Cifuentes: "Me gustaría reunirme con el 15-M"

¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Llego con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas para mejorar el funcionamiento de la Delegación y, sobre todo, con la idea de acercar la Delegación del Gobierno a la ciudadanía, abriéndola a través de las redes sociales e Internet para llegar a muchos más ciudadanos y poder agilizar nuestros canales de información. Incluso quiero ver la posibilidad de agilizar determinados trámites a través de Internet y, por otra parte, mediante el compromiso de atender y recibir  -personalmente y con mi equipo- a cualquier asociación o a cualquier ciudadano que se quiera dirigir a nosotros con cualquier cuestión. Además, la prioridad número uno en materia de seguridad ciudadana es reducir el delito en Madrid, convertir Madrid en la capital más segura de Europa y la Comunidad en la comunidad más segura de Europa. Pero la Delegación tiene muchas competencias, no sólo en materia de seguridad y orden público. Estas competencias van desde la educación, asuntos sociales, materias que tienen que ver con extranjería, agricultura, industria, energía... Queremos darlas a conocer y acercarlas a los ciudadanos para que las entiendan y se puedan beneficiar de todo lo que la Delegación puede hacer para facilitarles la vida.

¿El futuro de la Delegación pasa entonces por la administración electrónica?
En gran parte sí. Hay gestiones que hay que hacer de manera presencial, pero hay muchas otras que si se pueden hacer mediante la administración electrónica, entendiendo ésta como acercamiento al ciudadano y como una forma de facilitar los trámites. Para que todo ciudadano que quiera realizar determinadas gestiones ante Delegación y opte por no tener que hacerlas presencialmente, lo pueda hacer a través de Internet, como la declaración de la renta. Eso es lo que yo quiero, potenciar la administración electrónica como alternativa para facilitar las gestiones.

En materia de seguridad, tiene sendas reuniones esta semana con la Comunidad y con el Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro objetivo es mejorar la coordinación; optimizar todos los recursos que hay en la Comunidad de Madrid destinados a seguridad ciudadana -Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales- mediante la coordinación. Muchas veces no es tanto cuestión de poner más efectivos sino de saber coordinarlos. Es fundamental que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las policías locales vayan hacia un mismo objetivo de manera coordinada. Por otro lado, nos proponemos aumentar los efectivos policiales que hay en la calle.

¿Eso significa aumentar las plantillas policiales?
No, supone una redistribución de las plantillas para que haya un incremento policial en la calle, sobre todo como medida disuasoria del delito, porque yo sí quiero destacar que el grado de efectividad policial es muy alto. De hecho Madrid es la segunda gran capital más segura de Europa, sólo superada por Copenhage. Pero nosotros queremos que los ciudadanos que no se sientan seguros puedan tener esta sensación gracias a una mayor presencia policial en las calles.

Durante su toma de posesión dijo que sus decisiones iban a estar regidas por el "diálogo y la firmeza". ¿Cómo se combinan estos dos elementos?
Entiendo que son perfectamente compatibles. El diálogo es absolutamente fundamental. Hay que dialogar con todos los sectores implicados: con la ciudadanía, con asociaciones, con las propias instituciones, con todo tipo de representación social, sindicatos... y precisamente para intentar llegar a acuerdos y a situaciones en las cuales pongamos en valor más lo que nos une que lo que nos separa. En ese sentido, en mi agenda ya tengo reuniones programadas para el próximo mes con los responsables de seguridad y Protección Civil de la Comunidad de Madrid, con los sindicatos, con asociaciones vecinales, de víctimas, sindicatos policiales... Precisamente para conocer los problemas de primera mano y establecer hojas de ruta y puntos de acuerdo y, en caso de conflicto, intentar llegar a acuerdos dialogados. Pero eso no es incompatible con la aplicación de la ley. Y yo entiendo que mi función como delegada del Gobierno es eso: cumplir y hacer cumplir la ley.

Dentro de esa ronda de encuentros con asociaciones, colectivos y organizaciones ¿se incluirá el 15-M?
No tengo esa reunión cerrada, pero no tengo ningún problema en reunirme con ellos. Ellos no han pedido verme, pero yo ya he planteado que me gustaría tener algún contacto con ellos. No sé bien tampoco quiénes son los promotores del movimiento, porque tiene diversos promotores y hay quienes se adjudican la paternidad, pero yo desde luego estoy abierta a reunirme con el 15-M o con cualquier ciudadano que tenga algo que aportar. El 15-M no está excluido.

