MDO/E.P. | Lunes 02 de junio de 2008
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencia presentado por la Comunidad de Madrid contra la Renta Básica de Emancipación, la medida por la que el Gobierno otorga una ayuda de 210 euros para fomentar el alquiler de vivienda entre los jóvenes, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Constitucional ya había admitido a trámite el pasado abril dos conflictos similares planteadas por otras dos comunidades autónomas gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y La Rioja.
La Renta Básica de Emancipación fue aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto el 2 de noviembre de 2007 pero estas comunidades alegaron que el paquete de medidas de ayudas para los jóvenes suponía una invasión de sus competencias en materia de vivienda.
Antes de presentar el conflicto de competencia al Constitucional, las tres comunidades habían planteado recursos de incompetencia al Gobierno central, que rechazó sus argumentos el pasado mes de enero basándose precisamente en la doctrina del Tribunal Constitucional.
En concreto, el Gobierno aludió a la sentencia del Alto Tribunal 186/1988 que señala que "la ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas".
Así, en tres acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo afirmó que el TC legitima la intervención estatal en el sector de la vivienda cuando declara que "el sector de la vivienda y, más concretamente, dentro del mismo, la actividad promocional, pueden enmarcarse dentro de las facultades de dirección general de la economía que al Estado atañen".
No obstante, todas las comunidades autónomas han empezado a tramitar las ayudas, que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Hasta el 30 de mayo, la Comunidad de Madrid había recibido 31.707 solicitudes, de las que se han resuelto 2.887 y, de ellas, 1.834 de forma positiva. De los 1.834 jóvenes cuyas solicitudes han sido aceptadas, 327 han recibido el pago de las ayudas, según datos publicados el pasado viernes por el Ministerio de Vivienda.
Agilizar los plazos
La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, valoró este lunes "muy positivamente" la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de incompetencia promovido el pasado mes de abril por el Gobierno regional.
La Comunidad interpuso el conflicto de competencia para "defender sus competencias exclusivas en materia de vivienda", señaló la consejera. Asimismo, Mariño explicó que el objetivo de este recurso es agilizar y reducir los plazos de tramitación de la ayuda del alquiler que, en la actualidad, exige la participación de ambas administraciones.
Madrid defiende que debe ser la comunidad autónoma, administración con competencias exclusivas en materia de política de vivienda, quien proceda no sólo a la tramitación de las solicitudes, sino también al pago de los 210 euros mensuales de la ayuda, que es financiado por el Ministerio de Vivienda. "Ahora, el Tribunal Constitucional admite a trámite esta reclamación, y atribuye a su Sala Segunda la resolución del conflicto", celebró el Gobierno regional.
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