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Las viviendas se entregaron en 1999, pero al año ya surgieron los problemas

Los vecinos de las casas en ruinas de Rivas piden ayuda al alcalde

jueves 22 de marzo de 2007, 00:00h
Los propietarios de una de las cinco casas declaradas en ruina en la calle Guadalajara esperan desde enero una reunión con el alcalde para buscar una salida a su situación tras 7 años de juicios enfrentados a constructora, arquitecto e ingeniero por haber construido sus casas sobre escombros.
Los vecinos siguen pagando la hipoteca de estas casas en las que apenas vivieron un año, además de otra hipoteca de otra vivienda de la misma promotora que habitan desde el 2001, y los gastos originados por el proceso judicial.

Las cinco casas afectadas forman parte de una promoción de 30 chalets construidos por Ferrovial y promovidos por la cooperativa Covibar -ahora Covibarges- que se entregaron en 1999, pero empezaron a causar problemas "a los seis meses o el año de estar allí", dijo una de las vecinas.

Cuando aparecieron las primeras grietas y a romperse los cristales, la promotora lo achacó al asentamiento de la vivienda pero accedió a pilotarlas e inyectar hormigón en los cimientos.

Denuncian que la promotora les abandonó y les engaño, cediéndoles el abogado a cambio de que no la denunciaran y prometiéndoles hacerse cargo de los alquileres mientras estuviesen fuera de las viviendas, pagos que después les reclamó tras la primera sentencia.

Ésta obligaba a la reconstrucción de las casas y a pagar a los afectados diez millones de pesetas (sesenta mil euros) por propietario por daños morales, que fueron utilizados para el pago de la factura de nueve millones del abogado y los alquileres.

Es entonces cuando la cooperativa les ofrece ocupar las viviendas de otra promoción de Covibar II que otros cooperativistas habían rechazado, pero poniéndose al corriente de pagos y haciéndose cargo de la hipoteca.

La audiencia provincial resolvió más tarde a favor del recurso presentado por la empresa encargada del estudio geotécnico, el ingeniero y el arquitecto de la obra y se rebajó a la mitad la indemnización por daños morales.

Las casas no se han reconstruido y pesa sobre ellas una orden de derribo que no puede ejecutarse hasta que el Tribunal Supremo resuelva y, si confirma la anterior sentencia, obligará a los afectados a desembolsar otro cinco millones de pesetas (treinta mil euros). El caso lleva ya dos años en esta instancia judicial.

"Nuestra esperanza es que el ayuntamiento nos reciba y nos ayude, porque no podemos aguantar el proceso legal", manifestaron los vecinos, y "que hable con Covibar, arregle el terreno, nos dé otra vivienda o que hablen con el grupo técnico... que busquen algún tipo de solución, porque no podemos aguantar otros siete u ocho años".

El alcalde de Rivas, José Masa, se comprometió a que una vez que se haga efectivo el dictamen del Tribunal Supremo, "a hacer que los vecinos sean compensados al 100% por quien les generó el problema".
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