Ante acontecimientos como el 15-M, ¿qué va a primar a la hora de actuar?
Solamente puede primar la aplicación de la ley. No concibo que sea de otra manera. La ley está para ser cumplida por todos y las leyes son la garantía de nuestro estado de derecho. La aplicación de la ley tiene que estar siempre por encima de todo porque es lo que protege derechos fundamentales. El propio derecho de reunión o de manifestación -que son derechos constitucionalmente protegidos y que yo como delegada también me voy a encargar de velar por ellos- están precisamente protegidos por las leyes. Por eso yo incido en que las leyes están para cumplirlas, porque las leyes protegen los derechos de los ciudadanos y garantizan el orden público y la seguridad de todos.

Un primer ejemplo se ha dado este fin de semana en la Asamblea de Sol. Se presentó la Policía Nacional y comunicó a los asistentes que no podían volver a reunirse sin autorización. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Se va a cumplir esta advertencia y se va a multar a quienes estén allí?
Lo que la policía dijo no es que se solicitase un permiso -que no hace falta para ejercer el derecho de reunión, que viene regulado en la Constitución y desarrollado en una Ley Orgánica- sino que hay que comunicar la reunión porque, tal como dicen las leyes, todo aquello que sea reunión de más de 20 personas en un lugar de tránsito público puede provocar, incluso para ellos mismos, cierta alteración y ciertos problemas. Y precisamente para garantizar ese derecho de reunión y compatibilizarlo con el resto de derechos, lo que la ley dice es que hay que comunicarlo, exclusivamente. Yo no tengo que autorizar la celebración de una reunión porque el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente protegido que no necesita autorización previa, pero yo lo que les pido es que lo comuniquen, igual que hacen el resto de los ciuadadanos cuando se quieren manifestar o reunir en un espacio publico de tránsito. Me limito a pedir que cumplan lo que la ley establece.

Entiendo que esa comunicación no se ha producido todavía...
No, pero la ley establece un plazo de diez días y, en casos de urgencia, se puede notificar hasta con 24 horas de antelación. Confío en que lo comuniquen, como lo hace, vuelvo a insistir, cualquier ciudadano o cualquier grupo. A diario, y es algo que me ha sorprendido, se celebran entre 10 y 30 reuniones diarias en Madrid.

En caso de que no se produzca esa comunicación, ¿qué pasará el domingo?
Ya veremos. Yo no puedo anticipar qué va a ocurrir porque cada situación requiere una medida diferente y dependerá de en qué circunstancias se produzca.

¿Es usted partidaria de tener un 'manifestódromo', un recinto en el que se puedan dar todas esas concentraciones?
Como administración pública, sería muy cómodo. Y también para los miles de ciudadanos que cada día tienen que soportar un número alto de manifestaciones y concentraciones, con todas las molestias que eso conlleva. Pero también creo que quien se quiere manifestar quiere tener visibilidad y, lógicamente, la visibilidad se produce en el centro de la ciudad, y no en un manifestódromo que está a las afueras. Entiendo ambas posiciones y creo que hay que compaginar el derecho a manifestarse con el derecho del ciudadano a circular y a moverse con libertad. Hay que buscar un punto intermedio. Yo no me opondría a esa idea si tuviera un amplio respaldo social, pero yo personalmente no la promovería.

En la reunión con los joyeros se planteó el tema de la multireincidencia, ¿eso va a significar, en esta nueva etapa, un nuevo planteamiento por parte de las delegaciones del Gobierno de toda España para reunirse con el ministerio de Justicia para cambiar la ley?
Efectivamente, no es un problema que afecte sólo a Madrid y tampoco solo a los joyeros, sino a todo el comercio en general. Pero es verdad que, en el caso de los joyeros, quizás afecta de una manera más especial, porque los joyeros que son objeto de varios robos luego se encuentran con muchos problemas para que les aseguren su mercancía y eso conduce inevitablemente al cierre de comercios, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Pero esto es un problema que afecta en general a todo el comercio.

Entonces, ¿se van a abordar esas reformas?
La multireincidencia es un problema que crea cierta alarma social a la ciudadanía y cierta frustración profesional a los policías, que se juegan la vida para combatir el delito y que luego ven cómo el delincuente entra por una puerta y sale por otra. Es absolutamente imprescindible hacer cambios legislativos, tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para establecer la posibilidad de una prisión provisional en espera de juicio en determinadas circunstancias de delincuentes que sean multireincidentes. Pero para esto, obviamente, es necesaria una reforma legislativa que, por otra parte, yo confío en que se produzca pronto, porque tanto el propio director general de la Policía como el ministro de Interior y el Partido Popular se han mostrado muy dispuestos a hacerla.

