Dependencia: la propaganda no cambia la realidad

El Informe del Defensor del Pueblo referido a la Ley de Dependencia señala que Madrid y Valencia  continúan, una vez más, encabezando el número de quejas y reclamaciones de familias y dependientes. La mayor parte de estas quejas siguen afectando a estas Comunidades, 134 corresponden a la Comunidad de Madrid  y 88 quejas a la Comunidad Valenciana en 2010, en su mayoría, hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.

El sistema de atención a las personas dependientes, creado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tiene por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos que requieren ayuda para las actividades de la vida diaria o apoyo para su autonomía personal.. El Gobierno debe cofinanciar, a partes iguales con la comunidad autónoma, el gasto de los servicios o prestaciones.

Dada la complejidad del sistema, resulta muy difícil hacer una valoración económica de los costes. Sin embargo, como se pone de manifiesto en el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, de los estudios elaborados en 2010 se desprende la existencia de notables diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, no ya solo en el tiempo que tardan en reconocer las prestaciones, sino también en la proporción de servicios o prestaciones reconocidos y las aportaciones que por copago deben realizar los usuarios.

En nuestra Comunidad, y a pesar del maquillaje perverso de los datos, de la falta de transparencia y de la prisa que parece que les ha entrado para hacer las valoraciones, precisamente ahora, se sigue atendiendo solo al 2.10 por ciento de la población, mientras que Comunidades como la Rioja atiende al 4.59 por ciento, o como Andalucía que atiende al 4.93 por ciento.

Según han publicado algunos medios de comunicación a Madrid se le atribuía el 13 por ciento del total de los dependientes de España, sin embargo solo atiende al 7 por ciento de los beneficiarios reconocidos a nivel nacional. Los últimos datos del SAAD, ponen de manifiesto que aun sigue habiendo 20.942 personas dependientes con derecho reconocido y esperando con suma demora, recibir la ayuda que parece no llegar.

Cuando se trata de una prestación económica la discusión se centra en la fecha de efectos. Sin embargo, en aquellos casos en que se requiere el acceso a algún tipo de recurso que pueda ser imprescindible para la adecuada atención del dependiente, la demora tiene una trascendencia mayor por la imposibilidad de ofrecer al beneficiario un cuidado apropiado.

En este sentido, cuando resulta necesario acceder a una plaza de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más.

Según datos del diario Publico, al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, le indigno que el gobierno de Aguirre hiciera públicos sus datos económicos referidos al coste de la gestión de la ley de Dependencia en Madrid, para echarse flores, cuando el Imserso lleva años solicitándoselos.

La Directora General del Imserso también declaro que los criterios de reparto del dinero son los mismos para todas las Comunidades Autónomas, y dio a entender, que hay unas que son más eficientes que otras. “Nosotros hemos aportado en 2010 a la Comunidad de Madrid 157 millones de euros y estamos esperando que nos de los datos desglosados como hacen el resto de Comunidades”.

Parece por todo ello, normal en términos democráticos que se pida a la Administración Regional, información y transparencia en la gestión de la Ley de Dependencia y a su vez, insistir en la necesidad de la  creación de un Comité Consultivo compuesto por la Administración y la parte social donde se informe de forma rigurosa de la situación real y las necesidades que tienen las personas dependientes de nuestra Comunidad.

Y es entonces cuando las buenas palabras e intenciones se transforman en cerrazón y en eslóganes de propaganda que nada resuelven la situación de miles de personas dependientes, que siguen esperando ejercer los derechos que la ley les otorga y que les corresponde.  

Ana Sánchez de la Coba
Secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid