Según el secretario confederal de Acción Sindical de USO, José Vía, "este fraude -la presunta infracotización- deja desprotegida a la plantilla, pues en caso de que la compañía no fuese sancionada los trabajadores se verán seriamente perjudicados en su derecho al desempleo y a la jubilación". "Hay que tener en cuenta que el salario base de algunos trabajadores era de 500 euros y en complementos cobraban el doble", agregó Vía.
El secretario general remarcó además que la Inspección de Trabajo confirma en su escrito que quien tiene competencias en este asunto es el Ministerio de Trabajo. Vías sostuvo que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, "intentó deshacerse del problema argumentando falta de competencia" y "sin embargo, la Inspección de Trabajo califica a la empresa 'de ámbito suprautonómico', algo lógico, ya que operaba en distintas comunidades autónomas, y, es el Ministerio de Trabajo el que tiene que tomar cartas en el asunto".