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La justicia anula los servicios mínimos impuestos por la Comunidad para la huelga general del 29-S

La justicia anula los servicios mínimos impuestos por la Comunidad para la huelga general del 29-S

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) ha estimado "parcialmente" el recurso contencioso administrativo presentado por los sindicatos CC OO y UGT en relación al Decreto de la Comunidad de Madrid que fijó los servicios mínimos de la huelga general del pasado 29 de septiembre, que ha quedado anulado "por vulnerar el derecho fundamental de huelga". Nada más conocer la decisión del TSJ, el sindicato CC OO ha instado a la Fiscalía a que actúe contra el gobierno regional "por prevaricación".
La resolución del TSJ madrileño se refiere, en concreto, a los servicios mínimos comunes, actividades judiciales, educativas, servicios sanitarios, prevención y extinción de incendios, transportes, actividades de carácter asistencial, albergues con ocupación comprometida y otros servicios esenciales.

En cambio, los magistrados afirman que hay servicios mínimos "ciertamente escasos" no incluidos en los "reproches" o sobre los que no se ha emitido "ningún pronunciamiento al no haberse efectuado alegación alguna concreta contra ellos". "Estos aspectos del Decreto no pueden ser anulados", aseguran.

"Por ello, entendemos que la estimación del recurso ha de ser sólo parcial, ya que en la demanda se solicita la íntegra anulación del Decreto impugnado, pretensión que, por lo expuesto, no puede ser estimada en su integridad", añaden. De ahí que entiendan que "resulta obligada la estimación sólo parcial del recurso".

En la sentencia, los magistrados consideran abusivo que el personal fijado para una huelga de un sólo día de duración fuese superior al que trabaja los días festivos o fines de semana. Es el caso, por ejemplo, de los servicios mínimos de Sanidad, sector en el que el TSJ recuerda que hay centros no hospitalarios que no abren este tipo de días "y sí estaban dentro de los mínimos de la huelga".

En otros casos, como en la administración de Justicia o en el capítulo educativo, el texto entiende que la decisión de la Comunidad a la hora de fijar los servicios mínimos "no está suficientemente motivada". Además, y en lo referido a los transportes, la sentencia hace mención también a esta falta de motivación y recuerda que esa misma jornada, en Cercanías Renfe, Fomento fijó unos servicios mínimos "sensiblemente inferiores, sobre todo en horas punta". Por último, la sentencia del TJSM añade que "no ha lugar" remitir información al ministerio fiscal, ya que no cabe deducir "ninguna responsabilidad penal" al respecto.

Una decisión con precedentes
Los sindicatos, sin embargo, no comparten este últimpo punto y han solicitado a la Fiscalía madrileña que presente una demanda por prevaricación contra el gobierno de Esperanza Aguirre. En concreto, ha sido el secretario general de este sindicato en Madrid, Javier López, quien ha instado al ministerio público a que actúe de oficio "y estudie la interposición de una demanda por prevaricación" ante las "actuaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre después de que éste, estando en uso de plenas competencias, haya actuado de manera reiterada contra el derecho de los trabajadores y contra las sentencias judiciales".

No obstante, López ha mostrado su "total satisfacción" por la decisión judicial, pero ha lamentado la actitud del gobierno regional, que "reiteradamente continúa imponiendo servicios mínimos abusivos pese a que existe ya una amplia jurisprudencia que los declare nulos y reconozca la vulneración del derecho a huelga de los trabajadores madrileños".

Las palabras de López se refieren, en concreto, a otras dos sentencias del TSJ en las que también se anulaban los servicios mínimos impuestos por el ejecutivo de Esperanza Aguirre. La última de esas resoluciones, dictada el pasado mes de mayo, hacía referencia a los servicios mínimos impuestos durante la huelga de los trabajadores de Metro de Madrid.

Asimismo, el sindicato ha hecho un llamamiento al Gobierno regional y le ha instado a que, ahora que no hay "conflictos abiertos", abra un "proceso de negociación que fije un modelo de servicios mínimos que compatibilice el derecho de huelga de los trabajadores con el derecho de la ciudadanía".
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