MDO/E.P. | Martes 02 de septiembre de 2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio este martes un plazo de 15 días a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que presentaron en su Juzgado denuncias, en las que solicitaban una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil, para que aporten "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación".
A través de una providencia hecha pública este martes el juez especifica que realiza esta petición "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto".
Garzón solicitó este lunes a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
El juez solicitaba en concreto a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionaran la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, la procedencia geográfica de los restos y las causas de enterramiento". Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
Pedía también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura- que informara sobre si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que ampliara la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio. En ésta le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936 y solicitaba información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica
En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara a todas las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero el archivo de las denuncias al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.
"Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal", argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
La Iglesia no conoce el requerimiento de Garzón
La Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró este martes que no puede explicar nada sobre el requerimiento del juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre la elaboración de listados y datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil porque éste "no se conoce" en la casa de la Iglesia.
"No podemos hablar de nada puesto que el requerimiento judicial no se conoce en la CEE", explicaron fuentes del Episcopado, que aseguraron que sólo conocen de la providencia judicial lo publicado en los medios de comunicación.
Baltasar Garzón ha instado a la CEE a que comunique a las parroquias de España (22.700 parroquias canónicamente erigidas sin contar ermitas y otros lugares de culto) que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Zapatero respeta la actuación de Garzón
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó este martes el "respeto" del Ejecutivo a la decisión del magistrado, al tiempo que recordó que la Ley de Memoria Histórica "establece la colaboración" de las Administraciones con las familias en la búsqueda de sus fallecidos.
En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, Zapatero indicó que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional "responde a una demanda a una iniciativa de ciudadanos, que tienen derecho".
Blanco: "derecho sagrado"
Asimismo, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró este martes "respetuoso" con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y defendió que el "derecho sagrado" de las personas a "conocer dónde están enterrados sus muertos" es algo que "no debe de molestar a nadie".
"Por eso no sé por qué hay algo de revuelta, de inquietud, ante una iniciativa que, más allá del respeto a la decisión judicial, entre otras cosas trata de facilitar que las personas conozcan donde están sus muertos", subrayó el responsable socialista, que insistió en que eso "no debe de enfadar ni molestar a nadie".
Pajín: "es algo de justicia"
Finalmente, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró este martes que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil es algo "lógico, normal y de justicia" ya que supone "honrar a los muertos" y "recordar a las familias".
Pajín considera, a este respecto, que "recuperar lo que pasó" no debe ser motivo de enfrentamientos entre la sociedad, aunque reconoció que "seguramente" la iniciativa de abrir una investigación de estas características traerá "una polémica social".