Andrés G.L., que ejerce funciones como la administración del dinero de los internos, el depósito de sus objetos personales, cursar sus peticiones a la dirección de la prisión o derivarlos al psicólogo o al asistente social, se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección 23 de la Audiencia madrileña como presunto autor de un delito de abuso de su posición de funcionario público.
El escrito de conclusiones provisionales del representante de la Fiscalía considera probado que el 17 de marzo de 2004 el inculpado llamó por la megafonía interna de la prisión a H.R.A. para que acudiera a su despacho, donde le propuso que realizaran actos de tipo sexual, propuesta que el preso declinó.
Posteriormente, también en los primeros meses de 2004, el imputado utilizó el mismo procedimiento para que S.C.G. acudiera a su lugar de trabajo, donde permitió que el interno llamara por su teléfono móvil (requisado al entrar en la prisión) con el objetivo de que dejara realizarle tocamientos, como hizo.
Finalmente, en los meses de abril y mayo de 2004 el procesado llamó a C.J.A.S. para proponerle lo mismo que a los otros dos presos a cambio de poder realizar llamadas desde su teléfono móvil. Por cada uno de estos tres delitos el fiscal reclama tres años de prisión, a los que se suma una petición de ocho años de inhabilitación absoluta.