El 'caso Funeraria' se cierra con la única condena de Huete por prevaricación

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este lunes al ex concejal popular Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito prevaricación por su implicación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992 a manos de Funespaña.

Los ex concejales Simón Viñals y Antonio Moreno han sido absueltos de los delitos de maquinaciones, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La Sala también ha exonerado a Ignacio Rodrigo y a los hermanos Juan Antonio y Angel Valdivia de varios delitos, entre ellos contra la Hacienda Pública por haber prescrito.

El procedimiento judicial se remonta al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la empresa Funespaña.

La sentencia subraya que Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluye que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.

El interventor informó en contra
La Fiscalía de Madrid solicitaba para los ex ediles cuatro años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Rodrigo y los Valdivia se enfrentaban a una pena de 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos. El Ministerio público acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña.

El único condenado Luis Martía Huete, que era Teniente de Alcalde cuando se produjo la venta de la funeraria, tendrá que pagar además una setenta y dosava parte de los costes del juicio. Tanto su abogado como los de la acusación particular realizada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista han anunciado que presentarán un ecurso de casación en los cinco días que para ello ha dado la Sala.

Huete afirmó afrontar la condena con paz y alegría y aseguró que recurrirá al Tribunal Supremo. Explicó que la razón de sus penas estriban en que era el portavoz del grupo y la persona que figuraba como responsable del acuerdo. Sin embargo, reiteró su inocencia y dijo que en la siguiente instancia triunfarán.

Viñals salió de la sala haciendo el símbolo de la victoria. "Después de 16 años de calumnias y acusaciones, de salir en los periódicos como si fuera de la ETA, hoy mis hijos y nietos pueden decir que yo no he cometido ningún crimen", aseguró.  Lamentó que hayan impuesto "una pena ridícula" a una "persona honesta" como es Huete y supuso que recurrirá esta sentencia el condenado.

Hubo delito
Mariano Benítez de Lugo, abogado del grupo municipal socialista, valoró que la sentencia no es como deseaban y que debería haber sido "más completa". Indicó que la sentencia indica la corrupción municipal en la época de Álvarez del Manzano, ya que, según aseguró, "el delito ha quedado demostrado aunque haya prescrito", para lo que utilizó una cita que dice que "la prescripción es el último refugio del canalla". Por último, aseguró que los ejes fundamentales de la acusación han salido victoriosos, a pesar de que se recurrirá.

Por último, Moreno estimó la sentencia como positiva y se mostró satisfecho de la sentencia. Dijo que es totalmente inocente y que el proceso le ha "destrozado política y personalmente", aunque dijo que ya puede descansar.