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Jueces y justicieros

Jueces y justicieros

lunes 26 de abril de 2010, 00:00h
Empiezo esta columna con de Juana Chaos. No he escogido su nombre por nada especial, simplemente me ha parecido un personaje lo suficientemente repugnante para el propósito de este artículo, que no es otro que realizar una vindicación (término que la RAE acepta como “Defender, especialmente por escrito, a quien se halla injuriado, calumniado o injustamente notado”) del Estado de Derecho.

De Juana Chaos es un asesino múltiple, un torturador miserable que jamás ha mostrado el menor arrepentimiento por sus crímenes y que se pasea actualmente por Irlanda, mientras sus innumerables víctimas inocentes yacen bajo tierra. Es por tanto uno de esos sujetos que cuesta trabajo asociar a la misma raza humana a la que todos pertenecemos. Un individuo nauseabundo cuya no existencia habría honrado el mundo, pero que sin embargo ha tenido el enorme privilegio de haber nacido en un Estado de Derecho.

Si algo distingue un Estado de Derecho de las dictaduras que desgraciadamente existieron y aún existen en el mundo es, casi redundantemente, la calificación de cualquier ciudadano perteneciente al mismo como sujeto de derechos. Este logro de la democracia y de la humanidad permite que todos podamos vivir libremente, con la tranquilidad que nos otorga el que la fría y enorme maquinaria del Estado con todo su poder, no pueda violar arbitrariamente ninguno de nuestros derechos. Consecuentemente con esto, se organiza un “poder” separado, que es el de la Justicia, quien a través de los jueces tiene la noble y sagrada tarea de administrarla y de hacerlo -asunto esencial- conforme a la ley.

Volviendo a De Juana, nadie estará en desacuerdo en que sería JUSTO que se pudriera durante el resto su vida en la cárcel, y que no tuviera la posibilidad de hacer cosas que sus víctimas ya nunca podrán hacer, como conversar con otras personas, ver la televisión o leer un libro. De hecho a muchas personas les parecería JUSTO hacerlo sin ningún proceso, sino simplemente secuestrándolo en un helicóptero y arrojándole en el primer calabozo que encontran (vease el GAL). Sí, parecería justo, pero no sería LEGAL y curiosamente es el respeto a esta legalidad la que diferencia el Estado de Derecho de la Dictadura, y es este respeto, el que aporta una diferencia cualitativa a un país que lo hace frente a los que no lo hacen, tan gigantesca como la que diferencia a De Juana de cualquiera de nosotros.

El gran error del procesado juez Garzón ha sido sobrepasar la delgada línea que separa a un juez de un justiciero, que no es otra que la de creer que el fin justifica los medios, es decir que si juzgar los crímenes del franquismo es en esencia algo bueno, puedo utilizar los métodos que más me convengan sea o no sea competente para hacerlo, que si meter en la cárcel a unos individuos que han robado a manos llenas es en esencia bueno, puedo saltarme sus derechos constitucionales y grabarles hablando con sus abogados, que si impartir conferencias allende los mares es esencialmente bueno, no importa que las financien aquellos a los que tengo que juzgar…

Garzón, sin entrar en consideraciones subjetivas, como su supuesta megalomanía y ansia de notoriedad, cosa siempre discutible, es evidente que ha cedido a la tentación del justiciero, intentando hacer justicia al margen del incómodo, pero imprescindible, corsé legal y garantista, que por el hecho de aplicarse hasta a los más miserables delincuentes, garantiza nuestra inmunidad como ciudadanos ante la arbitrariedad y es por eso, no por juzgar los crímenes del franquismo, por lo que Garzón está procesado legalmente y legalmente será sentenciado.
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