MDO/E.P. | Miércoles 11 de junio de 2008
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido incoar diligencias de investigación contra los jueces Carllos Nogales y Adolfo Carretero. El presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Javier María Casas, mantuvo este miércoles una reunión con otros dos magistrados para dilucidar el grado de implicación de sendos magistrados. Según las investigaciones, Nogales coaccionó a una testigo protegido. Las diligencias penales suponen un paso previo a la apertura de un procedimiento judicial.
El TSJM recibió hace unos días la parte del sumario que concierne a Nogales, hasta hace unos días interino del Juzgado número 3 de Coslada, y a Adolfo Carretero, juez decano de Fuenlabrada y antiguo juez de Coslada, a fin de depurar posibles responsabilidades penales. Ambos nombres aparecen en repetidas ocasiones en los pinchazos telefónicos interceptados al supuesto cerebro de la trama corrupta.
Asimismo, la Sala Civil y Penal acordó nombrar al juez José Manuel Suárez Robledano como instructor de las diligencias. Ahora, el magistrado practicará las actuaciones que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos. El juez encargado del caso solicitará las pruebas pertinentes y llamará a declarar previsiblemente a los magistrados para que explique los hechos por los que se les acusa.
De este modo, decidirá si continúa la investigación penal o si manda el procedimiento al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ante una posible sanción disciplinaria. El caso de Nogales y Carretero llegó al Tribunal Superior de Justicia de la región al ser competente para investigar a los jueces y magistrados que trabajan en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Coslada se verá este jueves en los Juzgados del municipio con los responsables del Partido Popular en la localidad por las calumnias e injurias graves lanzadas contra la Corporación municipal debido su actuación en la supuesta trama de corrupción policial.
La representación jurídica del Gobierno local presentó a mediados de mayo una demanda de conciliación ante el Decanato de los Juzgados de Coslada contra el PP por las supuestas calumnias. El abogado Francisco Rubiales, que representa a la acusación particular en nombre del Consistorio, explicó que el acto de conciliación es el paso previo a la interposición de una querella criminal contra los populares en el supuesto de que no haya una rectificación de sus difamaciones.
Desde el equipo de Gobierno, que conforman PSOE, IU y PIC (Plataforma de Izquierdas), se decidió emprender medidas judiciales después de que apareciesen varios carteles por la ciudad, con el emblema del PP, en el que se pregunta por ejemplo si el alcalde Ángel Viveros evitó el desarrollo de la 'Operación Bloque', o si impidió la destitución de un policía local acusado de pederastia por ser militante del PSOE.