Dependencia: ciudadanos indignados

La gestión de la dependencia en nuestra comunidad autónoma se ha caracterizado, durante la última legislatura, en un continuo incumplimiento de la ley, tanto en su aplicación como en su desarrollo, que ha tenido consecuencias directas para los ciudadanos dependientes de la Comunidad de Madrid.

Una mala gestión que, en la actualidad, sitúa a 14.081 personas, que tienen reconocido su derecho y que no reciben ninguna prestación o servicio, en los primeros lugares de la lista de ciudadanos indignados.

El Gobierno Regional ha mostrado siempre una cara maquillada de la realidad madrileña en relación con la dependencia;  aportando unos datos sobre su gestión descaradamente sesgados, que nada o poco tienen que ver con la situación real, y  forzados por la agenda política, como ha ocurrido durante la precampaña y la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo.

¿Y qué hemos hecho desde UGT-Madrid para defender los derechos de las personas dependientes de la Comunidad de Madrid?  Pues, dando respuesta a nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos dependientes, presentar iniciativas sensatas que no han sido escuchadas y denunciar  la improvisación, esta actitud perezosa y desganada que ha venido mostrando el Ejecutivo durante un amplio periodo de la legislatura para que la Ley de Dependencia sea una realidad y beneficie a miles de ciudadanos que necesitan, de manera inmediata, tales ayudas y servicios. Una posición de apoyo a las personas dependientes que se ha traducido en acciones que han logrado dar sus frutos.

Se inicia una nueva legislatura y se abre una nueva oportunidad para cambiar la posición del Gobierno Regional en relación con la Ley de Dependencia.
Un cambio que se tiene que traducir en una voluntad real de dar cobertura a las personas dependientes de la Comunidad de Madrid, sin retrasos, sin excusas.

Desde UGT vamos a insistir en la necesidad de que las ayudas otorgadas sean servicios profesionales y no las ayudas económicas, utilizadas con profusión por el Gobierno Regional, pero que deberían ser la excepción y no la regla. Hay que recordar que los servicios profesionales garantizan una aplicación eficiente de la Ley, aportando una atención especializada y unos recursos adecuados para las personas dependientes.

No debemos olvidar que la Ley abre la posibilidad de un elevado número de empleos seguros y de calidad, necesario sin duda, para incrementar el desarrollo económico y social de nuestro país y de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, esperamos que el nuevo Gobierno cambie su posición en relación con la Ley de Dependencia y no tengamos que considerar como perdidos los próximos cuatro años de legislatura, en una materia de especial sensibilidad social.

No podemos permitir que la mala gestión de la ley de dependencia siga perjudicando a los ciudadanos que necesitan de estas ayudas como ha ocurrido con el nuevo modelo de financiación de la dependencia sujeta a resultados y donde el Gobierno regional ha perdido 2,3 millones de euros por esa mala gestión.

Ana Sánchez de la Coba
Secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid