En un comunicado conjunto, los cuatro grupos ecologistas anuncian su intención de promover un cambio legislativo para que no se impongan fianzas o cauciones en acciones de asociaciones de utilidad pública "contra la mala gestión de las administraciones".
Consideran a este respecto que la paralización de las obras de la 'carretera de los pantanos' tiene como objetivo evitar un grave perjuicio para el medio ambiente y, en consecuencia, "no puede considerarse a la Comunidad de Madrid como perjudicada por cumplir con su obligación de paralizar unas obras demostradamente dañinas para la naturaleza". Instan, además, al Gobierno de Esperanza Aguirre a hacer efectiva la paralización de estas obras en virtud de la sentencia del TSJM.