Los okupas alegan que después de años de abandono por parte de la empresa propietaria Arnáiz Consultores, la decisión de "una multitud de personas y colectivos sociales ha hecho posible que, entre sus paredes, se gestionara de manera participativa un centro social en el barrio y abierto a toda la ciudadanía".
Tras estudiar las solicitudes, el magistrado aceptó 57 autoinculpaciones y el dossier de actividades presentado por los okupas. El documento daba cuenta de las actividades llevadas a cabo en el centro social desde hace 11 meses. Conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias, juegos para pequeños, una oficina de derechos sociales, un jardín, un laboratorio fotográfico, un taller de bicis son algunas de las acciones que se desarrollaban en el espacio urbano para los vecinos del barrio de Malasaña.
Antes de tomar una decisión sobre el desalojo, el titular del Juzgado número 48 escuchará a los imputados, quienes reclaman que la okupación de edificios abandonados deje de ser un delito. Creen que la invasión de edificios debe ser entendida como "una expresión del conflicto político producido por la negación sistemática de derechos fundamentales y vías para la participación activa de la ciudadanía".