La batalla del IVIMA

Ocupaciones ilegales de inmuebles, subarrendamientos o impagos son algunos de los problemas con los que se encuentra el Instituto de Vivienda de Madrid en la gestión de los 23.000 pisos de su propiedad. Para evitar estas situaciones, la Comunidad cuenta con un Servicio de Inspección de Viviendas, que acaba de incrementar su plantilla para reforzar la lucha contra el fraude en la vivienda pública.

Muchas de las actuaciones de realojamiento o remodelación que lleva a cabo el IVIMA en los diferentes municipios de la región se ven retrasadas incluso años debido a las ocupaciones ilegales de los inmuebles de su propiedad. Por este motivo, la Comunidad decidió incrementar las labores de control y vigilancia de su patrimonio inmobiliario a través de la creación del Servicio de Inspección de Viviendas.

Su objetivo es detectar situaciones de fraude en el parque público de viviendas para que un mayor número de población pueda acceder a un piso protegido, y en mejor estado. Sólo durante 2007 se confirmaron 158 de los 218 expedientes abiertos por ocupaciones ilegales de pisos del IVIMA, y 87 de ellos acabaron en desalojos forzosos de sus habitantes.

Además, el año pasado el IVIMA realizó 15.066 visitas a sus inmuebles, con el objetivo de informar a los inquilinos de sus derechos y obligaciones, y detectar posibles situaciones irregulares, ya sean de conflictividad vecinal, de ocupaciones ilegales o de obras no autorizadas.

Ahora, ante el elevado número de expendientes abiertos por el IVIMA, la Comunidad ha decidido multiplicar por diez el personal del Servicio de Inspección de Viviendas hasta superar el centenar de efectivos que combatan el fraude. Para ello, parte de los empleados que hasta ahora se dedicaban a la conservación de inmuebles han pasado a reforzar la plantilla de este servicio, gracias a la venta de pisos del IVIMA a sus inquilinos, que el año pasado ascendió a 10.000.

Hay que tener en cuenta el gran patrimonio que gestiona la Comunidad, con 23.000 viviendas en régimen de arrendamiento, 22.000 plazas de garaje y 2.000 locales comerciales. De hecho, el IVIMA es el mayor promotor de vivienda pública en España, con más de 15.000 viviendas protegidas en diferentes fases de proyecto y obra.

Modus Operandi
El Servicio de Inspección se encuentra con situaciones que van desde conflictos vecinales, como los provocados por ruidos u otros más complicados como los de amenazas o violencia, hasta casos de impago, de ocupación ilegal o falta de ocupación -las viviendas protegidas de la Comunidad deben estar destinadas a domicilio habitual del titular-.

Cuando se detecta una irregularidad, el IVIMA procede a su estudio en el seno de diversos tipos de comités y a la comprobación de los hechos. El resultado puede ser la remisión de requirimientos para que se ponga solución al motivo que causó el expediente o la apertura de procesos judiciales por impagos, ocupaciones ilegales o amenazas, entre otros motivos.

Los expedientes no siempre acaban en una orden de desalojo, pero cuando sucede se lleva a cabo con la presencia de los cuerpos de seguridad y la asistencia de los servicios sociales, en el caso de que en la vivienda puedan encontrarse personas necesitadas de atención especial. Ahora, una vez desocupada la casa, es posible proceder a su adjudicación siguiendo el procedimiento legalmente establecido, y así facilitar a una familia el acceso a una vivienda protegida.