Dependencia: de mal en peor

No parece que el grave problema que sufre Madrid con la inaplicación de la Ley de Dependencia tenga visos de solucionarse. Primero, porque la crisis está resolviéndose por el lado de la aceptación del credo desregulador, lo que lleva a aceptar acríticamente toda propuesta alineada con la reducción del gasto social. Segundo, porque para resolver un problema es preciso caracterizarlo, y los intentos, hasta el momento, de las Administraciones competentes en la arena de la atención de los dependientes en la Comunidad de Madrid se han enfocado sencillamente a negar la situación, o a minusvalorar su importancia. Y tercero, en la agenda política de hoy resisten como prioritarias otras cuestiones, de forma que todo asunto que no coincida con los ítems de esa agenda setting (paro, recuperación económica, prima de riesgo, terrorismo) está definitivamente condenado a ser ignorado. Cualquiera que se muestre mínimamente interesado por el estado de la dependencia coincidirá con mis apreciaciones.

Pero el problema de la dependencia no es un problema de hoy, ni de hace tres años, cuando estalló la crisis financiera, sino de 2006, año en que se publica la Ley, una Ley, la de Dependencia, ideada para complementar el Estado de Bienestar en España, y por ello una de las más importantes de la democracia, después de que durante décadas, debido a la tradición impuesta de convertir a la familia en el centro neurálgico de la articulación de la sociedad, fueran precisamente, en cada caso, los padres, los hijos o los familiares los responsables últimos no cualificados de atender a las personas más vulnerables de la cadena social, los mayores y los dependientes.

Desde 2006, sin embargo, se vienen observando grandes dificultades en el desarrollo de la Ley en las distintas comunidades autónomas. En Madrid, aunque acoge al 13,66% de la población española, tan sólo han sido presentadas el 1,81% del total de las ayudas, razón que hace pensar acerca de si muchas de las solicitudes ni siquiera han sido contabilizadas.

El Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) acaba de hacer públicos los datos correspondientes a enero de 2011, que revelan que 27.774 dependientes, 7.000 más que en el mes anterior, no reciben ninguna clase de prestación o servicio, aún a pesar de tener reconocido el derecho a los mismos. Con estas cifras encima de la mesa, es de todo punto insuficiente el supuesto esfuerzo realizado por la Administración Autonómica para valorar al 94% de los solicitantes, como reconoce la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, pues, ¿de qué sirve que sean peritados si no reciben la prestación hasta cerca de 18 meses después, como tiene constancia UGT-Madrid? En otras palabras, sólo son atendidas 53.281 de las 81.585 personas con derecho ya valoradas, es decir, una de cada tres. En este contexto, el Servicio Regional de Bienestar Social ha sufrido una reducción global de 19 millones de euros, a los que hay que añadir otro decremento de 3,5 en atención a mayores.

Recientemente, he pedido a la Comunidad de Madrid, en nombre de mi sindicato, que aparque las declaraciones de autobombo y resuelva decididamente una situación que deja en la cuneta a miles de personas desvalidas.   Este auténtico déficit democrático que sufre la Comunidad de Madrid perpetúa al familiar cuidador, mayoritariamente mujeres, en un rol de cuidador informal, potenciando en este sector una cierta economía sumergida.
Es hora de que los políticos muestren su compromiso con la verdadera democracia, aquella que se compromete en erradicar las situaciones de desigualdad injusta y vela por las personas más indefensas. Es hora ya de que se abandonen los colores de uno u otro partido y se pongan en marcha todos los recursos necesarios para poner fin a este fracaso de la democracia. Está en juego la salud y el bienestar de miles de familias.

Ana Sánchez de la Coba es secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid.