El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha ordenado en la tarde de este miércoles la apertura de expedientes disciplinarios por falta grave a un subinspector y dos agentes al considerar que se extralimitaron en sus funciones. Los tres fueron identificados gracias a las grabaciones e imágenes difundidas tras el incidente en el que denunciaron ser agredidos una joven y un fotógrafo.
Velázquez ha adoptado esta decisión después de analizar el trabajo realizado desde el lunes por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que consistió en la
apertura de una Información Reservada, una diligencia previa a la apertura formal de expediente. Una inspectora jefa responsable del área disciplinaria reunió toda la información disponible y las
imágenes difundidas por Internet de la agresión que captó —y denunció— el fotógrafo
Daniel Nuevo.
Los policías expedientados son un subinspector y dos agentes. El primero fue identificado a partir de las imágenes y fotografías difundidas tras el incidente en el que fueron agredidos una joven y el propio Daniel Nuevo.
Según el régimen disciplinario de la Policía, la sanción a un agente por la comisión de una falta grave acarrea una
suspensión de empleo y sueldo que va de cinco días a tres meses. Además, el hecho de que la actuación de estos tres agentes sea considerada como "falta grave" significa que será la propia Dirección General de la Policía la que se encargue de la instrucción de los expedientes disciplinarios.
Críticas a este castigo
Tras conocer estas sanciones, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han criticado la decisión del director general de la Policía, ya que consideran que supone castigar a quienes cumplen órdenes "desastrosas" del Ministerio del Interior. Ambos sindicatos apoyaron recientemente la apertura de una investigación interna para dilucidar si algunos agentes golpearon sin motivo aparente a varios ciudadanos y periodistas, aunque también exigieron depurar responsabilidades políticas, lo que no ha ocurrido finalmente.
Por este motivo, el secretario general del SUP en Madrid, Felipe Brihuega, ha explicado que con esta medida "lo que hace el Ministerio del Interior es acallar la presión mediática y buscar la salida más fácil". Brihuega se ha preguntado "¿dónde están el ministro del Interior, Antonio Camacho, y la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión?" y "¿por qué no se les abre expediente a ellos, que son los responsables primeros y últimos de que se llegue a esta situación", en referencia al momento en el que los policías cargaron.
En su opinión "fue un error no detener a personas que insultaban y vejaban a los policías", mientras los agentes antidisturbios acumulaban un estrés y una presión "que no justifica las imágenes que se ven en algunos vídeos, condenables, pero que hay que tener en cuenta". En ese sentido, ha asegura que varios integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han expresado al SUP su deseo de abandonar esta unidad porque están "indignados, desmotivados y desilusionados".
Por su parte, el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha mostrado su consternación y ha anunciado que pedirá responsabilidades penales al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al actual, Antonio Camacho, y a la delegada del Gobierno en Madrid "por inacción y por incumplir la ley". Y ha añadido: "No pueden sancionar como les dé la gana para cubrir el expediente", ha concluido Perdiguero, que ha incidido en que la sanción de hoy "demuestra que la cadena se rompe por el eslabón más débil" y que "los políticos siempre se van de rositas y el que acata órdenes no"