué parte, con un máximo del 49 por ciento?, aunque no antes que la Comunidad. Todas las partes tendrán que ponerse de acuerdo para iniciar el proceso.
El capital social de la nueva empresa será fijado por el consejo de administración que se celebrará en las próximas semanas, que también fijará las relaciones entre esta y el ente público Canal de Isabel II. La operación tendrá una vigencia de 50 años renovables. En cuanto a los trabajadores afectados por la nueva situación, la Comunidad asegura que serán transferidos a la nueva empresa y conservarán sus derechos consolidados.