Se archiva la denuncia del Partido Popular contra el gobierno de Pinto

La denuncia contra el actual alcalde, el socialista Juan José Martín, Reyes Maestre (Juntos por Pinto) y Carlos Penit (IU) estaba motivada por los delitos de cohecho, corrupción y trafico de influencias. Se basaba en la creencia de que los tres dirigentes unieron sus fuerzas para formar un nuevo equipo de gobierno con el que impulsar el proyecto llamado Espacio del Motor, que incluye un desarrollo urbanístico con 7.500 viviendas y un circuito de Fórmula 1.

La denuncia de Rabaneda, presentada en enero de 2009, pretendía poner de manifiesto una presunta 'trama urbanística' basada en intereses de esos partidos con varios empresarios que intercambiarían favores. Sin embargo, el auto del Juzgado de Parla establece que 'no ha resultado acreditada la comisión de delito alguno' en el caso de los imputados y que 'no se ha aportado prueba alguna que acredite que los imputados hayan recibido dinero, dádiva o cualquier otro favor por parte de ningún particular o de otro funcionario o autoridad' que pudieran haber 'influido en su actuar a la hora de apoyar o no la moción de censura que hizo perder la Alcaldía de Pinto a Miriam Rabaneda'.

Por ello, se declara también el archivo de las diligencias y el sobreseimiento provisional, dado que otorga a la fiscalía y al denunciante la posibilidad de que presenten recurso.

Los electores deben decidir si han actuado éticamente
La denuncia, según el juzgado, se centró en la creencia de que los concejales habrían recibido 'favores' por parte de los empresarios para aprobar e impulsar el proyecto urbanístico 'El Espacio del Motor', después de que el Partido Popular intentase vincular el apoyo que dio el concejal Reyes Maestre al proyecto con la compra de su antigua vivienda en Pinto por parte de un empresario vinculado al proyecto urbanístico.

El juzgado considera, por otro lado, que no hubo nada 'irregular' en el nombramiento de la pareja de Maestre, Aída Nunez, como consejera de administración de la empresa municipal de Servicios (ASERPINTO), causa que sumó el juzgado al proceso tras la ampliación de la denuncia que hizo el PP para investigar este hecho.

El auto apunta asimismo que no cabe al juzgado determinar si las actuaciones de los políticos son 'éticamente correctas', ya que esa visión corresponde 'a la propia conciencia de los servidores públicos y, en última instancia, en manos de los electores que padecen las consecuencias de dichos actos'.