Ha hablado de la frustración de los policías por esa multireincidencia, ¿esa situación genera tensiones con los jueces?
No creo que haya una mala relación entre policía y jueces. Cada uno cumple con su obligación. Los policías lo hacen con un alto grado de eficacia y los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Pero claro, si la ley no permite que se pueda ingresar en prisión a una persona que comete un delito porque no hay fuerza sobre las personas, pues el juez tampoco tiene mucho margen de maniobra. Por eso hay hacer reformas legislativas que permitan al juez tener instrumentos para aplicar la ley de una manera más eficaz y que eso no convierta el trabajo policial en algo estéril, que es lo que está ocurriendo en ocasiones. Pero insisto en que no creo que haya un enfrentamiento entre policías y jueces. Hay una buena cooperación y nosotros, desde la Delegación de Gobierno, también vamos a incrementar la buena coordinación con los órganos judiciales. En los próximos días tenemos una reunión con el presidente del TSJ, la presidenta de la Audiencia Provincial, el juez decano y el fiscal jefe de Madrid para ver de qué manera podemos mejorar la coordinación para, incluso, actuar con más celeridad en determinadas situaciones. Lo que queremos es mejorar la coordinación entre fuerzas policiales y órganos judiciales para tener una actuación más agil.

En esa reunión con los joyeros, ¿de qué medidas concretas se hablaron?
A raíz de la reunión se ha creado un grupo de trabajo que va a tratar de hacer un plan experimental para Madrid que se trasladará al resto de capitales de provincia si tiene éxito y en el que se va a tratar de tomar otro tipo de medidas que pasan no solo por un incremento de presencia policial, sino otra forma de abordar la vigilancia de estos locales y en la que va a haber que implicar también a las empresas de seguridad privada encargadas de la vigilancia.

Volviendo al tema de las protestas, ¿prevén una primavera 'caliente' como la del año pasado?
Espero que no, porque creo que eso no beneficia al ciudadano de Madrid. Obviamente, la situación que vivimos es de conflictividad -puesto que tenemos más de un 20 por ciento de paro y más de cinco millones de parados-. Está habiendo recortes y eso puede llevar a un aumento de la conflictividad que a mí me gustaría que no se diera. Pero si se da, habrá que conjugar el derecho constitucionalmente protegido a la reunión y a la libre expresión y manifestación con el derecho que también tiene el ciudadano a poder vivir en orden.

Ahora mismo no hay acampadas, pero se están produciendo constantes okupaciones de edificios ¿qué se va a hacer?
Las okupaciones se han producido siempre, aunque quizás ahora tengan más visibilidad mediática. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. No me cabe otra forma que aplicar la ley. Hay que proteger, lógicamente, el derecho que tiene cualquier persona a que su propiedad privada no se okupe, pero si eso se produce hay unos procedimientos legales y tiene que haber la intervención de un juez, que es quien tiene que tomar las decisiones. Desde la Delegación del Gobierno tenemos que encargarnos de que la ley se cumpla, pero nuestro margen de maniobra viene marcado por lo que dice la ley.

Hablar de Delegación es algo más que hablar de seguridad. La Delegación, por ejemplo, era quien convocaba la comisión de chabolismo, en la que estaban la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué se va a hacer con un asunto como el de la Cañada Real?
Nosotros, y así se lo dije a la presidenta y a la alcaldesa de Madrid el día de la toma de posesión, nos hemos ofrecido para mediar en todos aquellos asuntos en los que se vean implicadas varias administraciones, incluso en aquellas cuestiones en las que no tengamos una competencia directa, porque al fin y al cabo representamos al gobierno de la nación. En ese sentido, es verdad que la Delegación de Gobierno tiene muchísimas competencias que no se conocen pero que pueden servir para solucionar problemas concretos. Cuando empecemos a funcionar con fluidez, pienso visitar los problemas allí donde estén. Pienso dedicar al menos un día a la semana a ir a los lugares de conflicto donde se requiera una presencia activa para intentar impulsar la solución de un problema, sea Cañada Real o sea otro punto. Por poner otro ejemplo, tengo también previsto reunirme con las asociaciones de taxistas y con los vecinos por el problema de los taxis ilegales de la zona de Embajadores. Es decir, trascendiendo incluso las propias funciones de la Delegación, yo me ofrezco para mediar y buscar la solución de los problemas.

En la primera reunión entre Aguirre y Botella, el tema estrella ha sido la creación de un macrocasino, ¿qué tiene que decir la Delegación del Gobierno?
Bueno, cuando llegue el momento tendremos cosas que decir, pero de momento no nos pronunciamos porque es una idea que se ha trasladado empresarialmente y que, obviamente, como idea, sería muy bueno porque traería muchos puestos de trabajo, pero es un proyecto que todavía no se ha materializado.