El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en el contrato de los chirimbolos

Según publica este martes el diario El País, el Tribunal de Cuentas, máxima institución de vigilancia de la contratación pública, ha encontrado indicios de irregularidades en el contrato de concesión de los chirimbolos, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Por ello, el tribunal ha solicitado a su órgano de gobierno que nombre un instructor para que investigue los hechos. Esta decisión responde a la denuncia que presentó el pasado 15 de febrero el grupo municipal socialista.  En un auto fechado el pasado 24 de abril, el Tribunal de Cuentas y el ministerio fiscal afirman que "de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones se desprende que los hechos que han dado lugar a las mismas pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance".

Según el periódico, este término jurídico, "responsabilidad contable por alcance", indica que podría faltar dinero. En concreto, se trataría de 73 millones de euros que habría empleado el Ayuntamiento de Madrid para elegir a la empresa adjudicataria. El contrato para explotar la publicidad se concedió el 20 de diciembre de 2006 a Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros, frente a los 233 millones de su principal competidora, la firma Viacom Outdoor. La diferencia entre ambas ofertas es la cifra que faltaría, los 73 millones.

La responsabilidad contable por alcance está prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: "El que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

Alk parecer, si se demuestra que hubo un alcance contable, los firmantes del documento de adjudicación del contrato serían los responsables de devolver el dinero. Es decir, los técnicos de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Obras Públicas, que dirigía Paz González y que tras las elecciones se ha dividido en dos. Entre ellos, el ex jefe de Mobiliario Urbano Juan José Fernández-Villa Medina, cuyo hijo trabajó en la empresa adjudicataria. Además, el Tribunal puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato si considera que se ha vulnerado la ley.