La Comunidad de Madrid recurrirá en los tribunales la desestimación de dos reclamaciones regionales por parte del Gobierno central, que alcanzan un importe de 5.583 millones de euros. Están relacionadas con la no aplicación del principio de lealtad institucional contemplado en la Ley de Financiación Autonómica.
El vicepresidente, Ignacio González, anunció que el Gobierno regional ha dado orden a los servicios jurídicos para que presenten recurso por vía contencioso-administrativa dentro de los dos meses de plazo que concede la Ley de Jurisdicción Contenciosa.
Según González, tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica,
el Gobierno de Zapatero decidió conceder 500 millones de euros a Aragón por las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado, es decir, por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hubieran podido tener las bajadas de los impuestos cedidos.
Desde el Ejecutivo autonómico madrileño se entiende que
el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma rompe el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución Española, que establece que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas
no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Esta demanda procede de las
peticiones realizadas por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2009, donde defendió el
principio de equidad en estos casos. El Ejecutivo autonómico presentó dos reclamaciones al respecto. En la primera, con fecha de 27 de octubre de 2009, se solicitó una
compensación por un importe de 2.873 millones de euros por los menores ingresos recaudados por la Comunidad de Madrid desde el año 2002 como
consecuencia de la actividad legislativa del Estado en materia tributaria. En la segunda, interpuesta el pasado
14 de diciembre de 2009, se solicitó
una compensación de 2.710 millones por el incremento de obligaciones de gasto sufrido por la Administración madrileña, y que no estaban inicialmente previstas en el sistema de financiación.
Silencio administrativo
Cuando iba a vencer el plazo de tres meses de silencio administrativo, y la Comunidad anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo,
el Estado desestimó de manera expresa las dos reclamaciones, la de ingresos y la de gastos, mediante la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas de 25 de enero de 2010, notificada el 27 de enero.
La Comunidad sigue el mismo procedimiento utilizado por el Gobierno de Aragón, que formuló una reclamación de compensación al Estado por las mermas recaudatorias ocasionadas en la región como consecuencia de las decisiones legislativas adoptadas por el Gobierno central. Ante la desestimación de la reclamación efectuada,
el Gobierno de Aragón recurrió por vía contencioso-administrativa y obtuvo
una compensación previa al juicio de 500 millones en 2009.
Según González,
el Gobierno central adeuda 18.831 millones a la Comunidad por la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica, la falta de inversión en los últimos seis años, el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad, así como la minoración -como se ha indicado anteriormente- de los ingresos de la región por las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria desde 2002 y las nuevas obligaciones de gasto como consecuencia de las modificaciones normativas adoptadas por el Gobierno.
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