El caso Gürtel atraviesa al PP

El 6 de febrero estalló el caso judicial que agitó los cimientos del Partido Popular durante todo 2009. Por orden del juez Baltasar Garzón, que actuaba como instructor, la policía detenía a varios empresarios vinculados a la formación. Después vinieron los registros en ayuntamientos populares como el de Boadilla del Monte o Majadahonda, las dimisiones y la marea política.

Tras todo un rosario de acusaciones, rumores, filtraciones denunciadas por el PP y una tormenta que casi le cuesta el puesto al presidente valenciano, Francisco Camps, 17.000 folios -un tercio del sumario- dejaron de ser secretos el 10 de octubre.

Los abogados de los acusados se apresuraron a hacerse con ellos para preparar sus defensas y el PP, al igual que Esperanza Aguirre que quería saber de qué se acusaba a los miembros de su formación para obrar en consecuencia, pero el sumario se desbordó.

Las conversaciones y las investigaciones policiales colocaban presuntamente al ex consejero de Deportes de la Comunidad en la cúspide de la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa -detenido el primer día- en su 'sección madrileña'. Éstas agravaban además las supuestas dádivas al PP valenciano, se extendían hasta los populares gallegos y castellano leoneses afectando al mandato de José María Aznar.

El cesado Alberto López-Viejo, por quien Esperanza Aguirre aseguró sentirse engañada, era señalado por Correa como "el muñidor" de la operativa. Los investigadores, cotejando la contabilidad de las empresas del cabecilla, aseguraron que el político cobraba sobornos por trocear contratos de la Administración en piezas de menos de 12.000 euros para poder adjudicarlas a dedo sin concurso público. Los pagos se le hacían a través de la contabilidad en negro de Diseño Asimétrico, Easy Concept o Servimadrid y las adjudicaciones incluían varias consejerías, aunque la mayoría de los encargos pertenecían a las de Cultura, Turismo y Deportes. Viejo se encargaba además personalmente de los actos institucionales de la presidenta.

Que Correa era de verbo fácil lo mostraban conversaciones intervenidas como la que recogía que de "cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto"; o la que relataba que "él decía: ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros y facturáis 11.900 IVA incluido a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico...". Una de las colaboradoras de Correa aseguraba por teléfono de Benjamín Martín Vasco, diputado como López-Viejo de la Asamblea de Madrid: "De vez en cuando le dan algún dinerito, él era un corrupto como Paco (Correa) [...]. Se impuso y les exigió sus condiciones y que le dieran dinero". De Arturo González Panero, ex alcalde dimitido de Boadilla, la misma colaboradora aseguraba que Correa se jactaba de tenerle "pillado" con un vídeo en el que se repartían el dinero de una operación urbanística amañada. El intercambio de favores llegaba a Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda: "Le tengo yo bajo mi control", afirmaba Correa.

Rosario de dimisiones
En la que era sólo la tercer parte del sumario aparecían más cargos o personas relacionadas con el PP de Madrid que, además, recibían regalos,según la Policía. Algunos como Carlos Clemente Aguado (ex viceconsejero de Inmigración) ya no forman parte del Gobierno regional. Otros como Alfonso Bosch Tejedor y los propios López-Viejo y Martín Vasco han mantenido su escaño de diputado en la Asamblea de Madrid. Gracias a una reforma del reglamento se quedaron como diputados no adscritos, diputados rasos sin ningún privilegio, aunque siguen acudiendo a las sesiones y votando bajo la disciplina del PP. Esperanza Aguirre, tal y como adelantó en primicia Madridiario, les exigió sus actas, pero éstos se negaron a entregarlas.

González Panero tuvo que ser expulsado del PP de Boadilla al negarse a dejar su puesto retando al partido. José Galeote y Tomás Martín Morales sí dejaron sus puestos allí. Jesús Sepúlveda y Ginés López abandonaron las alcaldías de Pozuelo y Arganda del Rey respectivamente al comienzo del caso. En los papeles de la Policía también aparecían los ex concejales de Majadahonda Juan José Moreno y José Luis Peñas, así como la esposa de Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez -a la que 'colocó' como asesora en Majadahonda- , y José Javier Nombela, ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa a quien el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, hizo dimitir en febrero.

¿Cuántos contratos se firmaron?
Con PSOE e IU pidiendo explicaciones y dimisiones inmediatas, Esperanza Aguirre marcó la posición oficial de los suyos exigiendo "transparencia". La presidenta fue la primera en tomar decisiones, cosa que demoraron en el tiempo tanto Francisco Camps en Valencia -lo que casi le cuesta el puesto por desafiar las órdenes de Génova- como Mariano Rajoy con su tesorero nacional, un Jesús Bárcenas también presuntamente implicado y al que se obligó después dejar su puesto "transitoriamente".

En Madrid, la oposición exigió a Aguirre que asumiese su responsabilidad "inmediatamente", mucho más allá de dimisiones. "Es imposible que todo pasase delante de sus narices y usted no supiera nada", le repitieron hasta la saciedad el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el coordinador general de IU, Gregorio Gordo. Fue en octubre cuando la oposición cercó a Esperanza Aguirre y golpeó con dureza por primera vez en mucho tiempo en la Asamblea de Madrid. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) exigieron todos los contratos (al menos 371) que sus consejerías, en una "trama de corrupción masiva", realizaron con las empresas de la red de Francisco Correa. "Es usted la responsable de la trama", denunció la socialista Maru Menéndez. "Queremos una auditoría para todos los contratos menores adjudicados", declaró la portavoz de IU, Inés Sabanés. La presidenta de la Comunidad les respondió firme: "Jamás se contrató a sabiendas".