El Ayuntamiento de Pinto tendrá que pagar 4 millones por no ejecutar un convenio

El convenio fijaba un plazo de cuatro años para que el empresario pudiese edificar a cambio de no construir la gasolinera -para la que se dio licencia de obra-, pero concluido el plazo, el Consistorio no ha podido hacer frente a lo pactado.

Ahora, el Consistorio deberá afrontar esta cantidad ante la imposibilidad de que, tras los cuatro años estipulados en el convenio, el empresario haya podido edificar, debido -según fuentes de la concejalía de Urbanismo- a que "la Comunidad de Madrid no ha aprobado todavía el Plan General de Ordenación Urbana".

La expropiación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 28 de octubre de 2004. El Ayuntamiento quería hacerse con los terrenos en los que estaba proyectada una gasolinera -lo que generó las protestas vecinales- para crear una zona deportiva.

El procedimiento de inicio del expediente y de la declaración de utilidad pública del terreno contó con el visto bueno de todos los grupos, excepto del PP, que se abstuvo a la hora de marcar el justiprecio, la cantidad que debía percibir el empresario por renunciar a su negocio.

Ahora, con la finalización del plazo fijado, el empresario advirtió con reclamar la ejecución del "pago de la cláusula", ante lo que Urbanismo negoció el pago aplazado del dinero a cuatro años.

Acusaciones del PP
Por su lado, el Partido Popular denunció que el empresario que percibirá el dinero "ha estado relacionado con AG-100, empresa de asesoramiento urbanístico del propio concejal de Urbanismo", Carlos Penit.

Según los populares, "la empresa urbanística que recibirá esta indemnización es la misma que la beneficiada, a través de un expediente de permuta, de un terreno para la construcción de una granja-escuela que actualmente se encuentra en suspenso al considerarse lesivo para el Ayuntamiento de Pinto".

El PP -que calificó de "escandaloso" el convenio- pidió la suspensión del acuerdo, debido al "quebranto económico" que, a su entender, supondrá para las arcas municipales.

Por su parte, Carlos Penit negó cualquier vinculación empresarial al beneficiario de los cuatro millones de euros. En este sentido, recordó que el abono de esta 'indemnización' es fruto de la imposibilidad del Gobierno de poder ejecutar el convenio ante la "inactividad" de la Comunidad.